Ley de Inclusión Escolar y calidad de la educación

Un tema no menor al que se enfrentan muchos padres y madres con hijos en etapa escolar es decidirse por el colegio al cual ingresarán sus hijos, privilegiando en muchos casos establecimientos educacionales de excelencia y con cupos limitados. En este marco es que la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, publicada el 6 de junio del año 2015 y en vigencia desde el 1 de marzo del año 2016, tiene entre sus principales objetivos regular la admisión de los y las estudiantes, eliminar el financiamiento compartido y terminar con el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, modificada posteriormente por la Ley 20.993, que ha incorporado cambios sustantivos en la regulación de los establecimientos particulares subvencionados.

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En este orden de cosas, se establecen requisitos copulativos a los sostenedores de establecimientos educacionales para poder optar a la subvención, regulando la forma en que deben organizarse y la forma en que adquieren y utilizan los inmuebles en los cuales operan dichos establecimientos.

Por otro lado, busca evitar el traspaso de recursos provenientes de la subvención, considerando para estos efectos al sostenedor como cooperador del Estado en la provisión del servicio educacional y cuyo objeto exclusivo no deber ser otro que el desarrollo del proyecto educativo. No menos importante es el cumplimiento del plazo fatal, que ocurrirá este 31 de diciembre, respecto de la posibilidad de los sostenedores de establecimientos educacionales de optar por traspasar la calidad de sostenedor, ya que de lo contrario no podrán continuar percibiendo la subvención estatal.

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Si bien es un gran avance en materia de educación, esta nueva legislación queda un poco al debe con aquellos temas relativos a regular la calidad de la educación que deberá impartir cada uno de estos establecimientos educacionales, la calificación de los profesionales que formarán parte del plantel educacional, entre otros aspectos relevantes que permitirían un fortalecimiento real de la educación pública, que entregue herramientas de calidad a nuestros niños para que en el futuro se conviertan en adultos capacitados no sólo para competir en igualdad de oportunidades, sino que también contribuir al desarrollo de nuestra sociedad.

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Karla López - Asociada Grupo Financiero Palma Abogados