Los proyectos de la primera administración Piñera que Hacienda busca reactivar

Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de la cartera, Felipe Larraín, anunció los 8 proyectos que contiene su primera agenda legislativa.

Cuatro son iniciativas que provienen de la administración anterior pero que según explicó la autoridad, gozan de un consenso transversal: modificaciones a la legislación bancaria; fortalecimientos de los servicios Nacional de Aduanas y de Tesorería; y el resguardo de los datos personales y crea una Agencia ad hoc.

Otros cinco son articulados que han "dormido" en el Congreso durante los últimos cuatro años y que fueron enviados en su oportunidad por el Gobierno de Piñera: información de obligaciones de carácter financiero; supervisión basada en riesgo para las aseguradoras; perfeccionamientos a los gobiernos corporativos de las empresas del Estado; regular la bolsas de productos agropecuarios; y firma electrónica.

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Por ahora, la instrucción en Teatinos 120 es estudiar la última legislación creada para saber si contempla alguna medida incorporada en estas iniciativas a reactivar, y en base a ello definir cuáles siguen siendo atingentes a la situación actual, o qué los cambios que se deberían realizar a artículos específicos.

Establecer una nueva supervisión para las compañías de seguros 

El proyecto que establece una supervisión basada en riesgo para las compañías de seguro entró al Congreso en septiembre de 2011 y fue visto por los parlamentarios hasta diciembre de 2013.

En esos dos años, el texto fue aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2012, y fue detenido en la Comisión de Hacienda del Senado.

En el mensaje se sostenía que este proyecto era "la mayor reforma a la industria de seguros en los últimos 30 años", ya que pretendía una supervisión basada en principios (riesgo de mercado, de crédito, de liquidez) otorgando mayor libertad a los directorios para administrar su portafolio de inversiones pero con mayor responsabilidad.

El articulado incorporaba nuevos requerimientos de capital, un sistema de evaluación de la solvencia de las aseguradoras y un nuevo régimen de inversiones.

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Además se le otorgaban mayores facultades a la Superintendencia de Seguros y Valores (SVS), lo que posiblemente deberá cambiar debido a la nueva normativa aprobada en el gobierno anterior que creó un sistema consolidado de supervisión bajo el alero del Comisión de Mercado Financiero.

Crear un sistema con información positiva y negativa de los deudores

El proyecto que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio fue enviado por el Ejecutivo el 30 de agosto de 2011 y durante los cuatro años que estuvo en tramitación no logró pasar el primer filtro de la Cámara de Diputados.

Constantemente calificado con urgencia fue visto por tres comisiones: Economía (durante 1 año), Constitución (por 6 meses) y Hacienda. En esta última durmió desde junio de 2014.

El texto buscaba aumentar la cantidad y calidad de información comercial disponible en el mercado para lo cual se creaba un recopilador central llamado Sistema de Obligaciones Económicas, SOE. Esta entidad recopilaría, consolidaría, informaría a las instituciones oferentes de crédito sobre el capital reputacional de los deudores para permitir un acceso preferente.

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En este articulado hay varios conceptos que colindan con el proyecto de protección de datos personales que se revisa en el Senado, por lo cual es susceptible de sufrir algunas indicaciones para insistir en su tratamiento.

Ampliar a nuevos sectores la Bolsa de Productos Agropecuarios 

El único al que el Ejecutivo ya calificó con urgencia simple la primera semana de asumir la Presidencia fue el proyecto que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios.

La iniciativa que ingresó el 8 de enero de 2014 -a dos meses de que Piñera abandonara La Moneda- fue aprobada en general por el Senado, y estaba en etapa de presentación de indicaciones -llegaron dos-, la cual se cumplió, y nunca más se activó. En esa ocasión el articulado fue analizado sólo por la Comisión de Hacienda, y no por la de Agricultura.

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El objetivo de la iniciativa era ampliar la transacción de productos y facturas a otros sectores productivos e industriales, incorporando nuevos instrumentos transables para proveer más alternativas de financiamiento, con miras en la pequeña y mediana empresa.

Se mencionaba incorporar a productos e instrumentos provenientes de sectores tradicionalmente poco líquidos, tales como la minería, la energía, la construcción y la industria, para reducir los costos de transacción.

Modificar los gobiernos corporativos de las empresas públicas

El proyecto que introduce perfeccionamientos a los gobiernos corporativos de las empresas del Estado nunca fue tramitado. Sólo se envió en septiembre de 2013 a la Cámara de Diputados y quedó depositado en la Comisión de Hacienda sin siquiera ser abordado.

La idea de la iniciativa era generar una institucionalidad para "radicar la función de seguimiento y control de la gestión de las firmas estatales en un organismo profesional y especializado", que evalúe los directorios y la administración de cada una.

Con este fin proponía transformar el actual Sistema de Empresas Públicas de CORFO en el Consejo Superior de Empresas Públicas integrado por nueve consejeros: cinco designados por el Presidente de la República; y cuatro a partir de una terna propuesta por la Alta Dirección Pública al mandatario para luego ser ratificado por el Senado. También se añadía que el Director de Presupuestos participaría de las sesiones de esta Consejo con tal de resguardar el uso de recursos fiscales. Además se refería a los requerimientos para nombrar a los directorios y a los gerentes generales de cada empresa.

Dar mayor certeza jurídica a los documentos con firma electrónica

Otro proyecto que Larraín mencionó es aquel que modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma que ingresó en junio de 2012.

En noviembre de 2013 fue aprobado en general y particular por el Senado como cámara de origen, y fue enviado a los diputados para su revisión. En este peldaño fue analizado primero por la Comisión de Economía y luego por Hacienda, que es donde ha permanecido desde marzo de 2014.

La iniciativa era sucinta pues constaba de 3 artículos permanentes y 3 transitorios que buscaban ampliar la utilización de esta firma digital otorgándole certeza jurídica.

Para ello también modificaba la ley N° 18.092 para permitir el uso del documento electrónico para operaciones como extensión, aceptación, endoso, aval y protesto de letras de cambio y pagarés; y se dotaba de mérito ejecutivo a "tales documentos, siempre que el impuesto de timbres y estampillas respectivo, sea pagado dentro de los cincos primeros días hábiles a contar de su emisión", señala textual la iniciativa.