Salud y municipios concentran 86% de los reclamos por atraso en el pago a proveedores

El 86% de los reclamos de proveedores ingresados a la plataforma de compras públicas por no pagar oportunamente estuvo dirigido al sector salud y a los municipios, según informó ChileCompra. Coincidencia o no, en octubre, el Gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto de ley "pronto pago" que apunta precisamente a establecer condiciones preferenciales a estos dos sectores. (Ver recuadro)

La entidad gubernamental reveló que 27.111 reclamos se han ingresado en total al sistema de compras públicas entre enero y octubre de este año, equivalente a US$103 millones.

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Esta cifra, además, corresponde al 1,2% de todas las órdenes de compra enviadas en el mismo período a través de la plataforma de mercado público.

En contraste, el año pasado ingresaron 22.226 reclamos por no pago oportuno, por un monto de USD$ 68 millones.

La directora de ChileCompra, Trinidad Inostroza, estima que estas mayores cifras se deben a que se están transparentando los reclamos, lo que atribuye al apoyo que está haciendo constantemente la entidad para que los proveedores ocupen el portal web. "Creemos que de alguna forma los proveedores están utilizando esta herramienta para dejar reclamos electrónicos de manera de visibilizar el cumplimiento de los organismos públicos", sostiene.

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Del total del número de reclamos a la fecha, el sector salud es responsable del 45%, seguido por los municipios con un 41%, Fuerzas Armadas con un 7% y el Gobierno Central también con un 7%. (ver tabla).

Asimismo, el sector salud ocupa el primer lugar en cuanto a la cantidad de montos asociados a los reclamos con un 50% del total, equivalente a US$ 52 millones.

Las municipalidades, en tanto, concentraron el 24% de los montos reclamados correspondiente a US$25 millones.

Tanto el Gobierno Central como las Fuerzas Armadas tuvieron un 12% de los montos ligados a los reclamos con US$ 13 millones cada uno.

Los organismos que tienen más reclamos por pago en 2017 son el Ejército de Chile con 1.398 y el Hospital San José con 589. Sin embargo, si el total de reclamos se divide por la cantidad de órdenes de compra enviadas por cada entidad, el Hospital San José lidera la tasa de reclamo con un 17%, mientras que el Ejercito de Chile tiene sólo un 3%. ChileCompra también precisó que el 80% de los reclamos ingresados al sistema público por no pago oportuno provino de micro, pequeñas y medianas empresas (pymes). Mientras, el 82% de los montos involucrados en reclamos por pago corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas.

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La directora de ChileCompra asegura que están trabajando en diversas acciones. En este punto revela que se han reunido con la Contraloría General de la República de manera de fortalecer la fiscalización de los organismos públicos en sus pagos. "Hemos enviado más de 33 oficios a las contralorías regionales en donde hemos dado 177 instituciones que registraron mayor reclamo por pago. Ya tenemos algunos casos en que incluso la Contraloría ha pedido informes y los va a considerar para futuras fiscalizaciones. También en algunos casos se han ordenado sumarios administrativos a los funcionarios que no han cumplido", enfatiza.

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Dentro de este grupo de instituciones, Inostroza confirma que sigue siendo salud y los municipios los más presente.

La autoridad agrega que los funcionarios públicos "no pueden argumentar que no tienen los recursos, porque si no los tuviera el organismo no podría licitar". Afirma que en muchas ocasiones se han visto que el retraso de los pagos se debe a "burocracia o desidia". Asimismo, Inostroza señala que están promoviendo las compras coordinadas dentro de los modelos de contratación pública. Llevan cuatro experiencias en el Ministerio de Hacienda y Salud. "Un muy buen ejemplo es el sector salud en que una compra coordinada generó un ahorro de un 24%", sentencia.

El Gobierno presentó en octubre una serie de indicaciones al proyecto de ley conocido como "pronto pago" con el propósito de establecer un trato preferencial al sector salud y a los municipios.

La iniciativa legal establece la obligación de todas las empresas y servicios públicos del país de pagar a sus proveedores dentro de un plazo máximo de 30 días desde la fecha en que se haya recibido la factura o la solicitud de pago, extendible a 60 días por común acuerdo de las partes. También se estipula que si no se cumplen los plazos se deberá pagar un interés desde el primer día de retraso y hasta la fecha de pago efectivo.

Las indicaciones presentadas precisan una serie de exigencias para los organismos público en esta misma línea, pero aclaran que "para el caso de los contratos de suministro o de prestación de servicios que celebren los Servicios de Salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de los servicios de salud (Cenabast) y las municipalidades, no se aplicará". No obstante, esta indicación fue rechazada en el Senado.