Cohecho: el esquivo delito de los casos de platas políticas

De las cuatro investigaciones por financiamiento irregular, dos irán a juicio por el presunto soborno a políticos: SQM y Corpesca. En el caso de las pesqueras, el CDE ya descartó querellarse contra la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe.


El fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, termina su periodo en julio. El investigador lidera el “caso Asipes”, una de las cuatro investigaciones por presunto cohecho que surgieron de los casos por financiamiento irregular de la política que desde hace cinco años investiga la fiscalía.

Antes de dejar el Ministerio Público, el fiscal Contardo se propuso decretar algunos términos judiciales. Uno de ellos, y quizás el más esperado, es respecto a una línea investigativa que involucró a la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. La parlamentaria fue investigada luego de que se encontraran correos intercambiados con Luis Felipe Moncada, entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), en que este último sugería indicaciones en plena tramitación de la ley de excepción de la pesca del jurel, en 2014.
Respecto de la parlamentaria y el exdirectivo de Asipes, la fiscalía no perseverará e incluso podría pedir sus sobreseimientos definitivos tras establecer que sus conductas no son constitutivas del delito de cohecho. En la misma línea, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -tras analizar los antecedentes- ya decidió que no se querellará en el caso.

El principal motivo es la exigencia del tipo penal de cohecho en Chile. Tras un análisis de movimientos financieros, realizados a las cuentas corrientes en esa causa -conseguido con alzamientos del secreto bancario decretados por tribunales-, se estableció que no existen pagos ni de Moncada ni de la organización gremial a Van Rysselberghe simultáneos a su periodo como senadora y presidenta de la Comisión de Pesca. Quienes analizaron estos antecedentes sostienen, además, que de haber existido intercambios de dinero o aportes, estos fueron antes de que la timonel UDI llegara al Congreso. Como el tipo penal exige que el beneficio económico sea en la misma época en que dicho funcionario público presuntamente favoreció al particular que le pagó, no se configura el delito y -por ende- no hay forma de formalizar o seguir adelante con el tipo penal actual. Este fue el análisis realizado por el CDE para desestimar hacerse parte en el caso.

La renuncia al cohecho

El primero en desestimar el delito de cohecho fue el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Y lo hizo en la causa que dio origen al resto de estas investigaciones, el denominado caso Penta, acordando con las defensas recalificar el delito de cohecho por el de enriquecimiento ilícito.

Para el miércoles 13 está agendada la audiencia en que se reformalizará el delito imputado al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, quien hace tres años fue formalizado por el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán por cohecho. Esto, debido a los pagos mensuales que siguió recibiendo del grupo Penta tras ser nominado en la cartera de gobierno. A esto, según se acusó, se sumaron actos del exfuncionario en favor de los empresarios, uno de ellos supuestas gestiones para que Lavín fuera miembro del directorio de Codelco, según se establece en correos incautados en la indagatoria. El exfiscal que indagó este caso, Carlos Gajardo, dijo el viernes 8 que “el fiscal Guerra no cumple su rol de persecución penal”, luego de que La Tercera diera a conocer reparos de la Fiscalía Nacional a la recalificación de los hechos indagados. Sin embargo, pese a la decisión del fiscal Guerra, será el juez de garantía que revise el acuerdo quien finalmente determinará si los hechos dan cuenta del delito de cohecho o enriquecimiento ilícito.

Sin acuerdo

Tanto el caso SQM, liderado por el fiscal regional Pablo Gómez, y el caso Corpesca, indagado por la fiscal Ximena Chong, serán las investigaciones que sin posibilidad de acuerdo llegarán a juicio oral. Es decir, por primera vez en la Reforma Procesal Penal en Chile se sentará en el banquillo de los acusados a dos altos personeros políticos, como los exsenadores de la UDI Pablo Longueira y Jaime Orpis. Respecto de este último, la fiscalía pidió un total de 21 años de cárcel, seis de ellos por el cargo de cohecho reiterado de la empresa Corpesca y ya está en camino la preparación de juicio oral.

En cuando al exsenador Longueira, el equipo de Gómez ya está listo para presentar acusación los primeros días de julio. Conocedores del escrito aseguran que ya van más de 500 páginas del libelo con el que se formalizará ante la justicia la pretensión del Ministerio Público de llevar el caso a juicio oral. Para Longueira, la pena rondará entre los 541 días y los tres años de cárcel. Las negociaciones para una salida alternativa o procedimiento abreviado, en este caso, están cerradas y la indagatoria irá a juicio oral.

El martes 12 será clave en el Congreso para que en el futuro se eleven las penas de cohecho en Chile debido a que ese día sesionará la comisión mixta -presidida por el senador DC Francisco Huenchumilla- constituida para zanjar las diferencias existentes entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto que eleva las penas en casos de cohecho y soborno. Esta es la iniciativa que más ha avanzado en su tramitación de los proyectos que han buscado legislar este tema y fue presentada por un grupo de senadores en 2016, casi un año después de las conclusiones de la Comisión Engel y como parte de la batería de proyectos de la Agenda de Probidad y Transparencia del gobierno de Michelle Bachelet.

Será la primera vez que sus integrantes -senadores y diputados- revisen las diferencias entre el Senado y la Cámara, principalmente referidas al aumento de sanciones a ambos delitos, que en el caso de los diputados son inferiores a las aprobadas en el Senado.

Desde ya, el diputado Leonardo Soto (PS) junto al senador Alfonso de Urresti (PS) han transmitido su intención de proponer a la comisión que se agregue al proyecto la figura de la delación compensada, junto con otorgar penas de crimen a las figuras más graves de cohecho y soborno. Además, el senador Felipe Harboe (PPD) planteará la propuesta de proyecto que recibió de parte de los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y que -entre otros aspectos- aumenta el plazo de prescripción de estos delitos y crea nuevas figuras para la configuración del cohecho.

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