Caval en 365 días

"El proyecto de Machalí" pudo haber sido una más de las numerosas transacciones privadas que la empresa Caval realizó desde su constitución en 2012 y que habían pasado completamente desapercibidas. Pero cuando se supo que Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, había estado presente en la reunión en que se aprobó el millonario crédito con que Natalia Compagnon y su socio, Mauricio Valero, compraron los terrenos de Patricio Wiesner, el negocio se volvió un escándalo ante la opinión pública, sin posibilidad de volver atrás. Fue el primer capítulo de una historia que el tiempo fue demostrando era mucho más compleja de lo que parecía en un comienzo.

Dos ex operadores de la UDI, Juan Díaz y Patricio Cordero, fueron el vínculo que llevó a Mauricio Valero, el socio de Natalia Compagnon, a interesarse en los terrenos de Machalí. Pero su rol no terminó ahí: mientras Cordero fue formalizado por facilitar boletas por servicios no prestados a Caval, Díaz, junto a al síndico de quiebras, Herman Chadwick y algunos funcionarios de la municipalidad de Machalí, orquestaba con métodos ilegales los cambios al plan regulador intercomunal que hubiese elevado exponencialmente el valor de los paños.

El mismo fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, ha admitido que cuando comenzó la investigación no pensó que los hechos denunciados fueran constitutivos de delitos. Pero cuando comenzaron a aparecer funcionarios de la Municipalidad de Machalí estrechamente relacionados con la venta de los terrenos que debía liquidar el síndico Herman Chadwick, las cosas empezaron a oler mal.

Dicen que mientras más alto se llega, más dura es la caída. Si se le aplicara dicha máxima, es mucho lo que el síndico de quiebras podría llegar a perder. Bajo la lupa del Ministerio Público y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Chadwick no sólo arriesga una pena de hasta 10 años por ventajas indebidas y delitos tributarios, sino que también podría ser expulsado del registro de síndicos.

Aunque no hay antecedentes que demuestren la participación de la nuera de Bachelet en los delitos más graves que se han detectado en el marco del caso, como soborno y tráfico de influencias, Natalia Compagnon terminó siendo formalizada por el ilícito que estuvo de moda en 2015 a la luz de los distintos escándalos de financiamiento de campañas políticas: declaración de impuestos maliciosamente falsa. Según el SII, el perjuicio fiscal asciende a más de $118 millones.

Incluso fuera del gobierno, el ex ministro del interior, Rodrigo Peñailillo, sigue siendo golpeado por las esquirlas del caso que le costó la privilegiada relación que tenía con Bachelet y que tensó aún más su rivalidad con Sebastián Dávalos. Ante las acusaciones del hijo de la presidenta, quien asegura que Peñailillo dejó que el caso se descontrolara deliberadamente para distraer la atención del caso SQM, donde terminaría vinculado, no ha salido a defenderse y ha guardado riguroso silencio.

Tanto en la oposición como en el oficialismo piden su cabeza. Porque si bien algunos pudieron dejar pasar el protagonismo que tuvo el administrador de La Moneda en el paso en falso que dio el gobierno tratando de explicar por qué se había borrado el computador de Dávalos, la reunión que sostuvo Riquelme con Juan Díaz en su oficina en el palacio de La Moneda, fue simplemente demasiado. No obstante, cuenta con la protección del Ejecutivo y a pesar de que lo apuntan sospechas desde todas partes, su salida no parece algo cercano.

Aunque la participación del primer cliente de Caval todavía no está completamente dilucidada, su última declaración a fines de 2015 abrió toda una nueva arista en la ya complicada trama. De acuerdo al empresario, cuando se reunían Compagnon solía llevarle carpetas con documentos que acreditaban una serie de complot en su contra. Se trataba de correos electrónicos que obtenía Victorino Arrepol, asesor y hacker de la sociedad, los cuáles Vial Concha sospecha eran falsos.