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En 2009 se aprobó reducir la enseñanza básica a seis años y extender la enseñanza media a seis años. Este cambio se debe a que nuestro currículo nacional de séptimo y octavo era significativamente menos exigente que el currículo de los países más desarrollados, perjudicando el desarrollo de nuestros estudiantes. Ponernos a la altura de los países desarrollados no sólo implicaba un cambio curricular, sino también contar con docentes con un conocimiento disciplinar profundo, condición difícil de cumplir cuando se deben enseñar todas las materias como ocurre con los docentes de enseñanza básica.

Para materializar dicho cambio se estableció un horizonte bastante razonable de diez años. Este cambio implica, por una parte, una modificación curricular en línea con la experiencia internacional, y, por otra parte, una adecuación de la infraestructura, pues la ley actual exige que los establecimientos escolares entreguen los niveles de enseñanza completos, es decir, enseñanza básica y/o enseñanza media completa. Durante el gobierno anterior se modificó el currículo nacional, pero no se avanzó ni en este gobierno ni en el anterior en adecuar la infraestructura de los establecimientos para que los liceos puedan impartir seis años de enseñanza media.

Ante esta dificultad el Ministerio de Educación ha decidido prorrogar por otros 10 años más este cambio. Esta prórroga, sin embargo, atenta contra la calidad y equidad de la educación. Tener docentes más preparados con los conocimientos disciplinares adecuados impacta directamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos y promueve la equidad en la medida que reducimos las desventajas del sector subvencionado, pues en los colegios particulares pagados los profesores de media ya imparten asignaturas a partir de quinto básico.

¿Qué hacer, si en el tiempo que queda para que se cumpla el plazo no es posible adecuar la infraestructura de todos los liceos del país? Más aún, ¿sería aconsejable gastar estos recursos en adecuar infraestructura en vez de invertir en áreas más prioritarias?

Una posible solución para cumplir con la fecha establecida y así no perjudicar a los estudiantes del sector subvencionado es flexibilizar la ley que exige que los colegios impartan el nivel de enseñanza completo. De hecho, en la actualidad son muchos los establecimientos escolares que no cumplen con dicha norma. En primer lugar, los colegios ofrecen pre-kínder y kínder y no ofrecen la educación parvularia completa. En segundo lugar, no son pocas las escuelas que hoy sólo llegan hasta sexto básico, así como los liceos que actualmente comienzan en séptimo, sin cumplir con la obligación de impartir la enseñanza básica completa. Además, se debería flexibilizar la contratación de profesores, de manera que tanto profesores de básica como de media puedan impartir clases en el segundo ciclo de enseñanza básica (de quinto a octavo básico) y así transitar al nuevo sistema.

Estos pequeños cambios permitirían la implementación de la nueva estructura curricular el próximo año, sin tener que invertir recursos en infraestructura. Esto significaría que los actuales estudiantes de séptimo y octavo recibirán a partir del próximo año la subvención de enseñanza media, que entrega más recursos para su formación que la de enseñanza básica, y podrán gozar de profesores especialistas. Sin duda, son pequeños cambios que pueden traer consigo una mejora en la calidad de la educación del sector subvencionado y con ello mayor equidad al sistema educacional en su conjunto.