Agenda energética

Con siete ministros en cuatro años, algunos dicen que lo único renovable de la energía en Chile son los ministros de energía.

Pero el ministro Pacheco quiere cambiar las cosas y enfrentar la crisis que si este año hubiese sido seco, nos habría puesto en riesgo de apagones. Para ello, preparó una agenda muy completa, transversal y ambiciosa, anunciada por la Presidenta Bachelet. Es sorprendente como, en teoría, el menos político de todos los ministros ha demostrado un oficio y agilidad sorprendentes en un área tan crítica.

Con todo, es posible hacer algunas críticas constructivas a la agenda anunciada. El primer desafío es que el Estado recupere un rol activo y promotor en materia energética. Últimamente ha sido un mero árbitro, pasivo y renuente a aprobar proyectos de generación al menor conflicto social que se produzca. Es difícil obtener la aprobación ambiental, no sólo para las grandes represas, sino incluso para pequeños proyectos. Un permiso de obras mayores en el MOP toma al menos cuatro años. Los regantes, en su mayoría, no han podido aprovechar la fuerza matriz de sus canales y embalses. Si este escenario persiste, la agenda no será más que un buen documento de política pública.

Un segundo punto es que no existen incentivos para promover la diversificación energética. Salvo en materia de hidrocarburos, la agenda no contempla recursos públicos para destrabar la crisis que enfrentamos en generación, ni siquiera para promover las energías renovables (ERNC).

En realidad, con los altos precios vigentes, las ERNC no necesitan subsidios. El problema es que no pueden firmar contratos de suministro porque no son energías acumulables y tampoco les conviene hacerlo, pues los precios del mercado instantáneo (spot) son mucho más altos. Pero sin estos contratos no pueden acceder al financiamiento bancario dada la alta volatilidad del mercado spot. Si el gobierno destinara unos pocos recursos a la creación de un fondo que garantice ingresos mínimos, o un precio piso, y que cobre por esta garantía, permitiría que cientos de proyectos se pudieran ejecutar. La creación de un fondo permitiría dar un impulso a las ERNC, sin los sobre costos en que han incurrido las economías europeas para promoverlas.

Un tercer punto es que la agenda, al igual que varios gobiernos anteriores, plantea la necesidad de un ordenamiento territorial de las centrales, lo cual suena muy razonable. El problema es que hoy ellas no generan beneficios para las comunidades donde se emplazan, sino sólo externalidades negativas. Por ello, las fuentes de generación tienden a ser rechazadas, como si fueran cárceles o vertederos. Un plano que señale los lugares permitidos y los vedados para centrales eléctricas, o un esfuerzo de priorizar cuencas, cual "semáforo ambiental", se llenará de luces rojas y muy pocas luces verdes donde se pueda instalar una central. Y donde lo haga, surgirá además la duda de a quiénes se benefició y por qué. El remedio puede ser peor que la enfermedad.

La manera de evitar la discrecionalidad es regulando: buenas normas de emisión y de calidad, protegiendo los lugares de belleza escénica o valor ambiental, objetivar lo que se va a proteger. Puede sonar menos sexy, pero de seguro será más efectivo. Y más sustentable.