Demanda civil contra el Estado

EN ENERO de este año, por primera vez en nuestra historia institucional, la UC interpuso una demanda civil contra el Estado de Chile por incumplimiento de la ley vigente.

Esta decisión se debió a lo ocurrido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017 -promulgada el 15 de diciembre de 2016-, la que fue aprobada sin que el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), -otorgado a las instituciones de educación superior desde hace más de 30 años-, fuera contemplado ni bajo su modalidad tradicional ni como materia de otras partidas.

Nuestra intención al interponer esta acción, -luego de haber intentado instancias de diálogo con las autoridades-, fue hacer presente el incumplimiento de la ley en que incurrió el Estado respecto de una normativa vigente. Esta es una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer a aquellas instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes.

Es grave establecer esta omisión como un precedente en materia de Educación Superior, por cuanto ello compromete el desarrollo del sistema.

Se ha reiterado que la UC participó en varias propuestas y comisiones orientadas a modificar los criterios de asignación del AFI para hacerlos más actuales, buscando que se consideraran otros criterios de calidad, junto a que se contemplara la vulnerabilidad de los estudiantes. Es decir, en la demanda no hubo una defensa del AFI, sino el principio del cumplimiento del estado de derecho y de la ley vigente.

La medida adoptada por el Estado y sus órganos implicó para las instituciones y para la UC un daño patrimonial que incide de manera directa en la calidad del proyecto universitario. Como universidad no podemos adoptar una postura pasiva ante la defensa de recursos que nos pertenecen y que están orientados a apoyo estudiantil, desarrollo académico y fortalecimiento de la calidad. Sin embargo, en la demanda presentada, lo prioritario fue el reconocimiento de la ilegalidad al eliminar este aporte.

A la luz de los sólidos argumentos expuestos y que sustentaron nuestra solicitud, el gobierno planteó un receso en el juicio de nuestra demanda, con el objetivo de lograr un acuerdo entre las partes que abordara el problema de manera sistémica. La UC tuvo la mayor voluntad de diálogo, por lo que en conjunto con los ministerios de Educación y Hacienda pudimos llegar a una propuesta de acuerdo consensuada conocida esta semana y que incluyó el cumplimiento de la ley vigente, a través de una entrega acotada de los recursos, - de acuerdo a las posibilidades presupuestarias del país-, para todas las instituciones beneficiarias. Además, la UC podrá concursar en fondos de innovación para paliar el déficit producido y se evaluará en el próximo proceso presupuestario la corrección de inequidades producidas en los últimos años en relación a los aportes basales de las otras universidades del Cruch.

Reconocemos la voluntad del gobierno en esta instancia, al haber avanzado en conjunto en una solución enmarcada en el cumplimiento de la ley y que respondiera a los derechos de todas las instituciones de educación superior. Así se trabaja con sentido de justicia, transparencia y bien común.