Innovación de Encuentros Locales Autoconvocados

Esta columna fue escrita junto a  Tomás Jordán, Asesor en materias constitucionales

Hace unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó en Santiago su informe sobre la Etapa Participativa del Proceso Constituyente propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet. Una de las principales conclusiones fue que los Encuentros Locales Autoconvocados son una innovación en materia de participación ciudadana y que se instituyen como una buena práctica para promover la inclusión. Esto, según explican, porque se convirtieron en un ejemplo de democracia directa, participativa y deliberativa.

Los Encuentros Locales son innovadores porque materializan una forma no tradicional de hacer políticas públicas, situando a los ciudadanos y ciudadanas como protagonistas de ellas: autoconvocándose, reuniéndose y deliberando. Ponen en común y de forma visible, las diversas perspectivas que tienen los ciudadanos sobre los asuntos públicos (en este caso la Constitución Política). Se sustentan en el principio pluralista como esencia de la política, bajo el cual las personas confluyen a través del diálogo colaborativo, en acuerdos mínimos y compartidos. A esto lo denominamos convergencia deliberativa.

Los Encuentros Locales transfieren el impulso participativo a los ciudadanos en tres momentos: en la convocatoria, en la ejecución y en el resultado. La metodología permitía a las personas activar el encuentro de acuerdo a ciertas reglas y la autonomía fue un principio central a la hora de desarrollar los diálogos. Finalmente, este impulso participativo se reflejará en el resultado del proceso y en la incidencia que tendrán las Bases Ciudadanas en el proyecto de Nueva Constitución.  

Suena sencillo, pero el camino para generar este tipo de políticas innovadoras tiene distintos obstáculos: El miedo al cambio, donde resulta más cómodo seguir haciendo siempre lo mismo; la desconfianza a que la ciudadanía opine sobre temas públicos; el tradicionalismo de las formas, expresado en la crítica de que si no existía mandato de representación, no podía considerarse un proceso válido; y el recelo a la deliberación y colaboración como arreglo para el diálogo, desde aquellos que hacen hincapié en los desacuerdos por sobre los acuerdos compartidos.    

Así, incorporar mecanismos participativos en etapas tempranas del diseño de políticas públicas, permite contener las visiones de los ciudadanos, adecuar las políticas a sus destinatarios y ejercer un control político directo al comparar los resultados del proceso participativo con lo propuesto por la autoridad.

Por todo ello es que la participación ciudadana es el eje transversal del Proceso Constituyente impulsado por la Presidenta Bachelet. Junto con la Etapa Participativa, la reforma al Capítulo XV de la actual Carta Magna, enviada al Congreso este año, propone que la Convención Constitucional incorpore mecanismos de participación en su proceso deliberativo y que el texto resultante sea plebiscitado para su aprobación.