Presupuesto 2018

La presentación del proyecto de Presupuesto para el año 2018 ha generado, como siempre un amplio debate, acentuado eso sí por el inicio de la campaña presidencial. Los principales temas en discusión son si sus supuestos macroeconómicos pecan de un optimismo excesivo, si el presupuesto refleja la austeridad que anunció la Presidenta de la República en su discurso al país; y si las cifras de inversión constituyen una contribución al crecimiento económico.

En relación con el escenario macroeconómico, el presupuesto está basado en una expectativa de crecimiento de la economía chilena de 3% para el próximo año. Se trata de una cifra moderada si se tiene en cuenta que el Banco Central ha estimado el crecimiento para el 2018 en un rango de entre 2,5 y 3,5%. Más aún si se observa la consolidación del mayor crecimiento de la economía mundial que alcanzaría 3,6% en el 2018, un precio del cobre que debería ubicarse en promedio en torno a US$ 2,8 la libra y una tasa de política monetaria que podría mostrar una reducción adicional de 0,25 puntos para alcanzar un nivel de 2,25 consistente con los bajos niveles de la inflación. A esto se suman expectativas positivas respecto de los ingresos fiscales. De partida, el déficit efectivo representará el presente año un 2,7% del PIB 0,5 puntos menor que el esperado en la Ley de Presupuesto. Para el próximo año se espera que los ingresos fiscales crezcan en un 7,4%  respecto al presente año como efecto de un aumento de los ingresos tributarios de 8,9% como resultado de un incremento de la recaudación asociada a la gran minería privada de 133,5% y en un aumento de los ingresos tributarios del resto de los contribuyentes de 6,9%. Cabe recordar, además, que en el año 2018 entrará en vigencia la tasa de 27% del impuesto a las empresas. No parece en consecuencia que se peque de exceso de optimismo.

Se ha aducido que el proyecto de Presupuesto conocido el lunes recién pasado no se condice con la naturaleza austera que anunció la Presidenta de la República en su discurso del domingo. Como argumentos se indican  que la dotación del sector público aumentará en  13.374  funcionarios equivalentes a un incremento de 5,6% llegando la  dotación total del sector público a 250 mil personas. Los aumentos de la dotación corresponden principalmente al traspaso de personal a honorarios a contrata. Se trata de un esfuerzo que apunta a resolver problemas de empleo precario injustificable pues es personal que cumple tareas permanentes de las entidades públicas. El otro componente es el aumento de 2544 en la dotación de personal para los nuevos jardines infantiles que se ponen en marcha. La crítica de la oposición no es consistente con su reiterado argumento de que es necesario dar prioridad a la inversión en la educación preescolar pues, en su opinión es la inversión más rentable. Los críticos agregan, además, antecedentes como que las horas extraordinarias aumentarán un 2,5%, los viáticos un 10,6% y la dotación de vehículos un 3,3%. Se trata de cifras cuyo sentido no es posible discutirlos en abstracto y corresponderá analizar su pertinencia en el análisis en detalle de los presupuestos sectoriales. Cabe en todo caso señalar que el relanzamiento de la educación pública y el esfuerzo en salud son áreas que requieren sin duda nuevas actividades. Un análisis serio del carácter austero o no del presupuesto debe hacerse a este  nivel global analizando las cifras globales. En tal sentido, el presupuesto muestra claros  signos de austeridad si se considera que se reduce el déficit estructural de -1,7 a -1,5 del PIB en el 2018; y el déficit efectivo (desde -2,7 en el presente año a -1,9 % del PIB en el 2018).

El tema preocupante es una vez más el bajo nivel de la inversión pública. Después de dos años de caída, para el año 2018 se contempla una caída adicional de -1,6% respecto de las proyecciones actuales en la materia para el presenta año. Tomando en cuenta las transferencias de capital al sector privado, el aumento de la inversión alcanza un 0,3 % del PIB. Esto no es consistente con los requerimientos en infraestructura, en innovación y competitividad para avanzar hacia una economía intensiva en conocimientos que tome en serio la necesidad de diversificar nuestra estructura productiva. Una política proactiva del Estado en este campo es indispensable para detonar los esfuerzos que se necesita que despliegue el sector privado para desarrollar nuevas actividades económicas.

No deja de llamar la atención, finalmente, recordar las criticas desde diversos sectores a la reforma tributaria de que eliminaba los incentivos al ahorro y la inversión. No obstante estas consideraciones, para el próximo año las exenciones tributarias alcanzarán un 2,97% del PIB equivalentes a US$ 8732 millones. Un 51% de esa menor recaudación, esto es US$ 4514 millones constituyen  incentivos al ahorro y la inversión. Parece importante preguntarse, habida cuenta de crecimiento económico mediocre de los últimos años, si tales recursos no se podrían haber utilizado mejor en una política agresiva de inversión pública que apuntase a aumentar la productividad y competitividad de la economía.