Una política industrial moderna para Chile

Los países que han logrado un crecimiento económico inclusivo, lo han hecho en base a una matriz exportadora diversificada, apoyada por políticas industriales por parte del Estado. Los casos de Corea del Sur, Taiwán e Irlanda, y más recientemente Malasia y Tailandia son algunos ejemplos de los cuales Chile puede aprender bastante. Todos estos países han logrado, en mayor o menor medida, construir una relación de confianza entre el Estado y el sector privado, donde ambos actores actúan coordinadamente en la detección y desarrollo de nuevos productos y sectores.

En Chile, al día de hoy, muchos economistas y políticos siguen frunciendo el ceño cuando se habla de "políticas industriales". Probablemente, y con justa razón, se acuerdan de aquella fallida política industrial basada en la sustitución de importaciones. Era la década de los 50 y 60, época caracterizada por altas barreras arancelarias, un complicado sistema de tipos de cambios múltiples y un fuerte proteccionismo a industrias locales. En las décadas siguientes, fiel a nuestra idiosincrasia de extremos, transitamos hacia la vereda opuesta, demonizando cualquier intervención del Estado en materia económica. Este último modelo trajo consigo un notable crecimiento económico, a expensas, sin embargo, de una extremada dependencia de nuestro recurso natural más importante: el cobre.

La realidad económica y social del país nos ha demostrado que ninguno de estos dos extremos pareciera ser el camino para lograr una diversificación sostenible de nuestras exportaciones. La política industrial moderna -rebautizada en los últimos años como políticas de desarrollo productivo- nos puede brindar ciertas luces sobre el camino a seguir. Esta reconoce al sector privado como el principal motor de emprendimiento e innovación, pero le da al Estado un rol importante, particularmente en aquellas fallas de mercado que impiden el descubrimiento de nuevos sectores.

Paradójicamente, Chile no es ajeno a las políticas de desarrollo productivo, por lo que podemos aprender de nuestra propia historia. Dos de nuestros sectores exportadores más importantes, el forestal y la salmonicultura, se favorecieron enormemente por estas políticas. Primero, el subsidio al sector forestal (DL 701) permitió a los nuevos entrantes crecer y generar ventajas competitivas para competir en los mercados internacionales. Segundo, la inversión en I+D realizada por la Fundación Chile en la salmonicultura, transfiriendo el conocimiento productivo de Noruega, permitió que Chile sea hoy en día un exportador de salmón a nivel mundial.

Subsidios a ciertos sectores estratégicos con foco exportador, como lo fue en su momento el del sector forestal, pueden ser una buena herramienta, siempre y cuando sean transitorios y con cláusula de extinción claras; elementos que no estuvieron presentes en el caso forestal. Segundo, hay que fomentar las inversiones en I+D y entenderlas bajo el concepto de capital de riesgo. Instituciones público-privadas como Fundación Chile han cumplido un rol importante en esto, pero todavía necesitan recursos sustancialmente mayores.

Sin embargo, éstas o cualquier otra iniciativa de desarrollo productivo, nunca tendrán un impacto significativo, si no somos capaces de recobrar las confianzas como país. Es tiempo, que tanto empresarios como políticos, entiendan que el único camino hacia la diversificación de nuestras exportaciones, es aquel en que el Estado y empresas son aliados estratégicos, compartiendo una visión conjunta sobre el desarrollo del país. Como dice el dicho: Se necesitan dos para bailar tango.