Balance a política de compra de tierras indígenas

Tras los 27 años que lleva en aplicación la política de compra de tierras para los pueblos originarios -ello en el marco de la Ley Indígena- los resultados distan de ser los óptimos, pues es un hecho que esta política -a pesar de los cuantiosos montos invertidos desde entonces, y los cientos de comunidades beneficiadas- no ha logrado resolver las controversias, tornándose cada vez más álgidas.

La Unidad de Investigación y Datos de La Tercera documentó extensamente qué ha hecho cada gobierno a partir de 1994 en materia de restitución de tierras, revelando que en esta materia se han observado distintas intensidades y criterios a lo largo de los años, sin perjuicio que todas las administraciones han continuado con esta política. Por de pronto, el número de comunidades beneficiadas supera las 500 -con casi 20 mil familias-, se han entregado sobre 212 mil hectáreas, destinándose para estos efectos sobre $490 mil millones. No cabe sostener entonces que el Estado ha sido indolente y que se ha carecido de una política para enfrentar el tema, pero desde luego el instrumento se ha visto desbordado para dar respuesta a las demandas indígenas, por lo que necesariamente deberán introducirse perfeccionamientos.

Un aspecto central es que la política de compra de tierras debería ser capaz de establecer un marco claro y consensuado por todas las partes. Si bien se cuenta con una idea general de cuáles son las tierras que deberían ser restituidas, existe una dispersión de títulos de dominio que hacen difícil establecer un contorno a las peticiones. Así, además de los títulos de merced -que son títulos de reconocimiento que el Estado entregó a las comunidades mapuche entre 1884 y 1929-, existen también los títulos de comisario y los de realengo, para las comunidades huilliches. Para el caso de La Araucanía y el Biobío, que concentran la mayor cantidad de predios en disputa, distintas voces reconocen que los títulos de merced no abarcan el total del petitorio, pese a que se ha entregado el 41% de los territorios incluidos en dichos títulos.

A la luz de los anterior es acertado que el actual gobierno haya puesto entre las prioridades fijar un catastro definitivo, porque ello conformaría un punto de partida para ordenar la discusión. La experiencia neozelandesa, que es considerada como una de las más exitosas en el manejo del conflicto indígena, entre otros puntos logró cuantificar los terrenos que deberían ser entregados -así como la otorgación de un conjunto de derechos para dichos pueblos-, todo ello en el marco del Tratado de Waitangi, que data del siglo XIX.

A lo largo de estas décadas también se han detectado prácticas poco aconsejables, como la entrega de tierras por “razones de Estado”, sin mayor justificación o respaldo, lo cual impide una mejor fiscalización en el uso de los fondos y probablemente ha dado pie a actuaciones discrecionales. También se ha podido observar que en períodos electorales la compra de predios ha tendido a acelerarse, y algo que resulta especialmente preocupante: la entrega de tierras tiende a aumentar en períodos de violencia, lo que además de constituir un lamentable precedente, resulta injusto para las comunidades que han hecho sus reivindicaciones en forma pacífica. Ello exige ser mucho más estricto en el principio de que no se beneficiará a los grupos que insisten en métodos violentos.