SEÑOR DIRECTOR:
En 2003, España promulgó la “Ley de Montes”, tras perder 148 mil hectáreas por incendios forestales. El diputado Diego Ibáñez propone una ley similar para Chile, que impide cambios de uso de suelo por 30 años después de un incendio, para combatir la especulación inmobiliaria, ignorando que el cambio requiere un proceso participativo y complejo.
La Ley de Montes no ha sido efectiva en España, donde entre 2006 y 2015 se quemaron un millón de hectáreas en 130 mil incendios, con un máximo de 219 mil hectáreas en 2012. Por eso, en 2015 se introdujeron excepciones para permitir el cambio de uso por interés público (art. 50.1), evitando así obstaculizar obras sociales.
La ley que propone Ibáñez dificultaría la reubicación de los damnificados en sectores habitables, impediría la regularización de la pequeña propiedad raíz, colisionaría con el plan de emergencia habitacional del gobierno y generaría un incentivo perverso al comercio de loteos irregulares (y sus mafias), en un negativo ciclo que empuja a las familias vulnerables a vivir en zonas de riesgo una y otra vez.
La tragedia es enorme y las autoridades deben responder. Los más de 130 muertos (hasta ahora) la hacen el quinto incendio más mortal del mundo desde 1900. Se necesitan leyes preventivas (y severas) basadas en la evidencia, no en teorías conspirativas, y un servicio de inteligencia a la altura, que identifique a los culpables sin buscar réditos ideológicos.
Demetrio V. Benito O.
Ingeniero agrónomo. Perito tasador
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