El cascabel al gato

Los dichos del Comandante en Jefe del Ejército unido al reciente episodio con Carabineros a propósito de la muerte del joven comunero Camilo Catrillanca, han sido el corolario de una seguidilla de situaciones que nos han hecho volver los ojos sobre las Fuerzas Armadas y de Orden, porque nos interrogan, con justa razón, cuanto control efectivo ha ejercido el poder civil sobre estas instituciones. Por cierto, esto no es sólo una respuesta a la traumática experiencia de una dictadura cívico- militar de diecisiete años, sino que también es requisito de una democracia que goce de salud y buena calidad, que el poder militar esté subordinado a la autoridad de los funcionarios civiles elegidos, sobre lo cual hay una extensa literatura en ciencia política. En tal cuadro y reconociendo los avances que ha habido desde 1990 en adelante en la re- composición de esta relación entre los ciudadanos y sus fuerzas armadas y de orden, la multiplicidad de hechos y escándalos conocidos en los últimos años nos plantean la necesidad de volver a discutir sobre la rendición de cuentas y los niveles de discrecionalidad con los que pueden funcionar instituciones que son tan importantes para el país entero.

En efecto, parto de la base que, al menos en el ámbito político, entendiendo con ello la línea estratégica y la doctrina de los temas de defensa y seguridad, la subordinación de las FFAA y de orden ha sido una realidad, especialmente evidente a partir de la reforma constitucional de 2005 donde ello queda plasmado en la carta fundamental. No obstante, como ha quedado en evidencia, el problema es otro y radica en los múltiples espacios de discrecionalidad con que estas instituciones funcionan y sobre los cuales, como el resto de la administración pública, es preciso actuar con premura y rigor, de manera de evitar que la corrupción haga un daño irreparable del que es difícil después salir.

En tal sentido, no hay duda que tanto el parlamento como el ejecutivo han hecho su labor. El parlamento a través de la comparecencia del alto mando cuando alguna situación irregular ha sido detectada, cuestión que ha gatillado y debiera gatillar una agenda legislativa en diversas materias. El ejecutivo impulsando una serie de medidas que buscan profundizar la probidad y la transparencia en las fuerzas armadas, tal como ha sido anunciado esta semana por el Ministro de Defensa y otra serie de medidas para convertir a estas instituciones en sujetos obligados por la iniciativa de integridad pública, como se ha sido señalado desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No obstante, dada la dimensión de los hechos conocidos, es preciso preguntarse si vamos por el camino correcto y si no es preciso mirar iniciativas ya en curso que permitan justamente ir en la línea de aumentar los niveles de control y rendición de cuentas de la ciudadanía sobre estas instituciones.

En esta línea están, por ejemplo, los debates sobre la ley reservada del cobre, los protocolos sobre la gestión documental de estas instituciones o la actual discusión sobre la derogación o, al menos, la modificación del artículo 436 del código de Justicia Militar (que permite usar la causal de seguridad nacional para restringir el acceso a la información), son todas discusiones que deben ser abordadas bajo la necesidad real de promover la rendición de cuentas de estas instituciones frente a la ciudadanía.

Poner el cascabel al gato es una tarea que debiera comprometer una alianza cívico- militar en función de un objetivo común, mantener la salud de nuestras instituciones y recuperar la confianza en ellas.