El nuevo proceso constitucional y la consulta indígena

Se ha iniciado la primera etapa del nuevo proceso constituyente, con la instalación de la Comisión Experta. Esta comisión tendrá un plazo de tres meses para redactar el anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción de una nueva Constitución. Este documento, tal como establecen las reglas que guían este nuevo proceso, deberá contemplar por primera vez el reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan nuestro país.

Uno de los aspectos decisivos en el resultado del primer proceso constituyente fue la ‘exacerbación’ de los aspectos vinculados a los pueblos indígenas. En este nuevo proceso resultará crucial, entonces, la forma en que se aborde el reconocimiento de los pueblos indígenas, y eso involucra tanto los mecanismos de participación de los propios indígenas durante su elaboración como el contenido mismo de la nueva propuesta.

Partamos por lo primero. El texto que se proponga como una nueva Constitución representa una medida legislativa que, al incluir el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y otras disposiciones a su respecto, es susceptible de afectarlos directamente. Ambos supuestos son los necesarios para “gatillar” la realización de un proceso de consulta indígena, según lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. La realización de esta consulta cobra mayor relevancia al considerar que, a diferencia del primer proceso, se anticipa que los pueblos indígenas obtendrán pocos escaños reservados dentro del Consejo Constitucional que será electo el próximo 7 de mayo, los que además presumiblemente serán ocupados por candidatos pertenecientes a los pueblos indígenas con mayor peso demográfico. Será entonces la consulta indígena una instancia clave que permitirá que los pueblos indígenas puedan participar e influir en la elaboración del nuevo texto constitucional y de este modo conferir legitimidad social a dicho texto.

La determinación de la oportunidad, alcance y metodología de esta consulta es un gran desafío teniendo a la vista el proceso realizado por la Convención Constitucional, que en forma transversal es considerado como un proceso que no cumplió los estándares. Lo más adecuado pareciera ser someter a consulta indígena el texto que emane desde la Comisión Experta, lo que permitiría que el Consejo Constitucional pueda incorporar sus resultados en la propuesta final. La consulta no debería comprender el texto en su totalidad sino aquellas normas que los afecten de manera específica y diferenciada en su calidad de pueblos indígenas. Este proceso debiera contemplar a lo menos espacios amplios de información y deliberación de los pueblos indígenas, con el objetivo de generar un diálogo de buena fe que habilite la búsqueda de buenos acuerdos.

Respecto al contenido de este nuevo texto, por ahora digamos que el desafío radica en encontrar una fórmula de reconocimiento que sea consistente con la realidad de los pueblos indígenas, alejándose de propuestas sobreideologizadas y minoritarias que no representan el sentir de la gran mayoría silenciosa que se expresó el 4 de septiembre de 2022.