Columna de Carmen Gloria Zúñiga: Mi alumno, el hijo de narco: Complejizando el debate

En el mes de mayo, un reportaje titulado “Mi alumno, el hijo de narco” generó bastante revuelo al retratar las complejas condiciones que deben enfrentar los docentes que trabajan en establecimientos educacionales pertenecientes a comunas que sufren los embates del narcotráfico. Tras leer los testimonios, sin duda verídicos, el reportaje cierra con un horizonte de desesperanzadora doble deserción: por parte de docentes comprometidos que migran a establecimientos menos vulnerables y por parte de estudiantes vinculados al narco que prefieren delinquir a estudiar y trabajar. Frente a esta descripción, considero necesario complejizar el debate sobre este fenómeno para proyectar luces sobre cómo enfrentarlo.

El que los estudiantes prefieran entrar al narcotráfico en lugar de mantenerse en el sistema educativo obedece a un problema estructural del Estado de Chile, el cual ha mostrado importantes falencias en su acción de garante del ejercicio progresivo de derechos sociales, en términos de aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios que provee. Los ministerios de Educación y Justicia tampoco han sido exitosos en promover una educación en derechos humanos que posibilite el desarrollo de la capacidad de agencia para luchar contra las injusticias sociales. Es decir, de formar personas capaces de exigir al Estado su rol como garante en el ejercicio de sus derechos hasta sus máximos niveles de goce.

Es de suma relevancia en este contexto volver a darle al debate constitucional la importancia que merece. El día antes de las elecciones de consejeros constitucionales, a inicios del mes de mayo, los matinales y otros programas de televisión emitían contenidos relacionados con la coronación de Carlos III. Sin duda un evento histórico, pero cuya transmisión restaba relevancia al proceso de definición conjunto y colectivo de una nueva Carta Constitucional. Asimismo, es importante que reforcemos la educación ciudadana en nuestro país, para que todos entendamos por qué debemos educarnos políticamente. Por ejemplo, la propuesta rechazada de nueva Constitución definía al Estado chileno como un Estado Social de Derechos, porque intentaba precisamente reparar estos problemas estructurales que impiden que todos los ciudadanos chilenos vivan una vida digna.

La escuela y las comunidades educativas no pueden afrontar de forma aislada los problemas generados en las aulas escolares producto del narcotráfico. El responsabilizar únicamente a los procesos educativos por la existencia de dinámicas de violencia e interacciones negativas asociados al comportamiento de ciertos estudiantes, es no comprender la multicausalidad del fenómeno del narcotráfico, especialmente muy vinculado a la segregación socioeconómica que experimentan las escuelas. Al respecto, existen marcadas desigualdades en la calidad de la educación a la que acceden los estudiantes de acuerdo a su estrato socioeconómico. Establecimientos públicos y privados presentan diferencias significativas en infraestructura, recursos y resultados académicos. Si la educación que reciben es en aulas sobrepobladas, con falta de recursos didácticos adecuados y docentes sobreexigidos o con escasas instancias de formación continua, es lógico que aquellos estudiantes se sientan desalentados y desvalorizados.

Esta segregación produce en ellos un fenómeno de autoexclusión de la comunidad política que formamos chilenos y chilenas, ya que les es imposible generar sentidos de pertenencia e identidad por provenir de un estrato socio-económico bajo. Ilustrativo de esta situación fue la ocasión en que un estudiante de un liceo ubicado en el sector poniente de Santiago me dijo “tía, nosotros no somos ciudadanos porque somos pobres”.

¿Qué podemos hacer al respecto? Una estrategia para apoyar a los docentes y las escuelas debe provenir desde el Ministerio de Educación. Específicamente, me refiero a la mejora de la calidad de la educación pública. Es urgente continuar los esfuerzos por mejorar la infraestructura, aumentar recursos económicos y las oportunidades formación continua para docentes del sistema público. Esta es una forma de avanzar en la admisibilidad y adaptación de derechos sociales, garantizando que todos los estudiantes, independientemente de su condición socioeconómica, reciban una educación de calidad.

Por Carmen Gloria Zúñiga, académica Facultad de Educación UC