Columna de Daniela Sugg: Ley corta de salud, no nos perdamos con los seguros voluntarios

En el debate legislativo de la ley corta de salud, se ha escuchado cierto consenso sobre la creación de la modalidad de cobertura complementaria (MCC) en Fonasa y el uso de seguros complementarios de salud, a fin de aumentar la protección financiera en el sector público. Sin embargo, ha faltado la consideración de algunos hechos, necesaria para analizar en su mérito la medida y ajustarla en el trámite legislativo.

Primero: en un sistema de seguridad social, la idea base es la no discriminación y –según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que nuestro país ha suscrito– debemos avanzar en la cobertura universal, lo cual implica entregar de manera efectiva servicios sanitarios de calidad suficiente frente a las necesidades de la población, y reducir el perjuicio financiero que conlleva para las personas el acceso a la salud.

Segundo: los seguros voluntarios de salud tratan materias de cobertura financiera; existen los complementarios, que amortiguan el gasto de bolsillo reduciendo copagos o financiando prestaciones no cubiertas por el plan de salud general; o suplementarios, que tiene la función de proveer acceso a servicios no médicos asociados a la atención de salud.

Tercero: en Chile, según datos de la OCDE, el gasto en seguros voluntarios de salud en 2021 representaba 6% del gasto en salud, superior al promedio observado para países del bloque, de 5%. Adicionalmente, la penetración de estos seguros es mayor en los países con mayor desigualdad de ingresos y donde existe una mayor carencia o déficit en el plan base de salud general y de la protección que otorga el sistema público.

Con estos hechos a la vista, es posible prever que la MCC generará discriminación por ingreso dentro del grupo Fonasa, contraviniendo el principio base de la seguridad social. Solo aquellos que pueden financiar un seguro voluntario podrían acceder a una modalidad de atención que incluye en su plan general mayores prestaciones y cobertura que la modalidad de libre elección (MLE). La única forma de evitar que se contravenga este principio es que el plan sobre el que se asocia el seguro complementario sea exactamente igual al de la MLE y no una versión “mejorada” del mismo.

Adicionalmente, esta medida –aun cuando reduce el gasto del bolsillo– aumenta el aporte individual de salud; en cambio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OMS sugieren aumentar los aportes generales y alcanzar un gasto público de al menos un 6% del PIB.

El diseño propuesto de la MCC y rol de los seguros voluntarios replican la dinámica, más bien errada, que ha tenido el sistema de aseguramiento privado basado en el fee-for-service. También perpetúa un modelo de definición de planes en el sector público (prestación, cobertura y precio) absolutamente oscuro, radicado en resoluciones del Fonasa suscritas por la Dipres, donde no hay procesos, ni métodos, ni criterios económico-clínicos definidos para la toma de decisiones.

Así, más que una MCC se requiere un cambio sustancial en la MLE (y por supuesto en la modalidad de atención institucional). Este cambio es materia legislativa y podría ser tratado en la ley corta, ya que se requiere establecer procesos, funciones, etapas, generación de información, definición de criterios de inclusión y exclusión, incremento de la protección financiera, entre otros, que hoy no están presentes.

Sin duda, la opción de acceder a un seguro complementario, con el mecanismo en debate, las personas afiliadas a Fonasa que puedan pagar un monto adicional accederán a un servicio más ágil, a tecnologías sanitarias más innovadoras y a un precio justo (al menos una prima única). Pero los seguros voluntarios deben mantener su rol acotado dentro del sistema de aseguramiento ya que su uso es un reflejo de las carencias de protección financiera universal, y por tanto contrario a las políticas públicas en el sector.

No nos perdamos y mal entendamos como fortalecimiento del Fonasa el intermediar por seguros voluntarios. El objetivo principal de la política en salud debiese ser que el Fonasa genere mayor protección financiera para todos sus asegurados, incentive la eficiencia de los prestadores, y busque avanzar en cobertura de forma racional, ordenada, transparente y con respaldo financiero.

Por Daniela Sugg, académica Magister en Gestión de Instituciones de Salud, Universidad Diego Portales