El Estado tiene como función primaria proveer seguridad, está conformado por un conjunto de reglas cuyo cumplimiento impone mediante el uso racional y monopólico de la fuerza; en su expresión moderna, mediante la democracia, permite a las personas decidir a quién entrega la responsabilidad de ejercer este poder coactivo. De esta manera, los gobernantes tienen el deber y el derecho de dirigir a las instituciones que componen la denominada fuerza pública con este fin.
En nuestro país, sin embargo, parte de la izquierda niega la legitimidad de la centroderecha para gobernar; cada vez que esta obtiene un triunfo electoral, sus adversarios lo atribuyen al engaño de los electores, al abuso del poder del dinero o el control de los medios de comunicación. Si sus gobernantes llegaron al poder de manera ilegítima, entonces también carecerán de validación para imponer el cumplimiento de la ley mediante el uso de la fuerza.
Esto lo vimos a contar del 18 de octubre de 2019. Especialmente los dirigentes políticos del Frente Amplio y el PC acusaron a Carabineros de violar sistemáticamente los derechos humanos; toda lesión causada a quien estaba alterando el orden público, agrediendo a la policía, destruyendo el patrimonio privado y público, fue denunciada y perseguida, por principio, como ilegítima.
En ese momento, muchos de quienes hoy ejercen los más altos cargos en el gobierno actual, empezando por el propio Presidente de la República, hicieron declaraciones en los medios de comunicación y en las redes sociales en que validaron la violencia, calificaron a Carabineros de ser una verdadera organización criminal y buscaron hacer ingobernable el país, impidiendo el cumplimiento de aquel deber primario del jefe del gobierno: proveer de seguridad a las personas.
Hoy justifican los dichos de ayer apelando a cierto contexto, como hace el ministro Jackson, o visitando al general director de Carabineros, en el caso de los ministros Orellana y Grau. Está bien que insinúen cierto arrepentimiento y ojalá pidieran disculpas a los integrantes de la institución agraviada.
Pero el problema real, de fondo, está muy lejos de agotarse con una suerte de “reconciliación” entre los carabineros y estos dirigentes políticos. Aquí, lo que está en juego es algo mucho más importante: el reconocimiento expreso de que nunca más negarán la legitimidad del uso de la fuerza pública a un gobierno de centroderecha, que nunca más considerarán “demasiado valioso” el uso de la violencia, como hizo el entonces diputado Boric, y que están dispuestos a reconocer que el resultado de las elecciones es igual de legítimo sin importar el color político de los vencedores.
Los actuales gobernantes contradicen sus posiciones pasadas, invocan el respeto a la ley y a la fuerza pública, respaldan a los mismos carabineros que ayer denostaron, pero implícitamente nos dan la señal de que el Estado solo es legítimamente guardián de la ley si lo administran ellos. Eso, perdónenme, es una democracia de cartón.
Por Gonzalo Cordero, abogado
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