La propuesta del Plan E pretende proteger a beneficiarios ante la quiebra de una o más Isapres por el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. El plan tiene dos supuestos: a) Los afiliados de Isapres que caigan en falencia podrían traspasar su cotización obligatoria y voluntaria a este plan, manteniendo los mismos costos, beneficios y prestadores; y b) Los actuales gastos de administración del sistema Isapre, que se estiman entre un 10-12%, se ahorrarían frente a un 1% de gasto en administración del Fonasa actual, por lo tanto, no habría gasto fiscal. Esto es cuestionable por las siguientes razones:
1) Para sus beneficiarios, Fonasa administra un plan de salud con dos modalidades de atención: Institucional (MAI) y Libre Elección (MLE) con cuatro aranceles diferentes. De cumplirse el primer supuesto mencionado, Fonasa pasaría a gestionar hasta 52.227 planes y miles de convenios con prestadores hasta para 3,3 millones de beneficiarios más; lo que implica cambiar el rol de Fonasa y transformarlo en un seguro público que deberá gestionar clientes, diferentes modelos de atención y aranceles y fiscalizar a los prestadores.
Si Fonasa no es capaz de cautelar los intereses de sus beneficiarios, con listas de espera de más de dos millones por un especialista, más de 300 mil por una cirugía y cerca de 70 mil con incumplimiento de sus garantías explícitas del GES, menos lo hará con los que vengan de Isapres.
2) Se traspasarían planes técnicamente desfinanciados al tener todos una tabla de riesgo de menor costo para los afiliados que las vigentes. Por otro lado, es poco probable que Fonasa logre financiar el menor ingreso de los planes y mayor costo con un ahorro de gastos de administración, esto por mayores contratos de personas, sistemas y oficinas.
Asimismo, habrá selección adversa de riesgos, dejando en el plan E a personas de mayor edad y enfermos en tratamiento, ya que los jóvenes y sanos buscarán alternativas en Isapres que subsistan o en otros planes de Fonasa solo con su 7% y comprando seguros complementarios.
Sumado a esto, el riesgo del mayor gasto en licencias médicas (LM) de las Isapres se “estatiza”. Esto en sí ya es una pérdida para el Estado, pues el gasto en LM seguirá aumentando en los próximos años por problemas estructurales del beneficio y porque Fonasa no tiene contraloría médica ni control sobre las Compin. En consecuencia, el segundo supuesto de que no habría mayor gasto fiscal no se cumpliría.
La propuesta del Plan E es compleja y con efectos secundarios que es necesario evaluar con estudios de carácter público, los autores deberán demostrar su viabilidad y que no irroga mayor gasto fiscal. Sería mucho mejor que la Superintendencia propusiera una solución regulatoria para su cumplimiento sin destruir la industria y sin crear un problema sanitario de magnitudes. Esto manejando tres variables: instalar la nueva tabla de factores de riesgo, formas de pago de las devoluciones si las hay y modificación del precio base sin afectar a las personas, recordando que la Corte en su pronunciamiento no busca destruir la industria sino resolver un problema.
Por Héctor Sánchez, director ejecutivo Instituto de Salud Pública UNAB
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