El Consejo Constitucional ha acabado por terminar la votación de las enmiendas y entregó el proyecto a la Comisión Experta para su revisión. Mientras tanto, el asesor cuasi consejero republicano Jorge Barrera ha advertido que esperan que no existan “nada de sesiones en off” por parte de los expertos para que no se modifique el proyecto que, de acuerdo con este, es lo que quiso la mayoría de los chilenos, y que es mucho mejor de lo que tenemos en la actualidad.
Con todas las reformas que ha sufrido la Constitución vigente, el texto no es el mismo que fue diseñado y aprobado en 1980. En ese sentido, es importante hacerle justicia a que el texto constitucional vigente ha ido evolucionando con la democracia chilena, incluyendo en él avances interesantes, que van desde las reformas realizadas por el expresidente Lagos, hasta las que han habilitado el cambio constitucional en estos últimos años.
Muchas de las enmiendas están orientadas a debilitar la democracia. No solo en cuanto a la reducción del número de parlamentarios, cifra de la que nadie pudo dar una respuesta razonable, sino también lo ocurrido con las enmiendas relativas al Banco Central, y a la propia Contraloría; asimismo respecto a una reducción del tamaño del sector público, en un Estado ya débil, que disfrazan llamándole “modernización”, en vez de promover una carrera funcionaria decente como la que existe en países como Francia y Reino Unido.
Por otro lado, el Estado social y democrático de derecho se ha visto profundamente debilitado por las enmiendas aprobadas, cambios que buscaron constitucionalizar modelos fallidos como han sido las AFP y las Isapres, apuntando a la “libertad de elección”, cuando la única libertad implícita que existe es la de tener el dinero suficiente para acceder a estos servicios (en el caso de las AFP, en particular, no vamos a hablar de que el mercado sea tan libre y que las y los trabajadores tengan muchas opciones).
Relativo a la educación, se niegan cuestiones fundamentales, más allá de conceder la libertad de que los padres eduquen a sus hijos, transgrediendo el bien superior del niño/a. Y ni hablar respecto de erradicar todo tipo de acción afirmativa en el sistema electoral y en la estructura social, que permita superar las evidentes desigualdades de género y clase presentes en la sociedad. Es decir, se reproduce la estructura de desigualdades muy característico del sistema chileno, pero esta vez por la vía constitucional.
De aprobarse un texto así, sin modificaciones, la democracia chilena se observa profundamente amenazada. La labor de los partidos debe ser negociar, pero no sobre el capricho del Partido Republicano, sino sobre la base de hacerse cargo de la profunda crisis institucional chilena, provocada por la exclusión política, las profundas desigualdades, y un Estado escasamente presente en la vida de las personas.
Por Javiera Arce-Riffo, cientista política, Universidad Católica del Norte
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