SEÑOR DIRECTOR:
Hace unos días se dio a conocer el Capítulo II de la Estructura del Texto Constitucional: “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”. En la parte correspondiente a educación, específicamente en la de educación superior, nos ha sorprendido la propuesta que se hace, en términos de declarar que “la educación superior técnica y universitaria será progresivamente gratuita, de conformidad a la ley, sin perjuicio de otras formas de financiamiento”.
Lo anterior parece delicado por dos razones, fundamentalmente: en primer lugar, porque más que enunciar derechos, que es lo que se espera de una Constitución y de este capítulo en particular, el texto entra al detalle de cómo debería satisfacerse ese derecho. En otras palabras, confunde medios (la gratuidad es eso, un medio) con fines. Así, en vez de defender el principio de que ningún estudiante con méritos para ello quede fuera de la educación superior por razones financieras, propone simplemente que ella sea gratuita. En segundo lugar, la propuesta es grave porque compromete seriamente recursos futuros del país, aun cuando se estipule una gradualidad. Es decir, a través de esta propuesta el país se estaría obligando a sí mismo a seguir aumentando la inversión en educación superior, aun cuando Chile es el país de la OCDE que mayor porcentaje de su gasto público destina actualmente a ese propósito. Si lo analizamos en términos prácticos, este compromiso constitucional implicará que, como ha sido la tónica de los últimos años, el presupuesto de educación superior será el único que siga creciendo dentro de la partida de educación.
En la discusión constitucional se suele decir que esta nueva Carta Magna debiera regir nuestra vida en común como país por los próximos 30 años, a lo menos. No permitamos que por una mala definición del derecho a la educación superior impidamos el avance que debemos priorizar en la propia educación parvularia y escolar, que además tienen un mayor impacto social.
Juan Eduardo Vargas
Vicerrector Académico
Centro de Políticas Públicas
Universidad Finis Terrae
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