SEÑOR DIRECTOR:
El fracasado primer intento del proyecto Faro del Sur es apenas una muestra de lo que pasa cuando no se generan las condiciones habilitadoras mínimas para impulsar el hidrógeno verde en la Región de Magallanes. Sin embargo, se anuncian nuevas aventuras que ingresan a evaluación en los próximos meses: proyecto de Total Eren en la comuna de San Gregorio (hasta 10 GW de capacidad instalada eólica y hasta 8 GW en capacidad de electrólisis) y proyecto Gente Grande en Tierra del Fuego (interviene 38 mil hectáreas en comunas de Primavera y Porvenir).
Mientras no exista participación de comunidades locales, ni ordenamiento territorial, ni se cuente con líneas de base públicas para decidir emplazamientos de bajo impacto en ecosistemas y especies en peligro (por ej. aves migratorias), es probable que los proyectos terminen rebotando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, generen alta conflictividad y judicialización.
Hay preguntas que deben ser respondidas de cara a la ciudadanía. ¿A quién beneficia exportar amoníaco desde Magallanes hacia Europa y Asia y quién asume los sacrificios territoriales? ¿En qué medida esto contribuye a la descarbonización del país?
Es responsabilidad del Estado responder estas preguntas y generar las condiciones mínimas para resguardar comunidades, ecosistemas y territorios frente a la avasallante escala proyectada para esta industria en la región. En las actuales condiciones, crece fuertemente el cuestionamiento público al hidrógeno verde como modelo y solución y no se cuenta con licencia social para operar en los territorios.
Diego Luna Quevedo
Especialista en Política y Gobernanza
Manomet Inc.
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