SEÑOR DIRECTOR:
Una enmienda al anteproyecto de Constitución propone que queden con arresto domiciliario todas las personas mayores de 75 años que estén en la cárcel, independientemente del delito. En Chile hay 265 personas mayores de 75 años privadas de libertad; 146 de las cuales están condenadas por crímenes de lesa humanidad.
Recordemos que entre 1973 y 1990 se cometieron atroces crímenes. Las comisiones de verdad acreditaron 3.227 personas ejecutadas y/o detenidas desaparecidas y 38.254 víctimas de prisión política y tortura.
El camino hacia la justicia ha estado lleno de barreras. En los primeros años de la dictadura, el Poder Judicial rechazó más de cinco mil recursos de amparo respecto de personas secuestradas que estaban sin paradero conocido. Posteriormente, la Ley de Amnistía implicó que en muchos casos las violaciones de derechos humanos ni siquiera se investigaran. Hasta ahora, no ha habido sentencia condenatoria en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos y/o ejecutados, y menos de un 1% en casos de personas torturadas o sometidas a prisión política. Por último, la utilización de la media prescripción o de beneficios carcelarios han significado que menos del 50% de los agentes condenados a sanciones privativas de libertad cumpla la totalidad de su condena.
La enmienda presentada busca ser una nueva barrera en el camino a la justicia respecto a las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra historia. Recordemos que, precisamente mientras esos crímenes se cometían, se estaba redactando la actual Constitución. Hoy, otros, pretenden que en una nueva Constitución se establezcan normas que favorezcan a la impunidad de esas atrocidades.
Rodrigo Bustos Bottai
Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile
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