Hacia el Estado Regional en Chile

Por José Bidart, profesor del Derecho Constitucional e Instituciones Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción

Fue el profesor Hernán Molina Guaita, de nuestra Facultad, ya fallecido, quien inició el trabajo en este tema, en la década de los 80. En ese entonces, llegó a la convicción de que una nueva forma jurídica de Estado se estaba abriendo paso más allá del Estado Unitario y el Estado Federal, y así se empezaron a elaborar los primeros trabajos en nuestro Departamento de Derecho Público en relación con la posibilidad de establecer el Estado Regional en Chile.

Hay tesis que sostienen que el Estado Regional “es una especie de forma de Estado de medio camino” entre el Unitario y el Federal. Hoy, se sostiene que es una forma jurídica de Estado con identidad propia, y ejemplo de la aplicación de ésta sería la regulación que existe en España e Italia.

El regionalismo político, concebido como concreción de la descentralización política, se dirige a alcanzar una verdadera democracia social, nacida de abajo hacia arriba, que genere democráticamente los órganos regionales de participación ciudadana, con el otorgamiento de facultades propias y efectivas para el gobierno regional y local, cuyos órganos tienen personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio de la región, originado con diversas fuentes, con potestades normativas de ámbito regional en armonía con la Constitución Política y las leyes nacionales. Todo lo anterior con la existencia necesaria del control jurídico por parte del Tribunal Constitucional, del ingreso e inversión por la Contraloría General de la República y del control político por el Congreso Nacional.

Frente a un proceso de descentralización claramente incumplido, Chile debiera avanzar progresivamente desde un Estado Unitario descentralizado a uno de carácter Regional. La existencia de esta forma jurídica de Estado permitiría la distribución de los recursos públicos a nivel regional con mayor equidad y de forma mucho más igualitaria, lo que no ocurre en el Estado Unitario. Éste está basado en la existencia de un solo centro de poder y normalmente en torno a este centro gravitan todas las actividades más importantes del Estado, en desmedro de las demás regiones. Por ello, un objetivo central es corregir la desigualdad territorial y otorgar competencias constitucionales propias de las regiones como unidades o macrozonas territoriales.

El Estado Unitario ya no es una alternativa para el país, aun cuando se lo califique de descentralizado. Desde el momento que ocurre la generación de las autoridades regionales por la vía del sufragio universal, deja de existir conceptualmente, aunque se lo denomine como descentralizado, pues es un hibridaje que representa una contradicción en los términos.

Además, el Estado Unitario no es compatible con las necesidades de progreso que necesita una sociedad moderna, democrática, participativa e inclusiva para alcanzar un mayor bienestar existiendo diversos centros de poder. Por ende, la transferencia del poder político a los ciudadanos es fundamental para que se incremente la participación y la capacidad de decisión acerca de las políticas públicas tan necesarias para fortalecer y oxigenar la democracia constitucional con una mayor deliberación y pluralismo que impulse nuevos liderazgos regionales.

La necesidad de compartir estas reflexiones llevó a la Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, con el respaldo de la Rectoría, a editar la obra titulada “Hacia una nueva Constitución, Estado Regional y otros temas”, coordinada por el profesor Rodolfo Walter.