La protección de los niños, niñas y adolescentes: una prioridad para el debate legislativo

Por Isaac Ravetllat, director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CEDIA), Universidad de Talca.

A fines de octubre, el Legislativo dejó en condiciones de convertirse en Ley de la República una iniciativa que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Un primer aspecto a resaltar es que esta institucionalidad pone fin al Servicio Nacional de Menores con todo el estigma que ello significa.

Hasta hoy el Sename -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- abarca tanto los aspectos relativos a la protección de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, como también de aquellos temas vinculados con los adolescentes infractores de la ley.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace más de 30 años, ya nos indica la importancia de separar el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes de la justicia juvenil. Con el desmantelamiento del Sename, tal como lo conocemos hoy, se produce por fin esa diferenciación, de tal manera que el servicio que se crea, se encargará solo de la protección y eso dependerá en adelante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Junto con ello, también se pondrá en marcha el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que, dependiente del Ministerio de Justicia, se abocará a los temas concernientes a los adolescentes infractores. Este hito marca una diferencia relevante de lo que sucede en nuestro país en la actualidad.

La nueva institucionalidad establecerá las líneas programáticas para generar mecanismos o servicios de protección a los niños, niñas y adolescentes. Además, se encargará de crear convenios con los organismos colaboradores, acreditando dichas organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa también genera la figura de un director nacional y un consejo de expertos que debe trabajar marcando las directrices de actuación.

No obstante lo positivo, el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia está llamado a formar parte de un sistema de garantías y protección integral, cuyo proyecto de ley aún se encuentra en tramitación en el Senado de la República. Eso no tiene mucho sentido.

De esta forma, la ley que fija el piso básico todavía no ha sido definida por el Congreso, mientras que uno de los elementos que se construirán sobre dicha estructura, ya fue ratificado. Hay una cierta contradicción. Cabe preguntarse ¿qué sucedería si el proyecto de ley que crea el sistema de garantías y protección integral, finalmente por una cuestión política, no es aprobado?

Aspectos como el sistema mixto (administrativo/judicial) de protección especializada de la niñez y la adolescencia y la creación de las oficinas locales de niñez, prioritarias para la nueva institucionalidad, se encuentran contenidas en el proyecto de ley de garantías, aun en tramitación en el Parlamento.

Hay que poner énfasis en la complejidad del engranaje que tenemos en la actualidad, por lo que se hace esencial que nuestros legisladores y autoridades se avoquen, de una vez por todas, a uno de los aspectos fundamentales de nuestra sociedad: los niños, niñas y adolescentes.