Ley corta de pensiones y cuarto retiro: la política a prueba

En medio de un complejo contexto político -cruzado por el fragor de las elecciones presidenciales, y la tensión que provoca un eventual cuarto retiro desde las AFP- el Ejecutivo estimó necesario desglosar del proyecto de reforma previsional, que no avanza, lo tocante al Pilar Solidario, presentando un proyecto de ley -con discusión inmediata- que aumenta las pensiones hasta $178.958 mensuales y compromete Aporte Previsional Solidario si la pensión está bajo los $520.000 mensuales, para quienes pertenecen al 80% más pobre de la población, con un costo estimado de US$ 1.100 millones anuales. Adicionalmente propuso financiar desde el Seguro de Cesantía la mantención de las cotizaciones previsionales para vejez y para el pago del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de los trabajadores que se encuentran obteniendo prestaciones de este seguro, por encontrarse cesantes.

Habiendo estado reticente a promover ajustes en la estructura tributaria, el Ejecutivo, sin embargo, ha acompañado el proyecto de mejoramiento del Pilar Solidario con una propuesta de eliminación de un conjunto de exenciones tributarias, de entre aquellas estudiadas por la comisión ad hoc creada en su momento por el Gobierno, para recaudar una suma similar al gasto adicional. Más allá de las exenciones específicas que se propone eliminar –la que exime de tributación las ganancias de capital en la enajenación de algunos instrumentos con presencia bursátil, la que reduce el IVA a la construcción de viviendas bajo ciertos valores, la que exime de tributación a propiedades de viviendas DFL2 adquiridas antes de 2010, la que exime de pago de IVA a la prestación de ciertos servicios, la que exime de impuesto a la herencia los pagos provenientes de ciertos seguros de vida- la estrategia seguida por el Gobierno tiene distintos alcances. Por una parte, refleja la aceptación de que la vulnerabilidad financiera del fisco obliga a generar financiamiento para los gastos que se propongan, ante un gasto que ya está en niveles insostenibles.

Pero sin perjuicio de la necesidad de financiar estos mayores gastos, es discutible que el gobierno justo haya elegido este momento para abrir un debate de pensiones y además tributario -bien podría haberse esperado que concluyera la contienda electoral-, pues previsiblemente las exenciones propuestas -aunque pueden generar menos distorsiones que otras alternativas- serán objeto de debate en el Congreso. Con todo, las exenciones tributarias constituyen una materia que conforme la generalidad del consenso técnico requería revisión. En ese sentido, llama la atención el nivel de algunas argumentaciones para oponerse al término de dichas franquicias, como ha sido el caso, por ejemplo, en los servicios, donde algunas voces alertan que conllevaría a su encarecimiento. Pero no cabe descartar que el valor de dichos servicios pueda estar abultado, y que la exención sea justamente lo que permite disimular precios más altos, todo lo cual debería poder ser despejado en un debate calmo y en profundidad.

Desde un punto de vista más general, no puede pasarse por alto que si se escogió el camino de las exenciones, el Ejecutivo haya dejado de lado aquellas dos que son mayor foco de distorsiones y a estas alturas sin justificación, como es la renta presunta y el menor impuesto al que está sujeto el diésel. Para el oficialismo y la oposición probablemente resulta cómodo no abrir un flanco que traería roces con determinados gremios, pero si la política quiere dar muestras de independencia y actuar con criterios de responsabilidad, debería enfrentar estos puntos. No se ven razones para que esto siga eludiéndose, y las distintas fuerzas políticas le deberían una explicación al país si eligen no abordarlas.

La semana en que se envió esta ley corta de pensiones ha estado cruzada por otro debate álgido, el cuarto retiro desde las AFP. El marco que rodea el proyecto ha estado marcado por la incertidumbre, pues no es claro si esta vez estarán los votos suficientes. Aquí no solo están en juego las fundadas consideraciones técnicas que transversalmente se han hecho ver respecto del devastador impacto que un nuevo retiro tendría para las finanzas públicas, las futuras pensiones y el mercado financiero. También será la oportunidad para medir la influencia de las distintas candidaturas sobre sus propias fuerzas políticas, así como la consistencia de los propios candidatos. En ese sentido, ya ha sido posible advertir que la abanderada de la DC y Unidad Constituyente claudicó, pues hace unas semanas manifestó que no votaría a favor en tanto se mantuvieran las ayudas sociales. Esta semana, sin embargo, anunció que votará a favor, debilitando inexplicablemente su liderazgo.

El representante del Frente Amplio y el Partido Comunista, Gabriel Boric, reticente al comienzo, condicionó su aprobación en la medida que se gravara con impuesto a los contribuyentes de mayores rentas que opten por el rescate, así como a una disminución del monto a retirar cuando se trate de rentas altas. Estas indicaciones fueron rechazadas en la Comisión de Constitución de la Cámara, lo que significó un duro revés para él, y que probablemente también se replicará en sala, complicando su liderazgo. Para el caso del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, también hay una prueba de fuego importante, pues a pesar de sus advertencias de que no apoyaría en la reelección a parlamentarios oficialistas que se descolgaran en favor del cuarto retiro, algunos ya lo han hecho. Si finalmente la mayoría de la coalición logra alinearse y vota en contra, Sichel habrá logrado sortear su primera prueba de liderazgo.