SEÑOR DIRECTOR
A partir de marzo, Chile se enfrentará a una serie de decisiones que marcarán el desarrollo de la agenda política e institucional de nuestro país en el mediano y largo plazo. Una de estas es la modificación a la Constitución para reservar escaños a representantes de los pueblos indígenas en la integración del órgano constituyente que eventualmente se conforme para la creación de una nueva Carta Magna.
De aprobarse, estaremos frente a una nueva oportunidad para que el Estado resuelva temas pendientes con los pueblos indígenas en materia de reconocimiento constitucional, participación política, desarrollo cultural y productivo, entre otros aspectos relevantes para la cosmovisión de los nueve pueblos que habitan el territorio.
Valoramos la oportunidad de participación efectiva que a través de escaños reservados se generará para los pueblos indígenas, pero junto con ello también hacemos un llamado a regular su intervención en futuros procesos legislativos, asegurando que su opinión sea consultada con pleno respeto a la normas internacionales que regulan la materia. En este sentido, se hace necesario que el Congreso cuente con un procedimiento para consulta a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. De este modo se daría cumplimiento con mayor rigurosidad a la obligación de consulta derivada del Convenio 169 de la OIT.
Rosemarie Junge Raby
Presidenta Fundación Aitue
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