Plazos fatales

Por Gonzalo Cordero, abogado

Para quienes estudiamos Derecho, pero especialmente para quienes han dedicado su vida a la tan maravillosa como incomprendida profesión de la abogacía, el concepto de plazo tiene un significado muy especial. Es que a los abogados se nos enseña que no basta con cumplir una obligación, sino que ello debe hacerse en tiempo y forma, porque ambos requisitos no son algo accesorio o anexo, sino que constituyen elementos esenciales de muchas obligaciones.

Así ocurre también en el ámbito de lo público y, por cierto, en la democracia, ya que el mandato de las autoridades democráticas está asociado a un plazo y a ejercerse cumpliendo ciertas formalidades. Esto, que parece tan simple, es tan esencial que lo llamamos estado de derecho, puesto que de aquí deriva la responsabilidad de quienes ejercen el poder público.

Recuerdo estos principios básicos a propósito de que ya se advierte que será muy difícil, si es que no imposible, que la Convención Constitucional cumpla con su encargo de proponer un nuevo texto de Carta Fundamental en el plazo que tiene asignado, lo que justificaría que dicho término se amplíe, porque -se dice- es más importante tener una buena propuesta que cumplir el plazo. Pero eso es olvidar que la democracia es un sistema de reglas que tiene como finalidad evitar el ejercicio discrecional del poder y que entrega el control del cumplimiento de las reglas a una serie de instituciones, así como la evaluación del mérito de la gestión de las autoridades a los ciudadanos; que el cumplimiento de los límites del poder sea “conversable” entre quienes lo ejercen, es inaceptable para esta misma ciudadanía.

A los chilenos se nos consultó si queríamos que una Convención redactara una propuesta de nueva Constitución, dentro del plazo máximo de un año; aunque yo voté rechazo, la mayoría estuvo de acuerdo, razón por la cual tenemos una Convención Constitucional con un año para cumplir su encargo. Si alguien quisiera acortar dicho período, expresaría mi oposición a esa pretensión con la misma convicción que la expreso a que se le extienda. Es que me enseñaron que las obligaciones se cumplen “en tiempo y forma”. ¿Qué pensaríamos si el Presidente Piñera hubiera dicho que la pandemia dificultó mucho su gobierno, así es que sería razonable que se le extendiera su periodo por un año al menos para poder hacer todo lo que comprometió? A eso lo llamaríamos, y con razón, intento de golpe de Estado.

El encargo de los convencionales expira en un año y si los chilenos quisiéramos darle un nuevo encargo, porque no son capaces de cumplir el que se les dio, a lo menos se requeriría otro plebiscito.

Leo que Patricia Politzer, por quien siento el mayor respeto y aprecio, dice que: “me cuesta imaginar que los nuevos senadores terminen un periodo de ocho años”. Cosa curiosa, a mí me cuesta imaginar lo contrario, porque me cuesta imaginar tamaña amenaza a mi seguridad y libertad.