SEÑOR DIRECTOR:
Hemos sido testigos del rechazo por parte del Senado a dos postulantes propuestos por el Ejecutivo para el cargo de fiscal nacional del Ministerio Público. Ante esto, muchos se apuran en endosar responsabilidades al gobierno, al Congreso, a la Corte Suprema y a los propios postulantes, sin trepidar en descalificaciones que solo dañan y debilitan la institucionalidad.
El resultado es que terminaremos el año sin fiscal nacional titular liderando la persecución penal y la protección de las víctimas, rol esencial en el combate a la criminalidad organizada, a la corrupción pública, a la violencia de género y a la violencia urbana. Chile solo pierde con lo que ha pasado.
El proceso de nombramiento del cargo a fiscal nacional no da para más. Tiene serios problemas de diseño que ya se habían manifestado en el proceso de nombramiento del tercer fiscal nacional, con graves déficits de transparencia que empañaron su elección y su desempeño durante todo su mandato. El daño a la institucionalidad es inconmensurable, el Ministerio Público ha visto afectada su esencia, y los mismos que han sido parte de ese daño, hoy, critican desde la comodidad del palco.
Se requiere, imperativamente, el cambio del actual modelo de elección del fiscal nacional a un proceso moderno, igualitario y transparente, que posibilite que el mérito sea lo determinante en dicho nombramiento y que genere confianza en la ciudadanía.
Se trata de que otorgue una base sólida de credibilidad a quien tendrá la misión de Estado de definir la política de persecución penal por ocho años.
Esperamos que no haya otro proceso como el actual.
Solange Huerta Reyes
Abogada penalista, ex fiscal regional
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.