Rechazo por carta

El día 19 del presente mes, algunos diputados, en representación de la bancada de parlamentarios pro israelíes, enviaron una carta al canciller chileno, manifestando "preocupación y rechazo" al informe publicado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, agregando en su misiva que el listado de empresas a que alude el informe emanado de la oficina de la ex Presidenta Bachelet en la ONU, hace referencia a empresas que negociarían en lo que ellos denominan como "territorios en disputa". Ante dichas declaraciones, es para nosotros un deber responder a expresiones que nos parecen falsas e irresponsables.

Al solicitar el rechazo de la lista de empresas que operan en territorios ocupados militarmente por Israel, lo que hacen es lisa y llanamente pedirle a nuestro gobierno que se aleje de lo establecido por el derecho internacional. Es preciso recordar que el traslado de población civil a territorios ocupados es considerado un crimen de guerra y el funcionamiento de empresas que avalan, sustentan y cooperan con ello es una complicidad manifiesta a la violación de los Derechos Humanos. El dar a conocer cuáles son aquellas empresas, es parte de la labor intrínseca de los organismos internacionales, por tanto cualquier cuestión en contrario, es simplemente relativizar la protección de los Derechos Humanos, lo que es a todas luces inaceptable e irresponsable.

Además, pretenden confundir a la opinión pública con falsas declaraciones, al denominar a los territorios ocupados como "en disputa", retórica que llama a la negación de un Estado Palestino en las fronteras internacionalmente reconocidas por el derecho internacional e ignora el reconocimiento que el propio Estado de Chile hizo del Estado de Palestina en el primer mandato del Presidente Piñera, quien lo reconoció como un estado libre y soberano en las fronteras anteriores a 1967. El propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en diciembre de 2016 condenó "(…) todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes (…)", llamando a poner "fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que se respete plenamente todas las obligaciones jurídicas a ese respecto".

En vista de lo anterior, señalar a los asentamientos como "territorios en disputa", va no solo en contravención a lo refrendado por la legislación internacional, sino que resulta ser también una falacia emitida con la perversa intención de silenciar las violaciones a los derechos humanos que allí ocurren y de paso ignorar el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

Diputados del Grupo Interparlamentario Chileno - Palestino

Sergio Gahona, Marcelo Díaz, Diego Schalper, Leopoldo Pérez, Gabriel Ascencio,

Andrés Longton, Jorge Alessandri, Jorge Sabag, Jorge Brito, Maite Orsini, Francisco Eguiguren y Hugo Gutiérrez