Una acusación constitucional que polariza al país

Es lamentable que las motivaciones de esta acusación parecen responder a burdas maniobras electorales, sin calibrar las implicancias que ello tiene para la democracia.



Parlamentarios de oposición han concretado esta semana la presentación de una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, un hecho ciertamente muy complejo para nuestro sistema institucional, porque si el Senado confirma los cargos que han levantado los diputados -faltas a la probidad y comprometer gravemente el honor de la Nación-, ello terminaría con la destitución del Mandatario, algo que no encuentra precedentes en nuestra historia republicana. Pese a que otros expresidentes de Chile han sido acusados constitucionalmente luego dejar su cargo, solo ha ocurrido en una oportunidad que un Jefe de Estado haya sido acusado mientras ejercía el cargo, lo que ocurrió en 1956 con Carlos Ibáñez del Campo, sin éxito. El hecho de que Sebastián Piñera enfrente por segunda vez una acusación de este tipo en lo que va de su actual mandato -la anterior, presentada en diciembre de 2019, con ocasión del estallido social, donde se le acusaba de graves violaciones a los derechos humanos, no logró los votos suficientes en la Cámara Baja- da cuenta de que un asunto de tantas implicancias como la cesación de un Mandatario se está tratando con extrema ligereza.

La presente acusación se basa en las revelaciones efectuada en los Pandora Papers, una investigación periodística internacional que afectó a diversas personalidades del mundo, entre ellas Piñera, dando cuenta que parte de la venta de la participación que Piñera y su familia mantenían indirectamente en la sociedad que controlaba el proyecto minero Dominga, se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas. También se reportó que una de las cláusulas condicionaba el pago de la tercera y última cuota a que la zona donde operaría Dominga no fuera declarada bajo protección ecológica, en el plazo de un año. Pese a que estos hechos fueron investigados judicialmente, la Fiscalía ha abierto de oficio una investigación penal, mientras que el SII también indaga si hay nuevos antecedentes que configuren una infracción tributaria.

Es evidente que los términos en que se redactó ese contrato resultan potencialmente comprometedores, y en tal sentido cuesta entender cómo los asesores del Mandatario pudieron consentir en ello. Si bien Piñera alega que este caso ya fue conocido por la justicia, y que él desconocía sus términos -pues para entonces se había desligado de la administración de sus empresas-, su desgastada figura a nivel de opinión pública y una trayectoria como inversionista que lo tuvo muchas veces operando al límite de la legislación, hace inevitable las suspicacias y resquemores.

Pero a la Cámara de Diputados se le debe exigir un estándar mucho más riguroso que la sensación ambiente o las percepciones ciudadanas, partiendo por el hecho de que deben cumplirse estrictamente los presupuestos jurídicos para configurar las causales invocadas por los propios parlamentarios -en que se imputan hechos graves, como eludir el pago de impuestos, u obtener beneficio propio ejerciendo la Presidencia- sobre las cuales hay investigaciones recién en curso, y por tanto aún sin ninguna comprobación judicial o con antecedentes más comprobados.

El momento en que se presenta esta acusación coincide con la campaña electoral para las presidenciales y parlamentarias de noviembre, dando cuenta que detrás de este proceso en el fondo se esconden burdas maniobras políticas. Ello parece explicar el porqué de la precipitada forma en que tuvo que ser redactado el libelo -con llamativos trasnoches de los equipos jurídicos- a fin de que el plazo constitucional en que deberá zanjarse la acusación coincida con la antesala de los comicios. Este hecho resulta de particular gravedad, porque con dicha acción se polarizará mucho más el ya enrarecido ambiente político, y existe la posibilidad de que los senadores, que deben actuar como jurado, tengan que resolver pensando en sus propios intereses electorales, y no sobre el mérito jurídico. Esto atenta contra las bases elementales de un debido proceso, supone una presión indebida sobre las instituciones y una suerte de intervención electoral que altera gravemente la normalidad democrática.

No menos complejo es que se busquen hacer efectivas responsabilidades por hechos que tuvieron lugar en otro período de gobierno, apartándose por completo del texto constitucional, que sanciona las infracciones cometidas en el actual mandato.

Es un hecho que los tiempos de la justicia no son los mismos que los de una acusación constitucional, pero prudencialmente los parlamentarios deberían haber esperado mayores indicios de las investigaciones de la Fiscalía o del SII antes de utilizar el gravoso expediente de la acusación. Ésta requiere tiempo para tramitarse responsablemente, y dado que el Congreso puede acusar al Jefe de Estado hasta seis meses después de haber terminado su período constitucional, no hay razones que justifiquen esta precipitada forma de actuar, que no sean electorales. Al actuar de esta forma, no se calibra el daño que se hace a la democracia y sus instituciones.

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