Valioso acuerdo político para regular la inmigración

Después de casi ocho años de tramitación legislativa, el país finalmente cuenta con una nueva Ley de Migraciones y Extranjería, instrumento que se consideraba indispensable, debido a que la actual legislación data de la década de los 70, quedando obsoleta para efectos de regular eficientemente las múltiples dimensiones que hoy supone el fenómeno de la migración. Para el caso de Chile, contar con una legislación moderna era aún más imperativo, considerando que ha sido uno de los países de la región que ha concentrado una de las mayores tasas de migrantes en la última década, tendencia que, conforme ha anticipado la propia autoridad, no decaerá en el futuro.

En innumerables ocasiones la aprobación de esta ley se vio seriamente en riesgo, debido a las encontradas visiones que existen en los distintos sectores políticos sobre el alcance que debe darse al derecho a la inmigración, los beneficios y garantías que el Estado debe proporcionar a esta población y cómo hacer frente a la inmigración ilegal. Es valorable por lo mismo que las fuerzas políticas hayan logrado llegar a un amplio consenso en ambas ramas del Congreso, dejando de lado sus legítimas diferencias y dando pruebas de que los acuerdos en el mejor interés del país aún son posibles. Sin perjuicio de que un partido de oposición hizo reserva de constitucionalidad, ello no resta mérito a este importante logro político.

Las enormes contribuciones de la migración al desarrollo económico y cultural del país han sido ampliamente documentadas -actualmente los migrantes ya representan el 7% de la población total del país-, por lo que uno de los mayores desafíos es evitar que la inmigración irregular contamine este proceso y genere sentimientos adversos entre la población. En algún momento las estimaciones oficiales indicaban que había 300 mil personas en situación irregular, principalmente debido a la laxitud con que fueron aplicadas las normas, consintiendo en que numerosas personas ingresaran como turistas cuando en realidad el objetivo era asentarse en el país. Además de representar un quebrantamiento de la ley y generar roces con la población local, la migración irregular deja a las personas altamente expuestas a situaciones de abuso o en condiciones de extrema precariedad.

La nueva norma corrige este aspecto, y exige que quienes tengan la intención de residir en el país deberán venir con su visa aprobada, para efecto de lo cual se crearon 13 categorías. Aunque ello por sí solo no detendrá la inmigración por pasos no habilitados -fenómeno que ha aumentado fuertemente en el último año-, ni el afán de algunos por saltarse las normas, introduce mayor racionalidad en el proceso y crea reglas más claras. Con ello se da un importante paso para contar con una inmigración ordenada, probablemente el objetivo más importante que persigue esta legislación, y que por lo mismo debería ser un gran activo para el país.

Otro aspecto relevante es que la ley contempla que el Presidente de la República deberá dictar una Política Nacional de Migración, la que será revisada cada cuatro años por un Consejo especialmente establecido para estos efectos. Ello debería subsanar uno de los grandes vacíos que hoy existen, donde el país no cuenta con lineamientos estratégicos que permitan orden la migración en función de objetivos de largo plazo y de los intereses nacionales.