SEÑOR DIRECTOR
En la última década se han hecho reformas estructurales en la educación escolar, una de ellas es la desmunicipalización que se implementaría de forma gradual entre 2018 y el 2025. No obstante, dicho plazo está en duda, principalmente por dificultades en el traspaso de trabajadores de una administración a otra, la falta de profesionales idóneos para conformar los equipos directivos y temas de gestión administrativa.
Hoy nuevamente las ideologías de un sector priman por sobre la mejora efectiva de la educación pública, pues abordan sus problemas desde una visión administrativa, que poco o nada impacta en mejorar la calidad del sistema. Hace unos días, el presidente del Colegio de Profesores señaló que los problemas ya expuestos indicarían que hay que “repensar la educación pública” en medio del proceso constitucional. ¿Cuál era entonces el sentido de este cambio “profundo” que se inició el 2017? Se suponía que esta ley era la promesa de “una educación pública, gratuita y de calidad”, pero es evidente una que cambió de administración y que le quedó grande al sistema, tal como se advirtió.
Hoy, nuevamente, queda postergada. En los hechos, este cambio no concentró sus esfuerzos en mejorar la calidad de la educación, y quienes presionan por postergar su implementación, lo hacen frente a la presión de los gremios por los despidos que ha provocado la ley, pero no por enfrentar los problemas de gestión y la mejora del sistema educativo.
Macarena Bravo
Directora de formación y acción territorial
Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos
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