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El proyecto de ley se vota en esta jornada hasta total despacho en las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Hacienda.

Hace dos meses, los parlamentarios Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper, llegaron hasta el CDE para pedirle que se "persiguiera a las personas que recibieron irregularmente una pensión de gracia durante el estallido social".

Las entidades que fueron aprobadas son la subsecretaría de Seguridad Pública y la de Prevención del Delito.

El timonel de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara dijo que "no se comprende" la designación de la vocera en reemplazo de la titular de Defensa, Maya Fernández. "Ella por tener a su cargo la coordinación directa con las Fuerzas Armadas cumplía un rol muy preponderante”, aseguró.

La iniciativa será presentada a través de un proyecto de ley en marzo y contempla que el cargo sea voluntario, en caso de existir algún vínculo legal -matrimonio o Acuerdo de Unión Civil- con quien posea la primera magistratura.

Los parlamentarios Jorge Alessandri (UDI), Andrés Longton (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) promueven un borrador con medidas, en medio de la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

En una entrevista televisiva, el parlamentario aseguró que desde la oposición no tolerarán "que esto no termine con alguien abandonando su cargo o pidiéndole la renuncia a alguien que tuvo la responsabilidad de tomar decisiones en estos casos".

Los parlamentarios sostuvieron que "la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho” y "se tienen que poner cargos a disposición".

El parlamentario, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, apunta a que el Presidente Gabriel Boric debe retirar las pensiones de gracia a todas aquellas personas que no se les logre acreditar judicialmente su calidad de víctima de violación a los derechos humanos. Por otro lado, el diputado RN sostiene que en aquellos casos en los que tienen antecedentes por otros delitos, entonces se debe revisar particularmente.

Catorce meses de convivencia no han sido suficientes para aceitar la relación entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su subsecretario, Manuel Monsalve, cuyas diferencias de estilo esta semana fueron aprovechadas por la oposición para cuestionar el manejo del gobierno en materia de seguridad pública, a menos de un mes del plebiscito.

Luego de que la indicación -impulsada por parlamentarios RN- recibiera el visto bueno en la Cámara, el gobierno había ingresado una propuesta para eliminarla, algo que fue descartado esta jornada por el Senado. Así es como prevaleció lo aprobado por los diputados.

El parlamentario de RN asumirá la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja y critica al Ejecutivo por la agenda desplegada.

El gobierno presentó este viernes el proyecto que realiza cambios en la legislación que data desde 1984. Los parlamentarios pidieron ágil discusión de la normativa.

Según el último sondeo, la tienda fundada por José Antonio Kast es con la que los encuestados se siente más afín, alcanzando un 10%. Al respecto, la vocera de gobierno indicó que "en el caso chileno, tenemos mucha identificación de la ultraderecha con el pinochetismo y la justificación del golpe de Estado”.

En la preparación de las preguntas a la secretaria de Estado, el abogado Pablo Urquízar fue uno de los que le brindaron apoyo al parlamentario interpelador. Además de ser colaborador externo del legislador de RN, presta hasta hoy asesorías a la Comandancia en Jefe de la institución. Diputados de la alianza gubernamental calificaron ese hecho como "impresentable", "delicado" y "poco prudente" debido al carácter político de la interpelación.