Carles Puigdemont, de fallido líder de la independencia catalana a hombre clave para la formación de gobierno en España

Las disputadas elecciones generales de este domingo en España, que no dejaron a ninguna coalición con la fuerza parlamentaria suficiente para conformar gobierno en un inicio, continúan desarrollándose. Pero ya no en las urnas, sino en las intrincadas negociaciones que, especialmente en la izquierda y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), intentan llevar adelante para lograr el apoyo de agrupaciones más pequeñas que los lleven o a la cifra mágica de 176 de 350 apoyos en una primera votación, o a la mayoría simple si Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña en catalán) se abstiene en la segunda. En ambos escenarios, Pedro Sánchez y los socialistas accederían a un tercer período a la cabeza del Ejecutivo.

Pero Junts no es un partido cualquiera. Es nada más y nada menos que la agrupación política fundada por el fallido líder independentista catalán y ahora eurodiputado, Carles Puigdemont. Actualmente autoexiliado en Bruselas desde que España envió una orden de detención europea contra el periodista y presidente de la Generalidad de Cataluña entre 2016 y 2017 por impulsar un referéndum de independencia catalán ilegal, según la Constitución española, Puigdemont surge como la llave definitiva de la izquierda española para retener el poder.

Sin embargo, y con los sorprendentes resultados del domingo en mano, considerando que pocas encuestas daban un escenario en que el Partido Popular (PP) y Vox no tuvieran el sartén por el mango, desde la colectividad de corte separatista salieron a asegurar rápidamente que no harían a Sánchez presidente “a cambio de nada”. Es decir, de investirlo o abstenerse en las votaciones del Parlamento, solicitarán algo a cambio.

Durante el mismo día de la elección, cuando ya se vislumbraba un posible bloqueo al llegar al 50% del escrutinio de votos y el PSOE y el PP se mantenían relativamente parejos en los escaños asignados, Carles Puigdemont salió a la carga en Twitter.

“Juntos no debe nada a nadie más que a sus votantes. Tampoco a politólogos espabilados, ni a tertulianos diversos, ni a seudónimos de Twitter, ni a apologetas de la abstención. Nuestros votantes, nuestro programa, nuestros compromisos han sido y son las referencias de nuestra acción política”, lanzó.

No se quedaría ahí: “Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Gobierno de la Generalitat; por eso el PSC pactó con el PP para sacarnos la alcaldía de Barcelona y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC”, escribió en su cuenta personal. “Mañana será otro día (en el exilio también) y debemos seguir defendiendo a Catalunya contra quienes nos quieren liquidar la lengua, la cultura, la nación”.

El político sabía del poder que tenía en sus manos, y el oficialismo también. A la coalición del PSOE y Sumar, de Yolanda Díaz, se podrían agregar los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los independentistas vascos de Bildu, los nacionalistas vascos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), donde muchos de ellos votaron en bloque con el oficialismo, e incluso apoyaron la investidura de Sánchez en 2020. Pero ese recuento tiene un problema: la suma da 172 escaños, por lo que requieren o de los siete asientos de Junts o que se abstengan en la segunda votación de mayoría simple.

La paradoja es que todos los partidos separatistas y nacionalistas perdieron curules en las recientes elecciones generales en comparación a la edición pasada, de hace cuatro años. Si bien Junts tuvo una merma menor, pasando de ocho a siete, ERC, por ejemplo, bajó de 13 a siete. En el plano local, en tanto, en Cataluña los independentistas consiguieron solo 14 de los 48 asientos disponibles.

Pese al crecimiento del PSOE y la caída de los nacionalistas y separatistas, saben perfectamente que sus puestos son claves. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó este martes, cuando Junts per Catalunya aseguró estar “abierto” a escuchar la mejor oferta disponible, ya fuera desde la izquierda y el PSOE o la derecha y el PP. Si bien este último escenario es menos probable, los siete escaños claves también servirían a los populares para alcanzar la mayoría en el Parlamento y, por ende, una potencial investidura de Alberto Núñez Feijóo. En tanto, la petición también pasaría por la amnistía para los “4.000 represaliados”, detalló The Objective.

Según el mismo medio, la apertura para hablar con los dos bandos se debe a que, a diferencia de ERC, Junts no considera un “mal menor” ni a Sánchez ni a Núñez Feijóo, puesto que su pugna es contra el “Estado español”. ”A Puigdemont le da igual no poder volver a España, no va a aceptar un indulto en ningún caso”, dijo una fuente que agregó que el líder catalán tendría en mente a los casi 4.000 independentistas que no se vieron beneficiados por el gobierno central y que mantienen cargos por desórdenes públicos o malversación, como se le imputa a Puigdemont por la realización del referéndum y el uso de dineros fiscales para su desarrollo.

Este lunes, con las negociaciones ya desatadas, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó que se dicte una orden de busca y captura e ingreso en prisión del prócer catalán (algunos seguidores aún lo llaman presidente, aseguró Financial Times), Carles Puigdemont, en la que se incluía una orden de arresto europea e internacional. La diligencia no solo iba dirigida contra él, sino que también hacia su exconsejero y actual eurodiputado, Toni Comín, ambos considerados líderes independentistas. El 5 de julio de este año, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retiró la inmunidad de ambos.

“Un día eres decisivo (para formar) un gobierno español, y al día siguiente España ordena tu detención”, se lamentó el propio Puigdemont en sus redes sociales. El periodista catalán celebró su recordado referéndum calificado como ilegal por las autoridades el 1 de octubre de 2017, mientras que el 27 del mismo mes se llevó a cabo su pretendida declaración unilateral de independencia del territorio español. Un día después, Puigdemont fue cesado de sus actividades como presidente de la Generalidad de Cataluña.

Ante el anuncio de que Dani Gallardo, un activista independentistas detenido en 2019 que obtuvo un recorte de su condena, debía entrar voluntariamente a prisión, Puigdemont escribió este martes: “El conflicto sigue intacto, pese a las promesas de los ‘dialogantes’. Nada han solucionado, más bien lo han empeorado porque su simulacro de resolución ha ocultado la represión profunda y estructural sobre una parte de la sociedad”.

“No estamos aquí para salvar al reino de España, sino para servir a Cataluña”, señaló Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts. “No haremos a Sánchez presidente del Gobierno a cambio de nada”.

La frase surgía luego de que el partido de Puigdemont tomará una inesperada relevancia para la política nacional, una vez más. Es por eso que, del ala más izquierdista de la coalición oficialista, es decir, de Sumar, enviaron rápidamente a negociar a sus políticos.

Según El País, el exdiputado de En Comú Podem, Jaume Asens, inició conversaciones directamente con el expresidente catalán Carles Puigdemont en nombre de Sumar y su líder, la ministra del trabajo Yolanda Díaz, dijeron al periódico español fuentes cercanas a las tratativas. Sin embargo, el portavoz de Junts, Josep Rius, lo negó durante la tarde del lunes.

Durante la mañana del mismo día, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, aseguró que el precio de su partido para permitir la investidura de Sánchez era tratar temas como la “amnistía y la autodeterminación”. Turull fue uno de los nueve líderes catalanes encarcelados luego del fallido intento independentista de 2017. Y si el propio Sánchez los indultó en 2021, en una polémica decisión, vale decir, hay otros cientos de personas que enfrentan investigaciones por su participación en el referéndum, lo que incluye la imposibilidad de ocupar cargos públicos, aseguró según Financial Times el grupo independentista Òmnium Cultural.

Si bien Sánchez se ha mostrado siempre contrario a la idea de un referéndum, la búsqueda por la formación de gobierno mantiene abierta la negociación, pero sin la posibilidad de una escisión ni de amnistía, dijo este martes la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, quien aseguró que en la mesa “solo cabe el marco constitucional”, consignó Europa Press.

Al respecto, la ministra afirmó que “en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece que eso ha gustado en Cataluña”, dijo en referencia a la caída en la representatividad separatista del nuevo Parlamento, además de llamar a la “calma”.

En una entrevista con La Tercera en 2021, Puigdemont aseguró que “todos sabemos que el mejor escenario es un referéndum pactado con el Estado. Esto es indiscutible. Yo mismo se lo propuse al Presidente Rajoy en su momento. Pero sabemos que esto no pasará nunca”.

Al año siguiente, en otra entrevista con este medio, certificó dicha visión: “Un año después no está ni tan solo en las conversaciones de los reportes entre el gobierno catalán y el presidente de la Generalitat de Cataluña la discusión, ya no el acuerdo, la discusión de la posibilidad de un referéndum”, aseguró.

Desde ERC, también aseguraron que sus votos no se deben dar por descontados, puesto que, si bien fuentes de la dirección de Esquerra aseguraron al medio local Público que no permitirán nunca “un Gobierno de la derecha y la ultraderecha”, sus apoyos “no serán gratuitos”.

De no lograr pactar ni para una primera o una segunda instancia en las votaciones del Parlamento, es posible que España vaya directo a la repetición de las elecciones generales, lo que se desarrollaría entre diciembre y enero.

Esta característica de gobierno “Frankenstein”, explotada por el líder opositor del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya no será objeto de reparos en el PSOE, escribió en El País la politóloga Estefanía Molina, quien cree que “ese apelativo no debe ser tomado ya como insulto: a diferencia de 2019, esta vez los ciudadanos les han votado con conocimiento de causa, en cesiones y formato. Claro está que los socios pequeños tendrán más poder que nunca sobre el próximo Gobierno: compatibilizar los mimos al PNV frente al apoyo de Bildu, o a Junts frente a ERC, partidos que compiten entre sí, es el reto del presidente en funciones”.

Sin embargo, también agregó que “la diferencia con hace cuatro años es que el ‘nuevo Frankenstein’ estará mucho más desacomplejado porque las urnas del 23-J lo han refrendado: hundimiento independentista en Cataluña, Bildu en la gobernabilidad de España. Eso, o elecciones generales. Las carambolas del destino de Sánchez son inescrutables”.