Comisión Interamericana de DD. HH. acoge a trámite denuncia por desaparición forzosa de joven en Alto Hospicio

La mañana del 13 de septiembre de 2015, la madrastra de José Antonio Vergara Espinoza (23) llamó a Carabineros sin imaginar cómo terminaría todo.

A esa hora el joven estaba en plena crisis de salud mental, por una enfermedad que padecía hacía ya varios años, por lo que su madre requirió ayuda a la policía, marcando el inicio de un caso que a partir de hoy será materia de análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y es que hasta el domicilio ubicado en la Población La Tortuga, en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, llegó el carro Z-4514 de Carabineros, el cual estaba integrado por el entonces cabo primero Carlos Valencia, el cabo segundo Ángelo Muñoz y los suboficiales Abraham Caro y Manuel Carvajal. Los uniformados tomaron al denunciado, lo esposaron y se lo llevaron.

Tras ser trasladado por los funcionarios de la policía uniformada, la familia del joven, de 23 años, nunca más volvió a tener rastro de su paradero, por lo que presentó una denuncia por presunta desgracia en Carabineros. A raíz del caso, la institución decidió desvincular a los cuatro funcionarios de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio debido a las irregularidades en la detención de Vergara.

A ocho años de su desaparición, la familia y diferentes agrupaciones de derechos humanos denominan el hecho como una de las tres desapariciones forzosas por parte de agentes del Estado en democracia, lo que motivó que llevaran el caso hasta la CIDH debido a la denegación de justicia por parte del Estado de Chile y ante la falta de continuidad en la búsqueda del joven.

En abril de 2018, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a los carabineros a la pena de tres años de presidio como autores del delito de detención ilegal, hecho que confesaron en el proceso. Sin embargo, dicho juicio sería anulado posteriormente y en su reemplazo se les condenaría a la pena de cuatro años por el delito de secuestro.

Lo anterior, luego de que el tribunal confirmara -a partir de los propios testimonios de los funcionarios- que tras su detención Vergara fue trasladado por la Ruta A-16, carretera que une las comunas de Alto Hospicio con Pozo Almonte, para posteriormente dejarlo en la Ruta A-414 que lleva a la Caleta Buena, no siendo trasladado a una comisaría.

En la investigación se comprobó que los funcionarios estaban implicados en su desaparición al abandonado en el desierto, y luego de los dos juicios, que finalmente terminaron con los exfuncionarios policiales cumpliendo su pena en libertad, la familia decidió recurrir a tribunales internacionales.

De esta manera, el 15 de mayo del 2019 ingresó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que no se aplicó la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, la cual está vigente desde el 2010 en el país.

A ocho años de aquello, la CIDH notificó al abogado de la familia, Enzo Morales, que decidió acoger a tramitación la denuncia, por lo cual notificó al gobierno de Chile para que en un plazo de tres meses presente sus descargos de las acusaciones de falta de justicia. El Ejecutivo podría prorrogar hasta en un máximo de cuatro meses la entrega de la información.

Morales afirma a La Tercera que valoran la decisión de la CIDH, considerando que este “es el primer paso para que se establezca la responsabilidad internacional del Estado de Chile porque la justicia liberó a los asesinos, el gobierno abandonó la búsqueda de su cuerpo”.

Pese a eso, sostiene el abogado, esperan que próximamente el Estado “reconozca su responsabilidad internacional y la Corte Interamericana ordene al Estado reabrir el proceso penal y condenar a penas de cárcel efectiva a los asesinos de José Vergara”.

Juan Vergara, padre del joven desaparecido, señala que se reunió con el Presidente Gabriel Boric durante la visita del Mandatario al memorial de Pisagua en marzo pasado, momento en el que “él en persona se comprometió conmigo y mi familia a reiniciar la búsqueda del paradero de mi hijo e incluirlo en el Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos, pero nos engañó”. Lo anterior porque, según sostiene la familia, y ante consultas a la autoridad, se les habría informado que el caso no estaba incluido en la iniciativa del Ejecutivo.

Consultados al respecto, según informaron desde el Ministerio de Justicia, el Plan Nacional de Búsqueda tiene la limitación legal que fija el plazo acotado que va desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990. Pese a eso, de toda la información que se obtenga de este plan “se puede definir la creación de otros planes de búsqueda con otro rango de fechas”.