Fiscal nacional: dudas y disidencias en RN, PPD, FREVS y el PC surgen como principales vallas para ratificación de Valencia

El miércoles en la tarde, a la hora del almuerzo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, apareció sorpresivamente en el comedor de RN en la Cámara Alta y pidió hablar con el senador Manuel José Ossandón.

En la conversación con el legislador de RN, Tohá le comunicó que por encargo especial del Presidente Gabriel Boric le quería avisar que optaría por el abogado penalista Ángel Valencia como carta para fiscal nacional.

Simultáneamente, a través de llamadas telefónicas, el mismo Mandatario, otras ministras y personeros de gobierno comenzaron a transmitir el mismo mensaje a otras bancadas. Por ejemplo, Boric se contactó personalmente con el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. Algunas fuentes parlamentarias señalan que el Presidente también habría llamado al timonel de la UDI, Javier Macaya, y al jefe de senadores del mismo partido, Iván Moreira, versiones que son negadas, sin embargo, en la tienda gremialista.

El nombramiento de Valencia, quien hasta el cierre de esta edición tenía un piso de al menos 30 votos (cifra cercana al quórum para ser ratificado), descolocó a todas las fuerzas políticas y particularmente a RN, donde existía un acuerdo para respaldar en primer lugar a Juan Agustín Meléndez, fiscal nacional interino y persecutor regional en Los Ríos. Hasta antes de la hora del almuerzo de ayer, Meléndez era el candidato del gobierno -según la información de fuentes gubernamentales que manejaban todas las bancadas- para asumir la jefatura del Ministerio Público.

Tras la noticia, inmediatamente afloró una disidencia en la bancada de RN-Independientes. De hecho, fue uno de los factores que demoraron el anuncio presidencial que se oficializó cerca de las 19 horas.

La primera sospecha que levantaron algunos legisladores de Renovación es que detrás del giro del Presidente había una negociación con la UDI. Otros derechamente transmitieron sus dudas de que La Moneda supuestamente había negociado nombrar a Valencia -cuyo nombre era promovido por un grupo transversal e influyente de senadores- a cambio de que gran parte de la derecha dejara caer las acusaciones constitucionales contra los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Marcela Ríos (Justicia).

Hasta el miércoles había siete senadores del comité RN-Independiente con reparos con Valencia, entre ellos Paulina Núñez, Alejandro Kusanovic, Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Carlos Kuschel, María José Gatica y el mismo Ossandón. Sin embargo, ayer en la mañana ya varios aflojaron en esa resistencia inicial y particularmente Ossandón dio señales de que estaría dispuesto a votar a favor. Los principales reparos se mantenían en Kusanovic, Castro y Aravena, mientras que en una postura de suspenso estaban Núñez, Gatica y Kuschel. El resto de los senadores de ese comité desde antes ya tenía claro que apoyaría la nominación.

Consultado Ossandón si sospechaba de que detrás hubo una negociación para bajar las acusaciones, reveló que llamó al líder de los diputados de RN, Andrés Longton, para saber si era efectivo ese rumor, a lo que el jefe de bancada le respondió que no tenía información en ese sentido.

En el PPD, por su parte, fue notificado por el gobierno el jefe de bancada, Jaime Quintana, quien inmediatamente difundió la noticia a los miembros de su comité, donde la mitad son independientes.

De la sorpresa inicial, algunos integrantes del grupo PPD-Independiente pasaron rápidamente a la molestia. Entre los seis senadores de ese grupo, hay al menos cuatro que están con dudas de apoyar a Valencia, entre ellos el mismo Quintana, Ricardo Lagos Weber, Ximena Órdenes y Loreto Carvajal.

“Yo y varios en mi bancada hemos sido partidarios de que el próximo fiscal venga de la carrera funcionaria del Ministerio Público. Creemos que es la mejor manera de abordar los desafíos que hay. El Presidente ha optado por alguien distinto. Esperamos ver qué presentación hace (Valencia) y ahí tomaremos una decisión”, dijo Lagos Weber.

“El gobierno ha sido vencido frente a un gallito iniciado por senadores”, aseguró Carvajal.

En el caso de la bancada de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) -oficialista-, los dos senadores de ese comité (Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez) expresaron su distancia con Valencia. “Si él no mantiene su autonomía, eso se va a prestar para contubernios políticos”, dijo hoy Velásquez.

Por su parte, a los senadores del PC (Daniel Núñez y Claudia Pascual) no les generaba entusiasmo ninguno de los nombres de la quina elaborada por la Corte Suprema, por lo que tras conocer el nuevo anuncio de Boric reaccionaron con cierta resignación. No obstante, en las últimas horas, las dudas se han acrecentado entre los comunistas.

“Fue el nombre que la derecha dura, la UDI y sectores de RN, instalaron”, dijo Daniel Núñez a Radio La Clave, mientras que la senadora Pascual prefirió guardar silencio, a pesar de las peticiones de la prensa para que diera una opinión.

En tanto, resignado reaccionó el senador Latorre (RD), quien tras ser notificado de la decisión reveló que “le dije al Presidente que iba a respaldar su decisión. Soy senador oficialista y presidente de partido a pesar de mis reparos con Ángel Valencia”.

Parlamentarios de la alianza de gobierno señalan que fue tal la sorpresa por el giro que dio el Presidente, que muy pocos senadores oficialistas salieron en respaldo.

Los únicos que estaban contentos, señalan, eran los senadores Alfonso de Urresti (PS), Fidel Espinoza (PS) y Pedro Araya (Indep.-PPD), quienes son los principales díscolos del gobierno.

Un caso aparte es el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien tiene un antiguo lazo de amistad con Valencia desde la época del colegio. Hoy ambos son compadres, es decir, cada uno es padrino del hijo menor del otro.

No obstante, en el Senado dan por descontado que Elizalde tendrá que inhabilitarse, a pesar de que no esté obligado legalmente, pues la Ley Orgánica del Congreso exime los conflictos de interés cuando se trata de nombramientos o acusaciones constitucionales. Aún así, por prudencia, el mismo Elizalde ha dado señales de que no votaría en este caso.

En su gira por la Región de Los Ríos, el Presidente defendió su decisión, fustigando a quienes ya han dicho que podrían rechazar el nombre. “Hoy día presentamos un tercer nombre, que tuvo una alta votación en la conformación de la quina y aún así hay algunos amenazando con que van a rechazar. Yo les pregunto a qué están jugando”, dijo.

“Hemos presentado dos nombres que han sido rechazados por el Senado, presentamos un tercero. ¿Van a hacer lo mismo? Yo los invito acá a que actuemos de una vez por todas con responsabilidad”, agregó.

Pese a las dudas y disidencia, hasta el momento Valencia está cerca de contar con el quórum para ser ratificado.

En el PS habría seis votos a favor (sin contar a Elizalde); el PPD aportaría dos respaldos y RD uno.

En el caso de la derecha, la UDI aportaría ocho votos (la única disidencia es David Sandoval); RN hasta el momento sumaría otros seis; el republicano Rojo Edwards está inclinado a favor y Evópoli daría el apoyo de sus tres legisladores.

En las fuerzas no alineadas, los dos senadores demócratas (Matías Walker y Ximena Rincón) también respaldarían a Valencia, al igual que el independiente Karim Bianchi.

En base a ese conteo conservador -sin considerar a los parlamentarios que están con dudas o que no han anticipado su postura- Valencia ya suma 30 votos, es decir, a tres de lograr el piso de dos tercios del Senado.

A su vez, la independiente Fabiola Campillai no se ha pronunciado. Lo mismo los senadores DC, salvo Iván Flores, quien era uno de los principales promotores de Meléndez y señaló que su voto estaba en suspenso.

De esta forma, los promotores de Valencia están optimistas y sostienen que si se suman al final más votos del PPD, del PC, de RN y de la DC, el abogado penalista se acercaría a 40 respaldos. Sin embargo, aún existe una cuota de incertidumbre de que el discurso de los disidentes logre permear en el oficialismo.

En tanto, en el gobierno desmienten categóricamente que se haya negociado alguna salida específica a las acusaciones constitucionales que prepara la derecha tanto contra Ríos como contra el ministro Jackson.

Las mismas fuentes son enfáticas en recalcar que el gobierno tuvo que ceder, porque no podía seguir con un “tironeo” permanente con el Senado.