Polémica por tierras de subsecretario Ubilla en La Araucanía llega a la justicia: Mapuches presentan demanda de nulidad de compra

Fue el 2 de noviembre del año 2009 cuando se registró en la notaría de Luis Enrique Espinoza Garrido la compra-venta realizada entre Guadalupe Moris Gajardo y el actual subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney por un terreno ubicado a 13 kilómetros de Pucón que desde lo alto permite una vista despejada del sector de Quetroleufu. Ahí construyó la autoridad gubernamental una casa de veraneo.

Tal como publicó hace algunas semanas Interferencia, la adquisición original se hizo por los lotes números 12, 14 y 16, correspondientes a parte de la hijuela 127 B1, de 94.781 metros cuadrados, que forman parte de comunidad mapuche Mariano Millahual. A este territorio había accedido Moris Gajardo tras la liquidación de la sociedad conyugal que había mantenido con Jorge Painequir Molina, quien a su vez había recibido las tierras luego de la división en 1983 de la reserva de la comunidad indígena. En 2012, siendo parte del primer gobierno de Sebastián Piñera, Ubilla Mackenney sumó, tras la muerte del esposo de Painequir Molina, el lote 17B a su propiedad. En total, el abogado invirtió $18,5 millones que fueron traspasados desde la Sociedad de Inversiones Quetroleufu Limitada de su propiedad.

Hoy seis familiares directos de Painequir Molina –cinco hermanos y un sobrino- aseguran que las transacciones vulneran la ley y presentaron ante el Juzgado de Letras de Pucón una demanda de nulidad absoluta que pretende dejar sin efecto la compraventa. La acción se presenta en contra del subsecretario y de Moris Gajardo.

La acción se da luego de que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena entregara a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que revisa este tema, un informe técnico en que asegura que Ubilla Mackenney no vulneró la ley ya que al momento de adquirir la propiedad ésta no se encontraba en poder de un mapuche. "Una tierra indígena al pasar a tener como titular del dominio a una persona no indígena, sea a través de un procedimiento especialmente reglamentado por la misma ley indígena, como es el caso de las permutas de tierras, sea a través de procedimientos legales ordinarios que no implican la enajenación de tierra indígena, pero que conducen legalmente a su adquisición (…), no puede sino perder la calidad de tierra indígena y en concordancia con lo dispuesto en el citado artículo 12, inciso final, ya analizado, no cumpliría con el requisito de tener como titular del dominio a una persona indígena", se consigna en aquel documento.

Sin embargo, según el escrito del abogado Gabriel Osorio Vargas, las tierras no puedan "ser desafectadas de su carácter por una liquidación de la sociedad conyugal, por compraventas o aportes. Las limitaciones que tienen estos inmuebles especiales siguen al bien, sea quien sea la persona que los tenga bajo su dominio".

Por ello, plantea, la transacción "se realizó en evidente infracción de lo dispuesto en los artículos 1,2, 12, 13 y demás pertinentes de la Ley Indígena" lo que se traduce en que debe "sancionarse con la nulidad absoluta de los actos o contratos referidos". También apunta a que "este acto jurídico violenta especialmente las limitaciones del artículo 13 de la Ley Indígena, en tanto se enajenan tierras indígenas a Rodrigo Ubilla Mackenney, quien no pertenece al pueblo mapuche y, por tanto, no podría adquirir nunca una propiedad calificada de indígena".

Consultado por La Tercera PM Osorio Vargas enfatiza que "hay sentencias de la Corte Suprema en casos muy parecidos en que se ha resuelto la devolución de terrenos a las comunidades, un comunero, por ejemplo, logró que se le devolviera un terreno que al momento del reclamo pertenecía a una forestal. Es bastante factible que recupere los terrenos".

El profesional detalla que al conversar con sus patrocinados "había incertidumbre y temor por el cargo en el gobierno del demandado, pero no puede ser que personas que tienen incidencia en el conflicto mapuche durante el ejercicio de su mando el año 2012 hayan actuado en infracción a la ley de indígena".

Consultado por el tema, Ubilla Mackenney Frente a la demanda civil interpuesta por la compra de parcelas que realicé en 2009 y 2012, quiero señalar que el informe en derecho de Conadi estableció de manera categórica que la adquisición de 1,8 hectáreas se realizó sobre terrenos que no tenían la calidad de indígenas al momento de la transacción, ajustándose estrictamente a la legalidad vigente.

De todas formas, es positivo que el tema se analice en la arena judicial, dado que me da la oportunidad de defenderme de las acusaciones que, de acuerdo a todos los antecedentes, se ajusta plenamente a derecho.

Tal como lo anuncié en su momento, contrataré los servicios de un abogado particular, toda vez que la acción judicial es contra el ciudadano Rodrigo Ubilla. Estoy y estaré siempre disponible para colaborar con la justicia, tal como lo he hecho hasta ahora, entregando todos los antecedentes y los informes que se han solicitado. Ejemplo de ello es que al ser consultado por la comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, remití toda la información requerida".