Entre marzo de 2010 y junio de 2011, el abogado Sebastián Donoso fue asesor especial para Asuntos Indígenas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Luego, colaboró en la formación del programa de gobierno del actual Mandatario, específicamente, en las propuestas sobre pueblos originarios.

Desde esa vereda, el también consejero del Instituto de Derechos Humanos (INDH) y docente de la Universidad Católica, hace un análisis de lo que está ocurriendo en La Araucanía, de cómo la centroderecha ha abordado el tema y las posibles soluciones a un asunto que, luego de los incidentes ocurridos en municipios de la IX región, se agudizó aún más.

¿Cuáles han sido los principales errores históricos que se han cometido desde el Estado al abordar los asuntos indígenas?

Es difícil responder eso sin sobre simplificar el tema u omitir elementos. Pero creo que un factor muy relevante es que al abordar de la cuestión indígena se ha hecho principalmente desde la pregunta ¿qué hacemos con los mapuches?, que a mi juicio es la pregunta equivocada. Nunca nos hemos planteado seriamente la pregunta sobre qué es lo que piensan o quieren los mapuches. Y por otro lado creo que el Estado ha fallado en darle un cauce institucional a la cuestión, primando siempre una mirada desde los grupos dirigentes de Santiago sobre qué es lo que se debe hacer con la Araucanía. La acumulación de todo eso a través de decenios creo que influye mucho en lo difícil que es la convivencia y la poca confianza que existe en que el diálogo pueda ayudar a resolver la situación.

Para muchas personas que siguen de cerca los temas indígenas, lo que vimos este fin de semana implica un retroceso de 20 años. ¿Comparte esa afirmación y cuál es su análisis de lo que está ocurriendo actualmente en La Araucanía?

Más que un retroceso, lo que yo veo con mucha preocupación son señales de agudización de un fenómeno que se está incubando hace años, que es el enfrentamiento entre civiles y la auto-tutela. Es la evidencia palmaria de que el Estado no es capaz ni de asegurar el orden público ni de proponer un marco institucional para abordar la cuestión.

¿Qué tanto ha perjudicado que la violencia sea el marco inicial desde donde, históricamente, se ha abordado este tema?

Me parece que a partir de fines de los 90, efectivamente ha primado una mirada que aborda el tema principalmente desde el ‘conflicto’, lo que tiene dos consecuencias: por un lado se instala una mirada sobre la cuestión indígena que es eminentemente negativa, y por otro el tema tiene más o menos visibilidad pública dependiendo del nivel de conflictividad que existe, lo que hace que en tiempos de ‘calma’ nos olvidemos del tema.

El lunes el senador Huenchumilla señaló que “la violencia no se justifica, pero la violencia hay que explicarla”. Usted, ¿cómo la explicaría?

Creo que todos estamos de acuerdo en que el respeto al Estado de Derecho y el rechazo a la violencia son condiciones básicas para cualquier comunidad humana, sobre todo para una zona tan golpeada como la Araucanía y regiones aledañas. Pero no podemos juzgar lo ocurrido en los últimos 25 años sin conocer y entender lo que podríamos llamar la ‘historia larga’. Hoy se le exige a los mapuches –o a quienes dicen representarlos- que pongan fin a la violencia, respeten la ley y actúen dentro del Estado de Derecho. Y está bien que lo hagamos. Pero no podemos olvidar que por mucho tiempo, sobre todo en el período que va más o menos entre 1860 y 1930, fuimos el resto de los chilenos –directamente o a través del Estado- quienes usamos el Estado de Derecho y la ley para cometer graves injusticias contra los mapuches, a menudo acompañadas de abusos y violencia. Las consecuencias de todo eso el pueblo mapuche las está viviendo hasta hoy. Ahora bien, creo que debemos ser muy claros en que ninguna injusticia del pasado justifica el recurso a la violencia hoy. No podemos nunca renunciar al diálogo y al debate institucional como forma de resolver nuestras diferencias y asuntos pendientes.

¿Cree que existe racismo en Chile en contra de sus pueblos originarios?

Creo que sin duda tenemos muchas actitudes racistas hacia los pueblos indígenas. El mismo hecho que todavía existan personas que hablan de los ‘indios’ es testimonio de ello. Creo que en general tenemos una idea muy pobre y desfigurada de cuál es el acervo y legado cultural de los pueblos indígenas. Eso incide, por ejemplo, en nuestra valoración del mapudhugun, una lengua que es riquísima desde el punto de vista linguístico.

De forma transversal, varios valoran el inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera como un momento esperanzador donde se acercaron posiciones entre el Estado y las comunidades mapuche. Luego de eso, vino el asesinato a Camilo Catrillanca y todo lo trabajado se cayó. ¿Qué tanto afectó el caso Catrillanca y qué heridas dejó en las confianzas?

Efectivamente creo que el Ministro Moreno encabezó al inicio de este Gobierno un esfuerzo de diálogo que no tiene precedentes desde 1990 al menos y que es reconocido y valorado por muchas personas y organizaciones indígenas. El caso Catrillanca sin duda afectó profundamente ese camino que se había iniciado, y no podía ser de otra forma. Sin embargo creo que el Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de la Araucanía que resultó de ese proceso tiene elementos que siguen siendo muy válidos y que podrían servir como base para retomar el diálogo.

¿Qué elementos siguen siendo válidos?

Desde ya en ese acuerdo hay una propuesta de inversión pública que es clave para hacer frente a deficiencias de infraestructura, servicios y otros que se arrastran hace tiempo en la región. Pero más importante que eso, el Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de la Araucanía hizo varias propuestas relacionadas con la institucionalidad. Además del reconocimiento constitucional, propuso avanzar con el proyecto de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y con el proyecto que crea los Consejos de Pueblos Indígenas, y generar un mecanismo de participación política especial de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional.

¿En qué ha fallado el actual gobierno?

Creo que no tiene mucho sentido esforzarse en identificar las fallas de éste o cualquier otro gobierno. Necesitamos una mirada de Estado en que todos los involucrados –sea cual sea su color político o convicción- vean las fallas de los gobiernos como si fueran una falla propia. Lo que sí me atrevo a decir es que los errores o contratiempos no pueden ser excusa para dejar de intentarlo. Lo más valioso que tuvo el esfuerzo del Ministro Moreno –más allá del valor del diálogo en si mismo- es que tuvimos una alta autoridad que estuvo dispuesta a arriesgar su capital político tratando de hacer un aporte a la resolución de un tema que muchos ven como inabordable.

El actual gobierno y la centroderecha en general han manifestado otras posturas sobre estos temas que menciona. El propio Presidente Piñera ha estado a favor de crear un consejo indígena y no un ministerio, y desde Chile Vamos no se han propuestos tener escaños reservados o cuotas tanto para el Congreso o para una posible convención. ¿Qué salida ve cuando el actual sector que gobierna y de forma histórica, no ha estado a favor de estas medidas que se han hecho en los últimos años?

Efectivamente, si uno mira el debate público reciente, hay varios de estos temas que ha costado que entren en la agenda de temas de la centroderecha. Esa es una de las razones por las que destaco el valor que tuvo el proceso de diálogo que inició el ministro Moreno hasta llegar con el Acuerdo por la Paz y Desarrollo de La Araucanía, porque ese diálogo precisamente permitió incorporar puntos de vista con miras a hacer una propuesta que interpretara lo más posible a todos los sectores, y pudiera generar así condiciones para la paz y el entendimiento. Por eso es importante seguir apuntando al diálogo, porque si me preguntas yo hace 10 o 15 años tampoco tenía mucha convicción sobre el tema de los escaños reservados o el ministerio. Pero, precisamente, involucrarse en estas conversaciones permite ir entendiendo las posturas de los otros e incorporar aspectos que son claves para avanzar.

Dentro de las demandas que han surgido, se pide con urgencia el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, la creación de un consejo de pueblos indígenas y de un ministerio indígena. ¿Está de acuerdo? ¿Cree que un ministerio ayudaría?

Creo que todas las iniciativas que tiendan a darle un cauce institucional al tema y a incrementar los espacios de participación de los pueblos indígenas, son críticas para poder avanzar en la dirección correcta. Por eso estoy de acuerdo con la creación de los Consejos de Pueblos Indígenas y el Ministerio de Pueblos Indígenas. Y por eso también es tan importante el reconocimiento de los pueblos indígenas que deberemos incluir en la Constitución.

En el Congreso se está acelerando el proyecto que garantizaría escaños reservados para los pueblos originarios en la convención constitucional. ¿Cree que esta iniciativa es fundamental para la recomposición de las confianzas?

Efectivamente creo que será fundamental. No veo cómo podríamos fijar ‘las reglas del juego’ para el Chile que queremos, sin la participación de los pueblos indígenas.

¿Y qué puntos debería abordar una posible convención constitucional en relación a los pueblos originarios?

Esa es una pregunta que da para una conversación más larga. Pero en síntesis el texto constitucional debiera a mi juicio abordar tres aspectos básicos: primero, reconocer la existencia de los pueblos indígenas; segundo, establecer los derechos que se les reconocen; y tercero, establecer los principios y mecanismos que queremos que orienten la relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. Es lo que yo llamo ‘la fórmula de convivencia’, en cuya médula debiera estar una lógica de interculturalidad.