Toque de queda y bloqueos de carreteras: las claves para entender la nueva crisis que golpea a Perú

El Presidente peruano, Pedro Castillo, decretó un toque de queda en Lima y el vecino puerto del Callao tras un paro parcial de transportistas que causó bloqueos de rutas y disturbios este lunes.

“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear (...) y en aras de restablecer la paz y el orden interno (...), el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana”, dijo Castillo en un mensaje al país por televisión el lunes en la noche.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, confirmó que el Presidente y otros miembros del Gabinete acudirán durante la jornada al Congreso atendiendo la invitación aprobada por los parlamentarios el lunes para dialogar sobre medidas ante las protestas registradas a nivel nacional.

El primer ministro respondió así a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), quien reclamó por la decisión de decretar toque de queda, medida que calificó como “extrema”.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un habeas corpus ante el Poder Judicial para dejar sin efecto la inmovilización social dispuesta por el gobierno.

En tanto, el diario El Comercio dijo en su editorial que “la medida anunciada por el gobierno es un atropello al Estado de derecho y a las libertades individuales”.

A continuación las principales claves para entender la nueva crisis que golpea a Perú.

El país enfrenta un gran descontento social debido al alto costo de la vida, gatillado por el alza del precio del combustible, fertilizantes y alimentos. Las manifestaciones se han concentrado en la región céntrica de Junín, donde ya han muerto al menos tres personas, una de ellas un joven de 13 años que no participaba de los reclamos y que intentó escapar de la represión policial y falleció ahogado en un río.

Casi el 60% de los electores de esa región votaron en 2021 por Pedro Castillo, pero el Presidente descalificó las movilizaciones el jueves, señalando que eran de “dirigentes y cabecillas pagados”.

Los ciudadanos respondieron con carteles que decían “Castillo traidor” o “Soy cabecilla de mi familia”, y exigieron que viaje hasta a la región para dar solución a los problemas del costo de vida. Sin embargo, siete ministros llegaron a la ciudad de Huancayo, capital de Junín, para instalar mesas de diálogo con el apoyo del arzobispo de esa ciudad, quien ha sido mediador en muchos otros conflictos sociales por décadas, el cardenal Pedro Barreto.

En un intento por apaciguar los reclamos, el gobierno suspendió el domingo y hasta fines de junio un impuesto para algunos tipos de gasolinas y diésel que elevaban entre el 28% y el 30% el precio final. Así, el diésel más usado bajó su precio en US$ 0,47 el galón, pero varios manifestantes dijeron que el lunes el combustible seguía elevado y sin variaciones en las gasolineras.

Además, Castillo decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que subirá a 1.025 soles (US$ 275) a partir del 1 de mayo.

El alza del precio de los combustibles ha elevado el costo de los alimentos. El mandatario ha admitido en las últimas semanas que Perú vive una crisis económica y señala que el alza de precios impulsada por los efectos de la pandemia de Covid-19 ha sido atizada por la guerra de Rusia en Ucrania, que ha llevado al país a una “economía de guerra”.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, que mide el índice de precios al consumidor, anunció el viernes que la inflación mensual de marzo fue del 1,48%, la más alta en 26 años. En febrero de 1996 la inflación llegó al 1,53%, añadió.

En esta región fue gobernador Vladimir Cerrón, el político que impulsó a Castillo para que llegara a la presidencia. Si bien Cerrón pertenecía a Perú Libre, no podía presentarse a las últimas elecciones presidenciales por una inhabilitación para cargos públicos, por lo que habría impulsado la candidatura del actual mandatario. Los manifestantes, según el portal Huanca York Times, apedrearon la casa de Cerrón.

Junín, dice el diario El País, es una de las tres regiones del país andino con mayor producción de lácteos y un gran porcentaje de la población volcada a la agricultura familiar. Los alimentos del Valle del Mantaro salen hacia la capital o hacia la Amazonía por la Carretera Central, justamente la vía que ha permanecido bloqueada para el paso de buses y camiones de carga desde que comenzaron las protestas.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país, rechazó el porcentaje de aumento salarial indicando que era insuficiente y llamó a sus afiliados a marchar el jueves.

Al tiempo que la Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú reclamó contra el alza de los precios de los combustibles y peajes, por lo que anunciaron que el paro de sus afiliados se prolongaría hasta hoy.

En este sentido, un paro parcial de transportistas de carga y de pasajeros causó el lunes bloqueos de rutas y suspensión de clases en el país.

Las protestas se han realizado en Lima y las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali, entre otras.

El lunes, en el distrito de Ate, al este de Lima, la policía lanzó gases lacrimógenos a manifestantes que con neumáticos encendidos y piedras impedían la circulación en la Carretera Central, que conecta la capital peruana con la sierra andina central.

Además, se registraron diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía.

El toque de queda empezó a las dos de la mañana del martes y concluiría poco antes de la medianoche. Sin embargo, durante la jornada Castillo dejó sin efecto la medida en Lima y Callao tras reunirse con congresistas, indicó el diario La República. “Desde este momento, vamos a dejar sin efecto esta orden de inamovilidad que corresponde a llamar a la tranquilidad al pueblo peruano”, dijo durante la reunión en el Congreso.

El toque de queda permite el funcionamiento de los servicios esenciales, incluidos los mercados de alimentos, farmacias, hospitales y recolección de basura. No obstante, en varios hospitales se presentaron problemas para la atención de pacientes con citas programadas con anticipación, porque los médicos tardaban en llegar.

El ministro de Justicia, Félix Chero, dijo a la radio local RPP que la medida busca “pacificar el país”, debido a que personas violentas se han infiltrado en la protesta social para cometer actos vandálicos.

La prohibición de personas en las calles por casi 24 horas del martes recuerda los pasados confinamientos ordenados para evitar los contagios de coronavirus, que han dejado más de 212.000 muertos desde el inicio de la pandemia en Perú.

La prensa señala que los limeños fueron sorprendidos por la medida, que causó rechazo en las redes sociales. Las agencias de noticias señalaron que muchos limeños no respetaron el toque de queda, ya que debían ir a sus sitios de trabajo, hospitales u hoteles, pero los infractores no eran molestados por los militares ni policías. El mayor problema era la falta de buses públicos.

En el distrito turístico de Miraflores muchos empleados llegaron por diversos medios a los hoteles donde trabajan, pagando taxi o caminando. Otros pudieron usar el tren elevado urbano, que atraviesa Lima de norte a sur, pero lejos de la costa, y que seguía operando.

Las principales líneas de transporte público no trabajaron, por lo que automóviles particulares llamados taxi-colectivos ofrecían transporte a precios que triplicaban el normal.

Los militares salieron en apoyo de la policía y se apostaron en puntos estratégicos de los distritos más populosos de la periferia, pero también cerca del aeropuerto, algunas gasolineras y centros comerciales.

El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo que el toque de queda de este martes estuvo motivado por información de inteligencia que indicaba que “los actos de violencia iban a generalizarse sobre todo en el centro de Lima, por lo que había que tomar medidas extremas. No es un capricho”.

Estas protestas son las primeras de gran envergadura contra el gobierno de Castillo y ocurren una semana después de que superara una moción de destitución en el Congreso. La desaprobación de Castillo es de 66%, según un reciente sondeo de Ipsos.

El mandatario es criticado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción en la fiscalía. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete ministerial.

El diario El Comercio indicó que la medida tendría un impacto directo en el PIB del país y además, significaría una pérdida de casi 1.000 millones de soles (US$ 270 millones) para Lima y Callao, según Jorge Carrillo Acosta, experto en Finanzas y Profesor de Pacífico Business School.

La calificadora de riesgo Moody’s aseguró el lunes que ve “poco probable” que Castillo culmine su gestión en 2026. A través de un comunicado, sostuvo que el país vive un escenario político polarizado que podría propiciar que el mandatario sea vacado o que renuncie.

Moody’s recordó que Castillo ya enfrentó dos pedidos de vacancia, así como críticas por las cuestionadas elecciones de sus ministros. Resaltó, además, que desde el inicio de su gestión ya ha nombrado cuatro gabinetes.

El anuncio del toque de queda coincidió con el 30 aniversario del autogolpe de Estado perpetrado por el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992.

Ese domingo en la noche, el país fue sacudido por la frase “Disolver, disolver el Congreso” de Fujimori. Tras el sorpresivo anuncio, que le permitió asumir poderes absolutos, tanques del Ejército salieron a las calles de Lima y rodearon la sede del Congreso, el Palacio de Justicia y otros puntos de la ciudad.