Un correo de Lavín Jr., audios y pruebas que complican a Cathy Barriga

Propiedades del archivo: autor Joaquín Lavín León.

Sorpresa causó en la PDI que uno de los archivos de un computador incautado desde las oficinas de la Municipalidad de Maipú, en medio de la investigación penal contra la exalcaldesa Cathy Barriga (Ind.-UDI), era de autoría ni más ni menos que de su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín.

Lo llamativo, sostienen quienes conocen del hallazgo, es que el “word” daba cuenta de una serie de contrataciones, desvinculaciones y sanciones administrativas a funcionarios del municipio. ¿Qué hacía un parlamentario de la República dirigiendo acciones de un gobierno local? Esta fue una de las dudas que surgieron en el equipo investigador liderado por la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina y la PDI. Pero eso no era todo. En la revisión de los correos reenviados todo el documento era “blanqueado” por un abogado que en aquella época asesoraba jurídicamente a la autoridad edilicia. Es decir, el autor del documento era Lavín Jr., pero quien firmaba el acta era un abogado.

Todas estas situaciones fueron poniendo en el radar de la investigación el rol que habría jugado el parlamentario en el mecanismo que se le atribuye a su cónyuge. Una gestión que, según formalizó esta semana el Ministerio Público, le valió a la comuna de Maipú contar con un déficit presupuestario que a la fecha alcanza casi $31 mil millones.

Con estos antecedentes y la declaración de algunos testigos, la mira de la fiscal Encina -entonces- se posó en el congresista, y fue así como hace dos meses se solicitó al Noveno Juzgado de Garantía el alzamiento del secreto bancario de las cuentas del hijo del histórico exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín Infante.

El 5 de diciembre entonces el juez Hugo Torres accedió a la solicitud y ordenó levantar el secreto bancario de él, su esposa, Cathy Barriga, y de otras 20 personas que prestaban servicios para la municipalidad.

“Se autoriza lo solicitado, ordenándose levantar el secreto bancario de las personas naturales y jurídicas individualizadas, para que las instituciones bancarias respectivas remitan al Ministerio Público con carácter de urgente la información solicitada, relativa al período que comprende desde diciembre del año 2016 hasta junio del año 2021, sin previa comunicación a los afectados”, se lee en la resolución del magistrado.

El rol de Joaquín Lavín León, sin embargo, no estaría suscrito solamente a la desvinculación de funcionarios de la Municipalidad de Maipú, sino que también a la manera de llevar adelante la gestión municipal a cargo de su esposa.

Así, al menos, dio cuenta ante la Fiscalía el abogado Felipe Contreras, quien se desempeñara como asesor de la municipalidad entre el 2016 y 2018. Primero fue director jurídico, luego administrador municipal subrogante, y luego titular. En su momento, según él mismo declaró en diciembre pasado, tenía acceso a todo lo que tuviera que ver con el manejo de la comuna, desde la alcaldía.

En su testimonio dio varias luces del rol de Lavín León en la municipalidad, partiendo porque lo sindica a él como responsable de su llegada a Maipú. “Yo trabajaba en la Municipalidad de Lo Barnechea, y me llamó Joaquín Lavín hijo y me entrevisté con Cathy Barriga en un mall. Estaban en esa entrevista la Cathy Barriga y Andrea Monsalve. Me ofreció el cargo de director jurídico, y nunca supe cómo llegó mi CV allá. Esto debe haber sido a finales de noviembre del 2016″, partió relatando.

Contreras detalló que Barriga “era muy creativa, tenía muchas ideas y ganas de hacer muchas cosas. Yo ya estaba subrogando en la administración en donde participaba directamente Joaquín Lavín, a través de Carlos Fairlie (administrador municipal y hombre de confianza de la alcaldesa) que era su asesor personal, o directamente tenía contacto con nosotros, y nos hablaba directamente, y nos sugería que se hiciera una u otra cosa”.

Ella (Barriga) se empezó a frustrar porque “las cosas que quería hacer no se podían hacer”. Esta última frase hizo que la fiscal Constanza Encina le preguntara por qué no se podía, ante lo que el abogado contestó: “Me llamaba Joaquín Lavín y me pedía que le dijera por qué no se podían hacer las cosas que ella pedía, y yo le explicaba que muchas de las cosas que ella quería hacer simplemente no se podían. Me refiero a que eran cosas que estaban fuera del presupuesto administrativo”.

Contreras también señaló cómo se cerraban los contratos por trato directo, los cuales se hacían con distintos proveedores, pero la fiscal insistió con Lavín León y le preguntó: “Usted mencionó que muchas de las sugerencias o explicaciones las requería Joaquín Lavín. ¿En esa época era diputado?”. El abogado respondió que “sí” y agregó “por mi lado yo simplemente le decía que no cuando me sugería cosas que no me parecían. Sé que hay funcionarios que sí eran mucho más cercanos al ‘diputado’ como nos decían, y cuando él les pedía algo le reportaban directamente a él y sabía todo lo que pasaba”.

“Vamos a ver, Matías, ¿cuál es la deuda obligada en general sin filtro de aquí a diciembre? ¿Qué deuda tenemos de aquí a diciembre que cumplir? Sin filtro y otra con los urgentes, una... la total total y otra con lo urgente urgente”.

Este es uno de los audios con los que cuenta el Ministerio Público para apuntar a que la exalcaldesa tenía pleno conocimiento del déficit presupuestario y la “bicicleta” con la que estaba costeando los proyectos de su gestión.

Pero hay más. En el expediente, de casi mil fojas, existe un testimonio clave. Se trata de Jorge Córdova, quien tiene el cargo de administrador municipal y que descrió que “la exalcaldesa utilizó principalmente dos mecanismos defraudatorios, la sobreestimación del presupuesto municipal y la adulteración de los certificados de disponibilidad presupuestaria”.

En esa misma línea, en el mismo sentido declara María Angélica Grevert Zabala, analista presupuestaria, quien aseguró que Barriga “solicitaba recursos para proyectos no planificados. Al respecto, nuestra unidad entregaba las alertas al director SECPLA de turno, quien en ocasiones entregaba dicha información al administrador municipal de turno, que por ende entregaba la información a la alcaldesa, no haciendo nada al respecto y ejecutando de todas formas el proyecto”.

Junto con esto, expresó que “los proyectos impulsados por la exalcaldesa no contemplados en el presupuesto se financiaban con los ajustes presupuestarios, lo que llevaba a entrar en mora con los proveedores comprometidos, donde estos nos demandaban y nos cobraban intereses; asimismo, para cubrir las deudas se ocupaban recursos del presupuesto del año siguiente, transformándose en una “bicicleta”, la cual cada vez iba aumentando la deuda y déficit financiero anual del municipio”.

No solo el levantamiento de sus cuentas bancarias, sus contactos y en su manera de gestionar la Municipalidad de Maipú es objeto de investigación de la fiscalía y la PDI en la causa en que se indaga fraude al Fisco por parte de Barriga. Los peritos también se encuentran en otra misión: encontrar toda evidencia que esclarezca y apunte a cómo se gastaron de manera ilícita más de $31 mil millones de recursos públicos.

Pero esa búsqueda no ha estado exenta de complicaciones. Así lo revela un reservado informe de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI y que analizó los resultados de la incautación de computadores y teléfonos fiscales desde la Municipalidad de Maipú el 5 de octubre del 2023.

Ese día los detectives sacaron computadores, teléfonos, tablets y todo elemento tecnológico que pudiera alojar información que apuntara a la gestión municipal de Barriga entre diciembre del 2016 y diciembre del 2021. Sin embargo, al momento de hacer el catastro hubo sorpresas: la casilla de correo que utilizaba la exalcaldesa había sido borrada nueve días antes de que los policías llegaran al municipio. Además, faltaban celulares fiscales y un notebook que usaba Barriga había sido sustraído desde su oficina el 12 de enero del 2021, sin que nadie hiciera la denuncia respectiva.

No eran los únicos celulares -iPhone todos- a cargo de Barriga y su equipo, sino que, de acuerdo al peritaje de la PDI, eran nueve, aunque solo devolvieron seis. “La exedil no hizo entrega de tres equipos celulares, además de una tablet”, advierte la PDI en el texto.

La próxima semana la Fiscalía ingresará la apelación para buscar así, ahora ante la Corte de Santiago, que se declare para la exalcaldesa la medida cautelar de prisión preventiva. Las pruebas recogidas hacen creer al Ministerio Público que la libertad de Barriga es un peligro para la sociedad.