Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana, y restricción de armas: “Tendría que haber una expropiación, esa persona tenía derecho anteriormente a inscribir un arma”

Una de las medidas que llamó la atención durante la primera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric fue el anuncio respecto a las armas. “Todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que al mismo tiempo fortalezca la institucionalidad a cargo de la fiscalización”, señaló el Mandatario el miércoles 1 de junio.

Para el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, el anuncio es algo que es revisable, por la forma en que esta normativa se vaya a aplicar. Aparte de las medidas restrictivas, sostiene, también se debe avanzar en el fortalecimiento de la persecución del crimen organizado, por lo que espera que se implementen otras medidas para mejorar las condiciones de seguridad en Chile.

Respecto al anuncio del fortalecimiento de Carabineros y la entrega de más recursos a la institución, Johnson espera que estos apunten a la entrega de mayores medios logísticos a la policía, que les permita mejorar sus funciones. Sin embargo, considera que se debe avanzar en la eliminación de algunas funciones que hoy ejerce la policía, lo que permitiría a estos centrarse en labores preventivas. Ante el aumento del ingreso de nuevos funcionarios, el director de Paz Ciudadana advierte que se debe haber un especial cuidado en la selección de aspirantes ante la disminución en los postulantes.

Uno de los anuncios más llamativos del Presidente Boric, en materia de seguridad, fue la prohibición total de armas, ¿cómo considera esta medida? ¿Va en la dirección correcta?

Las armas son un problema, aunque sean legales, porque los países suelen tener mucha más violencia, muchos más homicidios con armas y en Chile los estamos viviendo. Sin embargo, medidas de este tipo tienen que estar bien compensadas, tenemos que tener la capacidad de controlar las armas que hoy están inscritas, no basta con restringir la tenencia de nuevas armas. En segundo lugar, hay que entender que el crimen organizado también tiene una participación en los mercados ilegales de las armas. Que no son armas que pasaron de la legalidad a la ilegalidad, entonces poner trabas a las armas legales no va a resolver este otro problema, sino que aquí tenemos que fortalecer los controles que estamos haciendo en las aduanas para evitar que este flujo de armas ilegales entre al país. Y también tenemos que controlar las armas que son transformadas, armas de fogueo que son habilitadas para el disparo.

Considerando que quienes cometen delitos no usan armas inscritas, ¿qué sentido tiene esta medida? ¿Es una mala propuesta considerando que lo que se quiere atacar es la delincuencia?

No es que todas las armas que ocupan las personas que delinquen vengan del mercado ilegal. Hay una participación en el mercado ilegal de armas que también provienen del mercado legal, entonces ese flujo sí podría tener algún efecto en esa cantidad de armas que están pasando de mercado legal al ilegal. Pero hay otras fuentes más y por lo tanto no basta con atacar solamente a las armas legales. Nosotros consideramos que la tenencia de armas no es un buen mecanismo, pero a pesar de eso consideramos que no es suficiente controlar el acceso a las armas legales de personas que delinquen.

¿Qué hacer entonces?

Si queremos evitar el que pasen armas de manos legales a ilegales tenemos que mejorar los controles en las armas inscritas, no necesariamente restringir absolutamente, aunque a nosotros nos parece que es algo deseable. El tener menos armas en manos de civiles siempre es bueno y consideramos que las armas no son un buen mecanismo para prevenir ser víctimas de delitos, por lo tanto, como fundación siempre nos hemos declarado a favor de una restricción de la tenencia de armas por parte de civiles.

¿Este tipo de medidas puede generar un mercado negro considerando que las personas no tendrán acceso legal a armas? ¿Existen experiencias comparadas en otros países que hayan tomado esta medida?

Lamentablemente no tenemos conocimiento de otras experiencias comparadas en que hayan hecho un análisis de cómo afectó el mercado ilegal el impedir que civiles tengan armas inscritas legalmente. Suele pasar que las personas que inscriben armas legalmente se mantienen dentro de la legalidad. Hay una frontera que no es fácil de cruzar, cuando uno tiene un arma porque quiere defenderse legalmente es un tipo de decisión que es muy diferente al meterse en un mercado ilegal a comprar un arma. No es natural que una persona porque no pueda abastecerse de un arma legalmente automáticamente vaya a comprar un arma en mercado ilegal.

¿Cómo se podría aplicar una ley de este tipo en el caso de personas que ya tienen un arma?

Es una pregunta difícil de responder. Nosotros pensamos que si se implementara una medida de este tipo tendría que aplicarse en primera instancia para las nuevas armas. Pero no así de la misma forma con las personas que ya tienen armas inscritas legalmente, porque tendría que haber una expropiación: esa persona tenía el derecho anteriormente a inscribir un arma. Por lo tanto, la obtuvo de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos que la norma le exigía y no es tal de pensar que exista una obligación de entregarla gratuitamente, sino que probablemente va a tener que haber una compensación y eso significaría quizás expropiaciones o un mecanismo de ese tipo. Y eso es complejo de implementar.

Según cifras de la Dirección General de Movilización la inscripción de armas de febrero a marzo de este año creció más de un 60%. En la misma fecha la internación de armas aumentó más de un 300%. ¿Qué genera que las personas estén prefiriendo tener un arma?

Hoy día estamos en los niveles de inseguridad más altos que hemos medido en la encuesta de Paz Ciudadana que hacemos todos los años. Los delitos son más violentos, por lo tanto, hay una percepción de inseguridad que tiene una relación con ello y las familias chilenas sienten que son muy vulnerables y que están en una situación de inseguridad. Por lo tanto, el correlato entre la sensación de inseguridad y el buscar protegerse a través de distintos medios es bien evidente y por eso es que las armas están siendo buscadas por las familias para tratar de sentirse más seguras.

¿Eso no es una demostración que la gente quiere algo distinto a lo propuesto por el Gobierno?

La gente por supuesto que quiere estar segura. Las familias buscan distintas alternativas en función en nivel de inseguridad que tienen y en función de las que le son conocidas y naturales para defenderse. Y pensar que la mayoría de los chilenos pudiera creer que el armarse es una medida razonable y deseada porque han aumentado la cantidad de personas que compran armas, yo creo que no es correcto.

¿Un proyecto para restringir las armas afecta la libertad individual de las personas?

Es totalmente distinto el pensar que el arma es un derecho. Nosotros al minuto que vivimos en sociedad establecemos ciertas obligaciones, ciertas renuncias y derechos. No es pensable porque históricamente ha existido la posibilidad de comprar armas, que eso se establezca como un derecho. Y por lo tanto no pensamos que el camino correcto sea establecerlo como un derecho, de hecho, los países que lo han establecido así tienen grandes dificultades hoy para restringir el acceso a armas.

¿Qué hacer entonces para darles mayor seguridad a las personas?

El esfuerzo que tenemos que hacer como país es que las instituciones que están llamadas a mantener la seguridad cumplan de manera más efectiva. Si no hacemos estos cambios y seguimos tratando de perseguir el delito de manera poco eficiente como lo estamos haciendo hoy, es natural que las personas traten de buscar el establecer la seguridad a través de medidas como la compra de armas que claramente no van en la dirección que como país deberíamos desear, porque nos dejen como un país más riesgoso, más violento y probablemente con la misma o más cantidad de delitos que están ocurriendo hoy.