Siguen extorsiones en Santiago 1: nueva visita de juez motivó inéditas medidas para enfrentar a bandas extranjeras en las cárceles

Sorpresa causó el pasado 21 de junio la visita inspectiva que realizó el titular del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán, a las instalaciones del Centros de Detención Preventiva Santiago 1. Tal como lo anunció a los funcionarios que estaban ese día en el lugar, buscaba constatar la veracidad de graves denuncias por vejaciones que estarían afectando a parte de la población penal y, de hecho, terminó develando la existencia de una verdadera mafia organizada para torturar a imputados primerizos. Pero el asunto no quedó ahí, pues el magistrado volvió a hacerse presente en el recinto, desencadenando inéditas medidas por parte de las autoridades del gobierno central a fin de enfrentar la problemática. Entre ellas, una solicitud al fiscal nacional, Jorge Abbott, para que designe un fiscal preferente para ilícitos ocurridos al interior de sedes penitenciarias.

Y es que como pudo advertir la tarde del lunes 19 de septiembre cuando llegó a las instalaciones, a pesar de ciertos avances, las vulneraciones siguen ocurriendo. Acompañado nuevamente por un funcionado de acta del mismo tribunal, Guzmán comunicó a los gendarmes de turno que su visita decía relación con dar seguimiento a las medidas implementadas por la institución tras su primera concurrencia, por lo que recorrió nuevamente las dependencias junto al alcaide de la unidad y el propio director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.

Consultado por La Tercera, además, reconoció que a tres meses de los hallazgos, “correspondía realizar un seguimiento a las medidas adoptadas por Gendarmería, en particular ante la persistencia de los reclamos de las personas privadas de libertad acerca de las organizaciones criminales que operan desde su interior”.

De esta forma, tuvo acceso al módulo 33 y 34 -donde alrededor del 50% son ciudadanos venezolanos, colombianos y dominicanos-, y advirtió que albergan a 244 y 266 imputados, respectivamente, en circunstancias que están diseñados para recibir sólo 100 personas. Las condiciones respecto de su anterior inspección eran básicamente las mismas: sigue la práctica de no asignarles dormitorio a los imputados, el hacinamiento persiste, los reclusos deben compartir camas en habitaciones de 3x3 y, en promedio, las celdas son ocupadas por ocho personas. Asimismo, pudo evidenciar que los espacios se mantienen húmedos y con filtraciones de agua servida desde las cañerías de los baños.

En el recorrido, igualmente, el magistrado pudo entrevistarse con un imputado que había ingresado en prisión preventiva el 10 de marzo pasado y que fue víctima de vejaciones y extorsiones al interior del módulo 34, hasta que el tribunal ordenó su traslado. En la conversación, el sujeto reveló que debió gestionar transferencias electrónicas de dinero a distintas cuentas bancarias de imputados extranjeros, para así intentar evitar seguir sufrir agresiones físicas.

Según se pudo acreditar, en su visita, Guzmán volvió a revisar el módulo 88, donde en junio sorprendió in fraganti a un grupo de internos que en ese momento estaba desvistiendo a otro imputado en un sector cercano al baño. Ahí, en esta ocasión, pudo conversar con Urra, el alcaide, y también con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello Abdala, a objeto de analizar las medidas adoptadas, como los sumarios administrativos dispuestos, el traslado de imputados y el progreso de la denuncia ante el Ministerio Público.

Por todo lo anterior, el profesional sinceró que su sensación “es de extrema frustración, pues las condiciones de hacinamiento, higiene e inseguridad son deplorables, haciéndose muy difícil que se cumplan los fines de la pena impuesta mediante las sentencias condenatorias, en particular la rehabilitación y reinserción social, además de algún grado de prevención general y especial que desincentive la comisión de nuevos delitos”.

En esta oportunidad, eso sí, su optimismo es mayor: “Ante la magnitud del problema y la complejidad de las soluciones para morigerar la situación constatada, la presencia de la fiscal de la Corte Suprema y del subsecretario de Justicia en esta visita es una demostración de que el Estado en su conjunto ha decidido dar señales potentes de que se hará lo posible por respetar la dignidad de los presos, procurar generar las condiciones para una efectiva rehabilitación y reinserción social, y por desterrar las organizaciones criminales que afectan tanto la seguridad interna como externa de los recintos penales. Claramente, Gendarmería de Chile está tomando las medidas que apuntan en la dirección correcta”.

De todas maneras, fue enfático en que las soluciones prometidas no pueden quedar sólo en anuncios que “nunca se materializan”, por lo que garantizó que se hará una búsqueda colaborativa de herramientas que resulten eficaces. “No es posible que cada organismo público culpe al otro de las dificultades que se suscitan en relación a la ejecución de las prisiones preventivas y condenas privativas de libertad. En lo que respecta a la administración de justicia, esperaría mayor prioridad y agilidad en las investigaciones del Ministerio Público; defensores con contactos, vínculos y lazos más estrechos y profundos con sus defendidos, y una coordinación del Centro de Justicia de Santiago, que no siga obstaculizando que las audiencias de control de legalidad de la detención y visitas semanales de cárcel se hagan con la presencia directa de jueces, no justificándose que sigan realizándose por videoconferencia”, sostuvo.

En ese contexto fue que este martes el subsecretario Gajardo y el ministro (S) del Interior, Manuel Monsalve, se reunieron con el fiscal nacional Abbott, pues como enfatizó el militante socialista no quieren “permitir que las organizaciones criminales terminen tomando el control de recintos penitenciarios para llevar adelante extorsiones, para transformar las cárceles en sus centros de operaciones o para traficar droga”.

Y si bien ya se habían adoptado medidas producto de esta problemática, luego de la nueva inspección por parte del juez Fernando Guzmán, Monsalve informó que pidieron a Abbott la designación de un fiscal con el cual poder coordinarse a nivel nacional en torno a esta temática, pues el interés del Ejecutivo -explicó- es que exista “un foco, que haya una orientación, un trato preferente, con el objetivo de tener resultados en materia de esas investigaciones”.

Por otro lado, el ministro (S) aseguró que se están evaluando alternativas para el bloqueo de la señal de telefonía móvil en los penales. “Uno puede arrendar equipos para bloquear la señal de telefonía celular, puede comprar equipos para bloquearla o puede legislar para que sea una norma obligatoria a nivel nacional y estamos evaluando las tres alternativas para tomar una decisión con prontitud”, indicó.

Jaime Gajardo, por su parte, informó que se establecerá un foco de trabajo en seis recintos del país para mejorar su seguridad: el centro penitenciario de Arica, el establecimiento de La Serena, el complejo de Valparaíso, Santiago 1, Colina 1 y Colina 2. Según detalló, “el fiscal nacional señaló que va a haber un grupo específico en la Fiscalía Nacional que va a coordinar con los fiscales que tienen vinculación con estos seis establecimientos penitenciarios, que nos va a permitir ir realizando investigaciones más precisas, más eficaces”. Asimismo, insistió en que se está haciendo lo necesario para reforzar medidas de seguridad con tecnovigilancia.