Extorsión en Santiago 1: juez descubre mafias que torturan a imputados primerizos y piden dinero a sus familias

Una grave situación quedó al descubierto esta semana cuando el magistrado Fernando Guzmán llegó sorpresivamente hasta dependencias del principal Centro de Detención Preventiva de la capital tras acoger un amparo en el que se denunciaban golpizas en el recinto concesionado. Junto con establecer que existe un descontrolado hacinamiento, constató que al interior operan organizaciones, principalmente compuestas por extranjeros, que cometen apremios contra imputados, envían videos a sus parientes y les piden altas sumas de dinero a cambio de no quitarles la vida. La denuncia ya está en manos del Ministerio Público y de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.




Módulo 88. Eran cerca de las 11:00 horas del 21 de junio, día feriado, cuando el juez Fernando Guzmán golpeó la puerta del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Iba acompañado con un funcionado de acta del Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Los gendarmes se manifestaron sorprendidos, pues no estaba en agenda la vista de ninguna autoridad, menos la de un magistrado.

- Soy el juez de garantía Fernando Guzmán y voy a realizar una visita extraordinaria para inspeccionar directamente las condiciones carcelarias que hay en este recinto ante graves denuncias que se han puesto en conocimientos de nuestro tribunal.

Así recuerdan al interior de Santiago 1 que se presentó ese día el magistrado. A los custodios no les quedó más que abrir la puerta y acompañarlo a las dependencias. Horas antes el juez Guzmán había recibido en audiencia un amparo presentado por un interno quien tenía golpes en su cuerpo, fractura e incluso signos de haber sido quemados sus genitales mediante el uso de corriente. El imputado refirió que un grupo de internos extranjeros organizados en una banda lo estaba extorsionado y que lo amenazaban con matarlo si es que su familia no entregaba diariamente sumas que van entre los $30 mil y $50 mil. A éstas les envían videos por Whatsapp para mostrarles las golpizas. Tras verificar los antecedentes el magistrado decidió acudir al día siguiente sin aviso al penal. Y así fue.

Tras indagar, el titular del Primer Juzgado de Garantía de Santiago pudo constatar que habían varias denuncias sobre graves situaciones que ocurrirían en el módulo 88 de Santiago 1. Fue ahí donde, según comentan en tribunales, el juez dirigió sus primeros pasos tras ingresar de forma intempestiva al recinto. Una de las cosas que más le llamó la atención -y que dejó constancia en un acta- era que mientras caminaba por la cárcel -la que alberga a imputados en prisión preventiva, es decir personas que aún no han sido condenadas- es el descontrolado hacinamiento. Cuatro internos deben compartir una cama. Junto a esto, también alertó sobre las deplorables condiciones de salubridad.

Una vez que logró arribar al “famoso” módulo 88 sorprendió infraganti a un grupo de aproximadamente 10 internos que en ese momento estaba desvistiendo a un imputado en un sector cercano al baño. “¡Rescátenlo, rescátenlo!”, ordenó de inmediato el magistrado a los gendarmes que lo acompañaban. En ese minuto los internos se fueron encima del agredido y en presencia del juez lo amenazaron de muerte si es que abría la boca. Como era de esperarse ese interno al momento de ser entrevistado por Guzmán guardó silencio.

Las torturas, según se ha podido acreditar, se centrarían en módulos de imputados sin antecedentes. Es decir, aquellos que por primera vez cometen un delito y se dicta a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva. Estos, según la segregación que hace Gendarmería, se ubican en los módulos 33 a 38 y en el “famoso” 88. En dichos lugares existe una población de cerca de 60% de imputados extranjeros. ¿Cuál es el motivo de esto? En el Poder Judicial explican que los jueces de garantía y la autoridad penitenciaria cuando ingresa una persona que no reside en Chile, no tienen cómo saber si cuentan con un pasado criminal para poder clasificarlos según su peligrosidad, entonces están siendo derivados a las celdas de primerizos.

Las sesiones de tortura

Tras acoger el amparo y realizar la visita sorpresiva a Santiago 1 el magistrado levantó un acta que hizo llegar a la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, y también, como denuncia, al fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz quien abrió una investigación penal para esclarecer estos hechos, sobre todo apuntando a si existe complicidad por parte de personal de Gendarmería para que se lleven a cabo estas torturas que terminan en extorsiones para imputados y sus familias.

Uno de los internos entrevistados por el juez Guzmán, que está en prisión preventiva desde el 13 de junio, entregó su testimonio apoyado por su defensor. En un inicio, dijo, estuvo en el módulo 14 por el que todos los imputados deben pasar cuando ingresan, ya que ahí se hace la cuarentena para evitar el ingreso de contagiados por Covid-19 que puedan generar un brote en la población penal. En ese lugar habría dormido en una colchoneta con otras dos personas, los baños estaban tapados y desde ellos se expelía mal olor. Tras esto, fue derivado al módulo 34 en el que comenzó a vivir “un infierno”. Ahí se encontró, según comentó al titular del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, con muchos extranjeros, diez a 15 dominicanos y colombianos quienes lo habrían agredido y obligaron a ingresar al sector de las duchas. El lugar, según corroboró luego Guzmán, es escogido por las bandas ya que los tiros de las cámaras de seguridad tienen ahí un punto ciego. Pese a todo logró escapar.

Una vez sorteado el módulo 34, dijo ese interno, fue trasladado por los gendarmes a lo que sería según él una celda de castigo: el módulo 88. Ahí nuevamente fue amenazado de muerte, pero esta vez por chilenos. Lo golpearon, desnudaron y le tomaron fotos, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares. Grabaron audios de él pidiendo auxilio y exigieron que se les pagara diariamente por mantenerlo con vida. La denuncia habría cobrado mayor verosimilitud cuando este interno hizo llegar al juez Guzmán comprobantes de los depósitos.

Condiciones infrahumanas

Santiago 1 es una cárcel concesionada. Fue creada y pensada como un penal modelo, principalmente porque muchas veces caen ahí personas que luego son declaradas inocentes. Es decir, nunca deberían haber pasado un día privadas de libertad. Tras 15 años de funcionamiento, dicen jueces que la han visitado, poco le falta para parecerse al penal más antiguo de Chile: la ex Penitenciaría. Las condiciones sanitarias son precarias, hay espacios limitados para pernoctar y existe un hacinamiento que impide que se respeten los más mínimos derechos de quienes ingresan a cumplir una prisión preventiva, que no es una condena, sólo una medida cautelar.

En el acta de Guzmán, el magistrado pudo dar fe de este escenario y también de que no existe una planificación por parte de Gendarmería de segregación de esta población penal. Al ingresar un imputado a un módulo no se le asigna un dormitorio, es él quien debe encontrar por su cuenta una cama para dormir, la que -por el hacinamiento- no es posible de hallar. Las literas son compartidas por hasta cuatro personas. Las cámaras de vigilancia solo dan al patio y espacios comunes, pero nada registran de dormitorios y duchas. En cuanto a la dotación de gendarmes por cantidad de preso, uno de los custodios entrevistados señaló al magistrado que a él le asignaban la vigilancia de 84 imputados y que en ese momento de su visita tenía que controlar a 226 personas privadas de libertad, 60% de ellos extranjeros.

Todos los antecedentes de la sorpresiva visita de Guzmán en que se descubrió a bandas criminales organizadas ya están en antecedentes de las autoridades. Incluso, del Ministerio de Justicia que deberá en los próximos días dar cuenta de una denuncia de carácter grave que podría estarse replicando en otras cárceles del país y que requiere una intervención con urgencia, según dicen desde las más altas esferas del Poder Judicial. A esto se suma la falta de coordinación con autoridades de otros países del cono sur que puedan proveer información carcelaria de aquellos extranjeros que hoy cometen delitos en el territorio nacional y que están ocupando plazas en los penales del país.

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