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El último "Informe de homicidios" entregado por la Subsecretaría de Prevención del Delito –y que agrupa la cifra de las diferentes instituciones del sistema penal– fue actualizado en junio del año pasado, estando pendiente aún la estadística total de 2024. Desde la repartición, encabezada por la subsecretaria Carolina Leitao, explican que a principios de abril tienen contemplado ponerse al día con estos números. La situación se torna aún más compleja debido a la actual crisis en seguridad.
El actual secretario general, y líder de la Nueva Izquierda, apuesta por mantenerse en el cargo. Su mayor amenaza es el actual vicepresidente, Arturo Barrios, quien encabeza la lista Grandes Alamedas. Este duelo es un "déjà vu" para los socialistas, puesto que ambos ya se enfrentaron duramente en 2005.
La compañía de autos eléctricos de Elon Musk alertó a la administración republicana en una carta esta semana que los aranceles de represalia contra EE.UU. podrían elevar sus costos de fabricación en el país.
Desde esta semana, la exalcaldesa de Providencia está acompañada de funcionarios policiales encargados de resguardar su seguridad. La disposición de los efectivos de seguridad no es al azar: el perfil de riesgo es determinado por el Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI).
La fuerte disputa entre los tres candidatos presidenciales de la derecha no cesa: mientras la exalcaldesa y el diputado libertario coinciden en restablecer la pena de muerte, José Antonio Kast se apartó de la idea. Los abanderados –en todo caso– convergen en otros puntos, como el aumento de la capacidad carcelaria, el cierre de la frontera y mayores atribuciones a las policías.
El exsenador Guido Girardi es uno de los personeros que ha intentado ejecutar la instrucción de la exjefa de gabinete. Ya tuvo un primer acercamiento con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y se espera que luego de la elección interna de los socialistas las tratativas se intensifiquen.
El municipio recurrió –a principios de año– al TC para que se declarara inconstitucional el rechazo que recibieron de parte de la Corte de Apelaciones de Santiago a su arremetida judicial con la que pretendían revertir la decisión de un tribunal civil que los condenó al pago de $9.400 millones en favor de la Inmobiliaria Nueva El Golf, luego de que la administración de Joaquín Lavín ordenara suspender la construcción de dos edificios durante su gestión.
La solicitud fue impulsada por el diputado Boris Barrera (PC), a petición de la Asociación Nosotras Audiovisuales, que quería grabar algunas escenas de la producción en las inmediaciones del Poder Legislativo ubicado en Santiago. En la derecha, sin embargo, mostraron dudas respecto del contenido y solicitaron mayores antecedentes.
