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Autoridad de gobierno sostuvo que gravedad de delitos justifica esa medida cautelar. "Hay un grupo de personas que se concertaron para llevar adelante delitos que son muy graves, que tienen sanciones graves, como los ataques incendiarios, pero que además hacían uso de armas de fuego”, afirmó.

La presidenta de la asociación, Mariela Hernández, aseguró que esta solicitud lo que pretende hacer esa solicitud es “atacar es una resolución judicial susceptible de ser recurrida como ocurrió en la especie”.

El magistrado de la Corte Suprema está a cargo de la coordinación nacional de causas de derechos humanos y reconoce que, al menos, desde 1995 se pudo avanzar más en estas investigaciones. Además, sostuvo que “he visto una disposición de colaborar de las Fuerzas Armadas, lo que pasa es que no saben qué información entregar, salvo el que quiera ocultarla”.

Los consejeros del partido que lidera Arturo Squella exploran modificar el acápite de la judicatura. Los cambios apuntan a ponerle fin a lo que llaman el “activismo judicial” y evitar “el nepotismo, la corrupción y la politización de los nombramientos judiciales”. Para lograrlo se enfrentarán a la UDI, al comisionado Hernán Larraín y esperan conseguir algunos de los votos de RN. La consejera de esa bancada, Lorena Gallardo, se ha transformado en una pieza fundamental de toda esta disputa política que tiene enfrentada a la derecha.

El exministro de Justicia defiende el modelo de gobernanza judicial propuesto por la Comisión Experta, el cual ha recibido múltiples críticas. "Mantener bajo la Corte Suprema todo el manejo de las funciones no jurisdiccionales es el peor camino que podemos seguir", dice.

A poco más de un mes del 11 de septiembre, la justicia se alista para fallar en causas emblemáticas, como el asesinato de Víctor Jara y el “caso quemados”. Aún hay 2.040 indagatorias vigentes por violaciones a los DD.HH. en todo el país.

La medida decretada por el Poder Judicial de Perú permitirá conocer si existieron coordinaciones entre el exmandatario, su primer ministro Aníbal Torres y otros miembros de su gabinete supuestamente vinculados a la supuesta intentona golpista.

Las tensiones son altas después de una operación militar israelí en Cisjordania ocupada.

En medio de la revisión de un recurso de protección presentado por el exauditor del Ejército, el Presidente Gabriel Boric emitió un informe a la Corte de Apelaciones de Santiago para que rechazara la acción judicial, citando una serie de fallos de la Corte Suprema en la que se justifica la grabación sin consentimiento de una reunión, pues -expone- el registro fue realizado por una persona presente en la cita. Desde el gobierno aclaran, en todo caso, que en ese episodio también se realizó una denuncia al igual que en lo ocurrido con el diputado Mellado en Cerro Castillo, y que se trataría de asuntos distintos, pues en el caso que involucra al ex alto oficial se habría estado cometiendo un delito, el cual fue registrado como prueba.

De visita en el país por un coloquio sobre crímenes ocurridos en dictaduras, Palermo fue una figura clave en los juicios de lesa humanidad en Mendoza relativos al rol del Poder Judicial. En conversación con La Tercera, el también asesor de la reforma judicial de Alberto Fernández analiza el presente transandino, así como los 50 años del Golpe en Chile.

Según las estadísticas de las Cortes de Apelaciones, el 20,35% de un total de 1.474 jueces y un 30% de los 13.900 funcionarios permanecían en teletrabajo hasta fines de mayo. La cifra contrasta con el 7% del gobierno central. Según el Poder Judicial, pueden eximirse del trabajo presencial los mayores de 60 años con patologías de base, entre otras razones. Algunos jueces han sesionado incluso desde fuera de Chile. Una de ellas es Graciel Muñoz, juez del 12 Juzgado de Garantía de Santiago en la jurisdicción de San Miguel e hija del supremo Sergio Muñoz.

Un grupo de integrantes del máximo tribunal siguió manifestando su disconformidad con los comentarios expresados por la vocera en entrevista con La Tercera Domingo. Por lo mismo, emplazaron al presidente Juan Eduardo Fuentes para evaluar la continuidad de la magistrada en ese rol. Para evitar que la polémica siga escalando al interior del máximo tribunal, la autoridad concretó la petición. Esto, en medio de agitadas aguas en el Congreso donde diputados oficialistas anunciaron que analizarán una acusación constitucional en su contra y que se inhabilite para pronunciarse ante el recurso de aclaración que comprometió el gobierno.

El tribunal de alzada declaró que la baja de un dragoneante de la Escuela de Suboficiales del Ejército no fue ilegal ni arbitraria. Lo anterior, luego de que presentara un recurso de protección al haber sido dado de baja al dar positivo en un examen de drogas. El exfuncionario presentó la acción judicial sosteniendo que el resultado se dio luego de que su madre fuera la consumidora de la cannabis. Pese a eso, la corte rechazó la medida al considerar que no se vulneraron sus derechos durante el procedimiento disciplinario.

"Inevitablemente tendrá que haber un mercado de seguros complementarios de salud, voluntario, en que las personas puedan sumar privadamente a su beneficio garantizado universal y así acceder a prestadores más caros si así lo prefieren".

Sergio Muñoz goza de un liderazgo nato que lo ha llevado a impulsar una seudojurisprudencia con esquirlas que han impactado al Congreso y Ejecutivo. Un ejemplo de ello es el fallo por excesos de las isapres. Al interior de su sala ha logrado unanimidad, pero aún hay quienes lo tildan de activista. No estará el lunes 29 en una sesión clave del pleno para las aseguradoras.