De los 13.900 funcionarios que trabajan en los diferentes tribunales y cortes del país, hasta ahora el 61% de ellos lo hace de manera telemática, otro 10% está con licencia médica y un 1% está "sin labores". ¿La razón?, la normativa lo permite, incluso, promueve que el trabajo judicial se realice de forma remota, pese a haber sido priorizados en la inoculación de vacunas.

Una grave situación quedó al descubierto esta semana cuando el magistrado Fernando Guzmán llegó sorpresivamente hasta dependencias del principal Centro de Detención Preventiva de la capital tras acoger un amparo en el que se denunciaban golpizas en el recinto concesionado. Junto con establecer que existe un descontrolado hacinamiento, constató que al interior operan organizaciones, principalmente compuestas por extranjeros, que cometen apremios contra imputados, envían videos a sus parientes y les piden altas sumas de dinero a cambio de no quitarles la vida. La denuncia ya está en manos del Ministerio Público y de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.

El martes 17 de mayo, la Corte Suprema entregó la quina con los cinco nombres al Mandatario, quien debe proponer al Senado el nombre del sucesor de la ministra Rosa Egnem, quien cumplió el máximo de la edad permitida para ocupar el cargo. Lo anterior, en medio de la discusión sobre normas transitorias de la Convención Constitucional y que habría impactado en la composición actual del máximo tribunal, pero esto cada vez se ve más lejos tras una interpretación de la norma que dejará tal cual a la cúpula del Poder Judicial.

En el marco del primer informe de la Comisión de Normas Transitorias se rechazaron puntos referentes a la gradualidad de las disposiciones -que aún deben ser aprobadas por el pleno- y aunque se pretende buscar un nuevo acuerdo, las alarmas se encendieron. De regir de inmediato los artículos aprobados, por ejemplo, deberán dejar sus cargos en la Suprema Sergio Muñoz, Haroldo Brito, Guillermo Silva, Juan Eduardo Fuentes, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Mario Carroza.

A juicio de la magistrada, la determinación que pueda tomar el órgano redactor puede dificultar el acceso a la justicia, por lo que estima que "si hay una cesación importante de jueces eso generaría un problema no para los jueces, sino que para las causas mismas y los destinatarios de la administración de justicia”.

En un fallo unánime, el máximo tribunal estableció que el dictamen del Consejo Nacional de Educación “quebrantó de manera flagrante el debido proceso”, ya que la Superintendencia de Educación Superior no entregó las observaciones al plan presentado por la universidad para evitar su cierre. De esta manera, dicha resolución queda sin efecto y la casa estudios podrá continuar en funcionamiento.

El órgano encargado de redactar la propuesta de nueva Constitución ya despachó al borrador todos los artículos que tienen que ver con la judicatura. De esta manera el bloque ya terminó y se puede tener una imagen de cómo funcionarán los tribunales en caso de que se apruebe la nueva Carta Magna. Los cambios aprobados son profundos y cambian por completo la manera en cómo se entiende la función jurisdiccional. Aquí hay 20 respuestas para comenzar a comprender este asunto.

El órgano encargado de redactar la nueva Constitución rechazó la indicación que pretendía que los pueblos originarios no tengan competencia para resolver las casos que involucran delitos. Este asunto de competencias, dicen los convencionales, deberá regularse en la ley y no en la nueva Carta Magna. Además aprobó que el Consejo de la Justicia no esté integrado por mayoría de jueces, el fin de los abogados integrantes, un límite de 14 años para la duración del cargo de ministro del máximo tribunal, entre otros cambios.

La Convención Constitucional está a un paso de despachar al borrador de la nueva Constitución los últimos artículos que regularán lo que hoy conocemos como el Poder Judicial. Esta es la estructura y el diseño de cómo operarán los tribunales. El sistema quedó diseñado de forma distinta al actual ya que quedará regulado por el principio de pluralismo jurídico. Es decir, existirán dos sistemas -uno para pueblos indígenas y otro para personas no indígenas- que convivirán en paralelo y en un plano de igualdad.

El lunes la titular de la cartera, Marcela Ríos, el subsecretario de la repartición, Jaime Gajardo Falcón y la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter se reunieron con los ministros en dependencias del máximo tribunal. Al abordar la cita, la vocera del Poder Judicial, Ángela Vivanco, aseguró este martes: “nos preocupa y nos ocupa lo que está pasando en la Convención Constitucional a propósito del Poder Judicial, que es lo que nos corresponde”.

Los artículos que fijaban las atribuciones de este nuevo órgano y su composición se rechazaron para que vuelvan a la comisión para una segunda propuesta de norma constitucional. La gran disputa ahora estará en lograr que la integración sea con mayoría de jueces. La norma rechazada fijaba que la instancia sería integrada por 17 personas, de las cuales solo seis eran magistrados. También se rechazó la norma que limitaba la duración de los ministros del máximo tribunal a un periodo de 12 años y se aprobó que la edad de jubilación de los funcionarios judiciales sea de 70 años.

Camila Jorquiera, actual conservadora de bienes raíces en Talca, lidera la terna confeccionada hace algunos días por la Corte de Apelaciones de Santiago para ser la titular del Conservador de Hipotecas, codiciado cargo que paga más de $150 millones al mes. El problema, dicen en el Palacio de Tribunales, es que muchos de quienes la apoyaron no sabían de una denuncia que carga de sus años cuando se desempeñó como notaria en Coyhaique y por la cual fue sancionada por la Corte Suprema: un mecánico analfabeto que ganó $580 millones en el Loto acusa que lo estafó. La abogada se defiende: "Hay gente que busca aprovecharse con un error que fue sólo administrativo, no se le causó daño a nadie".

Benjamín Salazar Morales (18) fue detenido, por primera vez, en 2019, cuando tenía 16 años. Su caso avanzó, hasta ser sentenciado como culpable del delito de incendio, sin embargo, el Ministerio Público, el Sename y el Séptimo Tribunal en Lo Penal de Santiago han diferido de la necesidad de mantener al joven en prisión.

A 10 años del fallo de la CIDH que condenó al Estado chileno luego que se probara que la Corte Suprema actuó de forma discriminadora al quitarle la tuición de sus hijas por su orientación sexual, la jueza repasa los hitos que han impulsado, tras la sentencia, leyes a favor de las disidencias en Chile. Sobre ideas de la Convención como el obligar a los magistrados a fallar con perspectiva de género cree que no es necesario explicitarlo en la nueva Constitución, porque los jueces ya lo hacen.