La portavoz de la Corte Suprema indicó que el proceso se realiza en medio de la restricción presupuestaria que enfrenta el Poder Judicial por la pandemia de Covid-19.

En una semana en que el Poder Judicial está en el centro de las críticas, el presidente de la Corte Suprema sale en defensa de los magistrados.

Mediante un comunicado en su página web explicaron que “las solicitudes de liquidación por pensiones adeudadas para efectos de retención del 10% de la AFP, deberán realizarse en la causa de Familia vigente, esto es, donde se está tramitando su cumplimiento”.

En medio de la discusión que se está generando en el Congreso para aprobar el proyecto de ley presentado en 2018 que moderniza a las notarías, en el Poder Judicial también se da una fuerte pugna en lo legal respecto del uso de la firma electrónica avanzada en documentos tan relevantes como la escritura pública.

El tribunal de alzada capitalino acogió un amparo a favor de 26 ciudadanos colombianos quienes recurrieron en contra del Plan Humanitario de Retorno su país. Los jueces además le señalaron al Gobierno que no puede prohibirles que vuelvan al país tras acogerse al procedimiento con el que buscan repatriarse.

Esta es una consecuencia directa de comprender que esta crisis sanitaria no es casualidad, sino que, en parte se explica por el problema del cambio climático y de la destrucción de la biodiversidad.

La vocera del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, señaló que continuarán ejerciendo el teletrabajo. Un 84% de los funcionarios se encuentra bajo esta modalidad.

Hace unas semanas los subsecretarios de Interior y Prevención del Delito manifestaron al presidente de la Corte Suprema su desacuerdo con las audiencias que se estaban realizando en comisarías y no en el Centro de Justicia. A juicio del Ejecutivo, ello distrae el trabajo de Carabineros. Los jueces de garantía aseguran que es la forma de asegurar que los presos no se contagien en los calabozos de tribunales.

La fundación detalló que cuatro sujetos que cumplen condena por crímenes contra menores de edad están postulando al beneficio de libertad condicional que se resuelve en abril en las cortes de apelaciones.

La fiscal regional Nayalet Mansilla presentó un recurso de queja contra el juez de garantía, Manuel Vilchez, por ordenar la realización de una audiencia presencial a un imputado que tenía seguimiento del hospital por Covid-19. ¿El delito? Habría robado un balón de gas.

Jueces, policías, fiscales y defensores se han coordinado para que el sistema siga funcionando, pese a la pandemia, a través de audiencias por videoconferencia.

La magistrada Carla Capello acogió el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de dos profesionales que están imputados por desórdenes públicos en los alrededores de la Plaza Baquedano tras el estallido social. La resolución se hizo escuchando a los intervinientes del caso en contraposición a la cuestionada resolución del también juez Daniel Urrutia.

Magistrados titulares del Séptimo Juzgado de Garantía sostienen que no existía un acuerdo entre ellos para revisar las prisiones preventivas, desconociendo uno de los principales argumentos esgrimidos por el polémico juez al momento de decretar el arresto domiciliario de imputados por desórdenes públicos.

Es llamado "el niño terrible" del Poder Judicial y en su carrera como juez de garantía ha protagonizado más de una polémica. La Corte de Apelaciones de Santiago lo suspendió ayer de sus funciones y deberá volver a librar una batalla conocida ya para el magistrado: evitar la remoción.

La determinación la tomaron las cortes de apelaciones de Santiago, Antofagasta e Iquique. En la capital, el cierre afecta al 2º Juzgado de Letras del Trabajo. En el norte, la clausura contempla a los juzgados de Garantía, Familia, Laboral y Tribunal Oral en lo Penal de Calama y el edificio que alberga los juzgados civiles de Iquique.