Alianza acusa ilegalidad en informe de financiamiento para reforma al binominal

"Ministro, podemos comer galletitas", le dijo ayer, en tono irónico, el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini (DC), al titular del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien concurrió a exponer la fórmula financiera del Ejecutivo para solventar la reforma electoral que reemplaza el binominal y aumenta a 155 los diputados y a 50 los senadores.

El comentario de Lorenzini provocó una sonrisa de Peñailillo, ya que aludía al plan de austeridad impuesto por el presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, que a través de medidas de ahorro en papelería y comidas -incluidas las galletas- busca reunir recursos para financiar a nuevos diputados.

El episodio fue uno de los pocos momentos distendidos del encuentro.

A las 13 horas de ayer, el Ejecutivo había ingresado un nuevo informe financiero de la reforma, en el que por primera vez admitía que el aumento de parlamentarios tendrá "un mayor desembolso".

En la sesión, Peñailillo admitió que efectivamente habrá un costo, básicamente, por las dietas (remuneraciones) que deberán recibir 35 nuevos diputados y 12 nuevos senadores. No obstante, apelando al acuerdo político que existe en la Nueva Mayoría para que la reforma no signifique una carga para el Fisco, dijo que será responsabilidad del Congreso asumir ese costo, redistribuyendo su presupuesto.

"Se ha criticado que este proyecto no tenga mayor gasto fiscal bajo el argumento de que es una mentira, porque es evidente que habría costos en los nuevos escaños... Eso tiene un costo, pero no irroga mayor gasto fiscal y se puede hacer con cargo a los recursos de las dos corporaciones. Se trata de costos que el Congreso puede asumir, haciendo con tiempo los ahorros y los ajustes necesarios", dijo Peñailillo, quien detalló que el mayor costo por nuevos legisladores sería de $ 4.800 millones. La exposición del ministro, que coincidía con el nuevo informe de Hacienda, daba cuenta de un matiz de la postura inicial del Ejecutivo, que se había atrincherado en la posición de que la reforma no irrogaría mayor gasto fiscal.

La nueva explicación había sido adoptada tras análisis jurídicos del Ministerio del Interior y una serie de reuniones que el lunes encabezó Peñailillo en La Moneda.

No obstante, a juicio de los diputados de la Alianza, la fórmula del Ejecutivo para financiar la reforma tiene vicios de ilegalidad e, incluso, de inconstitucionalidad.

El diputado UDI Patricio Melero calificó el informe de Hacienda como una "burla" y dijo que lo que propone el Ejecutivo vulnera la tramitación de proyectos, al no identificar la fuente de financiamiento. "¿Vamos a dejar que el Ejecutivo nos pautee, nos diga cómo tenemos que financiarnos, porque no tiene el coraje de enfrentarla ante la ciudadanía, de que hay que ponerle más plata y nos endose el problema? Inaceptable, ilegal en su trámite y no puede continuar", dijo.

A la misma postura se sumó el RN Alejandro Santana. Mientras que el jefe de diputados RN, Nicolás Monckeberg, hizo reserva de constitucionalidad, lo que abre la posibilidad de que la Alianza impugne la tramitación del proyecto ante el Tribunal Constitucional. "El gobierno está burlando la Constitución, que obliga a garantizar los recursos. Es completamente ilegal la presentación de este proyecto de ley sin garantizar su financiamiento", señaló.

En la Alianza explican que la Constitución señala que las dietas de los parlamentarios son equivalentes a las de un ministro, por lo tanto, no se pueden disminuir. Además, señalan que la misma legislación establece que todo lo que corresponde a remuneraciones en el sector público es un gasto permanente para el Presupuesto de la Nación.