CCS manifiesta preocupación por "cascada de regulaciones" en el sistema crediticio

"Todas estas iniciativas contribuyen a elevar el costo del otorgamiento de créditos. Algunas, tienden a hacer menos transparente la información para los proveedores de crédito y, por ende, a elevar los costos asociados al riesgo", dijo el presidente del gremio, Peter Hill. <br>




El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Peter Hill, mostró este jueves su preocupación por la serie de nuevas regulaciones al sistema crediticio.

"No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por la cascada de regulaciones que han surgido en los últimos meses y que amenazan con ensombrecer el éxito y debilitar los frutos del modelo crediticio chileno", dijo, en el marco del encuentro "The Retail Summit 2012", realizado hoy en el Seminarium Confrence Center.


El presidente de la CCS enumeró el Sernac Financiero, el proyecto de consolidación de deudas vigentes, el que reduce la tasa máxima convencional, la ley de protección de datos personales, el que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses, el proyecto de quiebra de personas, el que establece nuevas normas sobre el uso de tarjetas de crédito, la nueva regulación del ranking de riesgo de Dicom, el del crédito universal, y la Ley Dicom, que restringe la comunicación de datos económicos o financieros, además de un catastro de alrededor de 40 iniciativas adicionales relativas al retail.

"Todas estas iniciativas tienen un común denominador: contribuyen a elevar el costo del otorgamiento de créditos. Algunas, por ejemplo, tienden a hacer menos transparente la información para los proveedores de crédito y, por ende, a elevar los costos asociados al riesgo. Es el caso de la ley Dicom, que obligó a suspender la entrega de cierta información sobre deudas vencidas o morosas al mercado, de la ley de protección de la vida privada, que prohíbe que las deudas tributarias y créditos fiscales sean informadas a registros o bancos de datos personales, de la regulación del ranking de riesgo de Dicom, que prohíbe considerar la cantidad de veces que ha sido consultada la información de una persona en la elaboración de los predictores", opinó.

En esa línea, añadió que muchas de estas medidas contribuyen a elevar las restricciones de la oferta en forma muy significativa. "Si combinamos ambos efectos el impacto sobre el crédito puede ser muy grave porque, por ejemplo, los efectos de la rebaja de la tasa máxima convencional no son los mismos, si además se cursan iniciativas que quitan transparencia a los registros de información negativa a los mismos proveedores de crédito. El efecto de rebajar las tasas máximas es más agudo, si a la vez, se produce un aumento estructural en los riesgos de crédito", comentó.

Hill manifestó especial preocupación por el efecto que tendrá la modificación de la Tasa Máxima Convencional, ya que "si bien las tasas de interés promedio de los créditos de consumo serán más bajas, lo serán a costa de un menor acceso al crédito y de una menor competencia en el mercado. Es decir, tasas más bajas a las que no podrán acceder los clientes de menores ingresos y que probablemente saquen del mercado a algunos de los proveedores que hoy los atienden".

Para el presidente del gremio no se debe olvidar que el avance crediticio de los últimos años ha sido gracias al papel que han desempeñado las instituciones financieras no bancarias, con servicios orientados a segmentos medios y bajos de la población. "Este segmento del mercado, altamente proactivo en los últimos años, que ha otorgado créditos de bajos montos a población de bajos ingresos, es el que está más seriamente amenazado por  la avalancha reguladora a que me he referido", precisó.

De esta manera, hizo un llamado a las autoridades a tener presente ese sabio refrán que dice "que los cuidados del sacristán pueden terminar matando al señor cura". Que entiendan que la protección a los consumidores no pasa por asfixiar con regulaciones y sobreregulaciones un modelo comercial que ha  demostrado tener gran potencialidad para contribuir a dar una mejor calidad de vida a las familias chilenas. Que extremar la protección a los consumidores puede conducir a posiciones próximas al populismo que lejos de favorecer a las personas, siempre resultarán dañinas al conjunto de  la sociedad.

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