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Actualizado el 16/10/2017
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Consulta indígena: discusión entra este lunes en etapa clave para proyecto de nueva Constitución

Autor: Sebastián Vedoya M.

Esta semana, 139 delegados de nueve etnias se reunirán con el Ejecutivo en el marco de la Consulta Constituyente Indígena. Actores destacan la instancia, mientras La Moneda la compara con el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989.

Consulta indígena: discusión entra este lunes en etapa clave para proyecto de nueva Constitución
En la Región de Los Lagos participaron 821 personas en la fase de deliberación interna de la consulta indígena.

A partir de este lunes y hasta el próximo jueves, 139 delegados de los nueve pueblos originarios reconocidos por el Estado (aimara, quechua, licán antai, colla, diaguita, rapanui, mapuche, kawésqar y yagán) se darán cita junto al gobierno en la última etapa de la Consulta Constituyente Indígena, con el objetivo de discutir las medidas que el Ejecutivo pretende ingresar al Congreso en el proyecto de nueva Constitución. Estas son: reconocimiento constitucional y participación política efectiva para las minorías étnicas.

Esta instancia fue anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet en su última cuenta pública y pretende dar cumplimiento al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 6 obliga a los países firmantes (Chile lo hizo en 2009) a consultar a los pueblos originarios “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.

A cinco meses de que culmine la actual administración, en La Moneda reconocen que la consulta es la responsable del retraso en la presentación del proyecto de reforma constitucional. La prisa por cerrar el capítulo indígena y permitir que la Mandataria anuncie uno de los pilares de su programa presidencial antes de que finalice 2017 ha obligado al Ministerio de Desarrollo Social, ente encargado de esta instancia, a realizar las cinco etapas de la consulta en sólo tres meses, pese a las críticas que se han formulado y que consideran insuficiente el plazo.

“Estamos trabajando con este grado de celeridad porque cuando se presente el proyecto de nueva Constitución, necesariamente se requiere tener esta consulta resuelta”, asume el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

Sin embargo, no sólo de la ejecución ministerial depende el avance del gobierno, dado que el éxito de la consulta está supeditado al pronunciamiento que los pueblos indígenas realicen sobre las medidas, las cuales surgieron de las conclusiones obtenidas en el Proceso Participativo Constituyente Indígena, realizado entre mayo y diciembre de 2016.

En este sentido, toma relevancia lo que ocurrirá hoy en las instalaciones de la FAO en Santiago, lugar en que se espera una discusión marcada por el rechazo inicial a la propuesta tal como está, ya que, según grupos indígenas, existe una “desconfianza histórica” con el Estado.

Un eventual fracaso del diálogo de esta semana obligaría a extender las negociaciones hasta encontrar acuerdo. Dependiendo de los plazos que requieran las nuevas tratativas, la dilatación del proceso pondría a La Moneda frente a una encrucijada, debido a los tiempos políticos y legislativos considerados para la discusión constitucional. Avanzar e incorporar a los pueblos originarios en el proyecto sin acuerdo previo, advierten desde el mundo indígena, sería considerado un duro revés para la ya compleja relación con los grupos étnicos.

“La desconfianza de los pueblos ha sido histórica. Si (la consulta) no genera un debate serio, va a provocar que el conflicto aumente”, aseveró Juan Carlos Reinao, presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche.

Desde el gobierno muestran optimismo en lograr el objetivo y ven en la consulta un hito comparable al Acuerdo de Nueva Imperial, firmado en 1989 por el entonces Presidente electo Patricio Aylwin (DC). Hasta el momento, aseguran desde ambas partes, las expectativas han sido correspondidas con la alta concurrencia a las etapas participativa y de diálogo interno.

Según cifras de Desarrollo Social, en los encuentros participativos indígenas de 2016 asistieron 17.016 personas. Cifra similar que acumulan las distintas fases de la consulta de los últimos tres meses, en la cual se ha depurado la convocatoria al irse delegando la responsabilidad en los 139 representantes que asistirán hoy: acudieron 10 mil personas en la etapa de deliberación, 6.008 a las reuniones informativas y 618 a los diálogos regionales que culminaron el pasado sábado.

“Esta consulta es la última oportunidad que nos estamos dando para dialogar con el Estado”, aseguró Marcial Colín, presidente de la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

No obstante, todas las etnias estarán representadas en la discusión, el 67,6% de los delegados es mapuche. En tanto, el 11,5% restante es aimara y el 20,8% representa al resto de los pueblos (ver infografía).

Para María Hueichaqueo, delegada presidencial en temas indígenas, que la mayoría sea mapuche no significa que la discusión será dominada por las peticiones de este grupo, y advirtió que la posición de los pueblos es bastante homogénea sobre lo que pretenden.

“Todos los pueblos están con una mirada muy clara respecto de la nueva Constitución. Los nueve pueblos están por un país plurinacional, por autonomía, autodeterminación y otros temas relevantes, como las lenguas y la participación política”, sostuvo Hueichaqueo.

Reconocimiento

Pese a que el gobierno propone reconocer en una posible Constitución la preexistencia de los pueblos indígenas, territorios especiales y de derechos lingüísticos y culturales, para Marcial Colín se trata de “un reconocimiento con mucho énfasis en cuestiones culturales y no fundamentales”.

“La Constitución debe decir que Chile es una comunidad de naciones que se organiza en un Estado plurinacional, que sea a la vez democrático, participativo e intercultural”, enfatizó.

Para Reinao tampoco es suficiente el “reconocimiento de la preexistencia de los pueblos” o la definición de “territorios especiales indígenas” que propone el gobierno. Según enfatiza, “sin un reconocimiento histórico (a la propiedad de las tierras) esto no sirve para la reconciliación”. En tanto, consideró que pactar “tal como está la propuesta, sólo legitima el problema existente”.

En el caso de Isla de Pascua, las exigencias también apuntan a la restitución de tierras. Para los rapanui, cualquier apoyo estará condicionado al Acuerdo de Voluntades de 1888, el cual les otorgaría “control absoluto sobre el territorio, a través de la administración de sus recursos naturales y culturales”.

“Todo el avance está allí”, señaló Erity Teave, vicepresidenta del Parlamento Rapa Nui, quien resalta que existe disponibilidad “a ser amigos de Chile, pero se debe volver al tratado”.

Participación política

Entre las medidas propuestas, se contempla asegurar la representación especial de los pueblos indígenas en el Congreso. Pese a que el mecanismo se establecería en una nueva ley, Barraza no descarta que quede consignado en el diálogo.

Según Huechiaqueo, “hoy tenemos la gran posibilidad de poder dialogar con el resto de los protagonistas de la política”.

En el caso de Rapa Nui, lo ven con más indiferencia. Para Teave, la participación no es un objetivo para la isla, y asegura que un puesto en el Senado “no va a solucionar los problemas de los pueblos originarios”.

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