El no vidente que quiere cambiar la ley

Darío Alfaro (26) es el primer universitario de su familia. Estudia Derecho en la Universidad de Chile, está en quinto año y no ha reprobado ningún semestre. Es el orgullo de su madre, pero estos logros no se dieron fáciles.

Cuando tenía 15 años, sufrió un cáncer cerebral que lo tuvo al borde de la muerte. Luchó y se salvó, pero perdió la vista. "Uno de los tumores me estranguló los nervios ópticos y quedé ciego en un 100%", relata.

De un día para otro debió acostumbrarse a vivir en la oscuridad, pero después de dos años de rehabilitación, aprendió a valerse por sí solo y a leer y escribir en braille. Con eso, se sintió preparado para regresar a clases en el Instituto Barros Arana y al final de cuarto medio, decidió que quería ser abogado.

Ahora está a punto de egresar y, según reconoce, sorteó la carrera sin mayores dificultades. Estudia a través de un programa de computación que le pasa todos los textos escritos a audio, tiene promedio 5 y está listo para buscar su práctica. Sin embargo, debe enfrentar otro escollo en su camino profesional: no podrá alcanzar su sueño de ser juez. Esto, porque la ley se lo impide.

El Código Orgánico de Tribunales, que data de 1943, prohíbe en su Artículo 256, ser jueces a ciegos, sordos y mudos y los pone en la misma categoría de quienes han cometido delito, los dementes y quienes estén inhabilitados para ejercer cargos públicos.

En el Artículo 465 también se les impide ejercer como notarios.

"Esta es una ley absolutamente discriminatoria. En la actualidad contamos con todas las herramientas para integrarnos a cualquier sistema, incluido el judicial, y desempeñarnos como cualquier vidente", opina Darío.

"Mi meta es ser juez. Yo esperaba ejercer unos años como abogado y así conseguir la experiencia suficiente para en algún momento ocupar ese cargo. Esta ley me cae como un balde de agua fría", señala.

Por eso, su exigencia es que se derogue esta prohibición. "Para alcanzar nuestras metas debería bastar con trabajar y esforzarse", afirma.

Quizás Darío aún tiene esperanzas de alcanzar su ilusión, pero ese no fue el caso de Vladimir Spiegel, no vidente que terminó la carrera en 1995.

"En esa época, que era más inocente, me imaginaba que los jueces eran como los muestran en las películas estadounidenses, donde todo es oral. Pero cuando conocí la dura realidad comprendí que no era así", confesó.

Ahora trabaja en la Corte Suprema, en el centro documental, haciendo mantenimiento de sentencias y fallos. "Se supone que estamos intentando alcanzar igualdad de derechos y oportunidades y un cambio en esta ley sería un paso significativo en esa dirección", señaló.

Para Ricardo González, abogado del Consejo de Defensa del Estado, que comparte condición con Darío y Vladimir, esta es una ley "retrógrada, que no debería existir. Hay muchos avances tecnológicos y medios técnicos que compensan limitaciones".

Argumenta que "nuestra Constitución considera que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que hasta cierto punto esa norma puede ser inconstitucional".

"Cuando se impulsó la reforma procesal penal se dictó una norma adecuatoria, y con ella se modificaron un montón de leyes. Me imagino que esta quedó volando y que nadie se dio cuenta, porque no se justifica", agrega.

Desde la Asociación Nacional de Magistrados están de acuerdo con modificarla. "Ya están los tiempos para que se empiecen a revisar normas de nuestro Código Orgánico que no dicen mucha relación con los días que corren y yo no veo mayores problemas con que personas ciegas puedan ocupar puestos de jueces", opina Rodrigo Cerda, presidente de esta asociación.

"Salvo algunas limitaciones, que pueden ser suplidas por algún colaborador adicional que sea de confianza del juez, no habría ningún problema", afirma.

Cerda agrega que "estamos disponibles para participar de cualquier actividad donde se trate el tema y creo que nosotros mismos deberíamos comenzar a abordarlo también".

Según explican desde la Asociación de Magistrados, para cambiar esta ley, el Ejecutivo debe mandar un proyecto al Congreso.

La prohibición a los ciegos para ser jueces no es exclusiva de nuestro país. Países como Francia, Bélgica, Brasil y Perú cambiaron hace apenas unos años su legislación y hace solo dos semanas se sumó España.

Esto es contradictorio con la "Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU", de 2006, aceptada en casi todo el mundo y que Chile ratificó en 2008. Dicho pacto garantiza a los no videntes el derecho a trabajar en igualdad de condiciones.